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Escocia racional, Cataluña emocional

Salmond afirma que Escocia puede "permitirse" ser independiente gracias a sus recursos

Luis Moreno Fernández

‘¿Estamos ya todos a bordo?’ se preguntaban en su post mis colegas Pau Marí-Klose y Francisco Javier Moreno Fuentes. Como alegoría al trayecto emprendido por Cataluña hacia su soberanía, aludían al mítico viaje de Ulises en su regreso a Ítaca y, con ello, a su rechazo a la muerte y la recuperación de un pasado --¿nacional catalán?-- perdido. Se estaría, pues, en el inicio de un periplo preñado de adversidades y dificultades pero que sería concluido con el éxito de la formación estatal catalana. La pasión por tal logro se fundamentaría en una movilización social que, según los datos recogidos en aquel artículo, no cuenta con el mismo grado de apoyo entre las clases obreras y subordinadas, buena parte de las cuales están compuesta por les altres catalans originarios de otras áreas geográficas españolas.

En el presente artículo se recurre al contraste analítico entre la situación política catalana y la escocesa a fin de contribuir al debate identificando aspectos dispares y compartidos. Entre estos últimos cabe certificar los errores de las modernas escuelas de pensamiento funcionalistas y marxistas al prescribir que ambos territorios eran comunidades nacionales fallidas y se verían abocadas a desaparecer irremisiblemente. Tales aseveraciones han sido falsadas reiteradamente en el devenir contemporáneo. Lejos de ser homogeneizadas y disueltas en sus respectivos estados británico y español (Lenin dixit), Escocia y Cataluña encaran un futuro posible --y plausible-- de independencia política.

Como se sabe, Escocia celebrará un referéndum sobre su independencia el 18 de septiembre de 2014, fruto del acuerdo alcanzado por el gobierno central británico y el ejecutivo autónomo escocés. Según datos de las últimas encuestas, prevalece una intención de voto contrario a la secesión del Reino Unido de alrededor de la mitad de los encuestados. Casi una tercera parte se pronuncian a favor de la secesión y poco menos de un quinto ‘no saben’ o ‘no contestan’. Los datos han sufrido algunas fluctuaciones en los últimos meses pero han persistido en mostrar una mayoría de escoceses a favor del ‘No’. Cabe esperar una mayor volatilidad demoscópica a medida que nos acerquemos a la fecha de la consulta popular y puede que entonces los trasvases sean significativos. Recuérdese el caso del referéndum de Québec de 1995, en donde las primeras encuestas apuntaban a una mayoría nítida de rechazo a la opción soberanista (67% a favor de la unión), aunque el resultado final arrojó una diferencia de apenas 77.000 votos en un censo electoral de 5 millones de votantes. Puede también que la mayoría contraria a la secesión escocesa del Reino Unido se incremente como consecuencia de una maduración de los argumentos en tal sentido durante una campaña a la que aún restan unos 500 días de discusión pública. Nótese el aumento sustancial del apoyo secesionista entre los jóvenes con derecho al voto entre 16 y 24 años (del 27% en octubre de 2012, al 58% en febrero de 2013).

Hasta la fecha, el debate sobre la independencia en Cataluña ha girado principalmente en torno a aspectos identitarios. Algunas elites nacionalistas insisten que Cataluña no es España, ni quiere seguir siendo parte de ella. Poco importa que los catalanes hayan manifestado un alto grado de ‘identidad dual’ mediante la cual se expresa una pertenencia política compatible con España y Cataluña. En los últimos 30 años, los catalanes han reiterado una menor identidad ‘exclusiva’ en comparación con la expresada por los escoceses. La autoidentificación del ‘soy sólo catalán, no español’ sería incompatible con la identidad española y legitimaría sociológicamente las aspiraciones por la independencia política. En 1986, cuando se realizó en Escocia la primera encuesta identitaria con la conocida como Moreno question, un 39% de los encuestados declaraban que se consideraban ‘sólo’ escoceses, sin compartir en ningún grado o medida su autoidentificación con Gran Bretaña. Después del tiempo transcurrido, el porcentaje identitario exclusivo se ha mantenido estable. En Cataluña, y por aquellas fechas de mediados de los ochenta, apenas un 9% de los encuestados se declaraban ‘sólo’ catalanes. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 sobre el nuevo Estatuto de Autonomía, tal porcentaje se ha más que duplicado alcanzando el 22%. No resulta difícil colegir que el incremento de las posiciones identitarias exclusivas y separatistas ha sido de carácter reactivo y emocional frente a lo que se ha interpretado como una imposición de las elites centralistas españolas y un nuevo ‘trágala’ escenificado con la renuncia del Gobierno Rajoy a negociar una nuevo marco de financiación para Cataluña.

Paradójicamente, aunque los catalanes dicen sentirse menos ‘exclusivos’ que los escoceses y, por derivación sociológica, estarían menos predispuestos a la secesión soberanista, la agitación nacionalista en el Principado parece haber alcanzado mayores niveles de intensidad que en la Caledonia británica, donde la argumentación racional de ‘pros’ y ‘contras’ sobre la independencia se ha desarrollado hasta ahora en un cierto clima de desapasionamiento. Existe en Cataluña una creencia difusa de que, tras la manifestación de la última Diada de 2012, una consulta soberanista convalidaría las tesis del nacionalismo separatista. Ante tales percepciones, no pocos nacionalistas escoceses envidian la ‘inteligencia emocional’ desplegada por sus homónimos catalanes para galvanizar a la opinión pública y mantener el impulso del apoyo a la secesión. A resultas de ello se habría intensificado un discurso sobre aquellos aspectos que refuerzan apasionadamente el rechazo hacia Madrid (elites centralistas) con la reiteración, por ejemplo, del cliché, Espanya ens roba. Los secesionistas catalanes, en suma, habrían desplegado una estrategia efectiva a fin de motivar al endogrupo (Cataluña) y mantener un alto nivel de disputa con el exogrupo (España). Todo ello procuraría mantener la compulsión autoafirmativa del ‘sí se puede’ que movilizó a buena parte de la población catalana el pasado 11 de septiembre. Ya las observaciones de Thorstein Veblen sobre el ‘efecto demonstración’ apuntaban a su funcionalidad para conseguir objetivos inalcanzados en el pasado. Predominan en la agitación nacionalista catalana los elementos culturales, las interpretaciones etnoterritoriales y, claro está, las más contingentes expectativas materiales de arribistas apenas salidos del ‘armario autonómico’ para profesar la fe independentista del nuevo converso.

Hasta la fecha, el debate en Escocia se ha desplegado con la ponderación característica de la patria de Adam Smith, David Hume o de los pensadores de las escuelas del Democratic Intellect y el Common Sense. Ha predominado en la campaña del referéndum escocés una ‘racionalidad’ argumentativa en el escrutinio de los diferentes puntos de vista, normalmente sustentada en datos y evidencia empírica contrastable. Así, por ejemplo, el Gobierno conservador-liberal británico ha emplazado al ejecutivo escocés (con mayoría nacionalista en el Parlamento Escocés) a que se posicione respecto a si sería la libra esterlina o el euro la moneda de curso legal en una eventual Escocia independiente. La directa interpelación cuestiona en no poca medida la viabilidad de una política monetaria soberana en una futura Escocia independiente. Añádase que, tras la crisis financiera desatada en 2007, el Tesoro británico ha inyectado como capitales de rescate y garantías bancarias en Escocia casi 300.000 millones de libras esterlinas, cantidad equivalente a toda la deuda soberana de Grecia, la más alta en la UE con un 157% del PIB en 2012.

A las anteriores alegaciones, Alex Salmond, jefe del gobierno escocés y principal líder nacionalista, ha contra-argumentado anunciando que una Escocia independiente no estaría dispuesta a asumir su deuda si el Banco de Inglaterra --que es central para todo el Reino Unido y responsable de emitir y controlar la circulación de la libra esterlina-- se negase a compartir la moneda británica. Según Salmond, sería irrazonable que los activos financieros con los que ha venido contribuyendo Escocia, y que incluyen a la libra y sus reservas, se quedasen en el Banco de Inglaterra y no se repartiese equitativamente la deuda. Además, se recuerda que los ingresos por la explotación del petróleo del Mar del Norte, extraído en las costas escoceses, ha reportado a las arcas británicas en concepto de tasas y derechos de extracción una cantidad no menor a los 300 millardos de libras esterlinas (equivalente a la mitad del total de la deuda pública española). A pesar de las reiteradas peticiones del SNP (Scottish National Party, partido nacionalista escocés) nunca se estableció un fondo escocés con ingresos procedentes de la explotación petrolífera.

Parece, pues, que los nacionalistas escoceses han reeditado ahora una línea de argumentación más emocional como sucedió a principios de los años 1970s cuando clamaban: ‘It’s Scotland’s oil!’ (¡Es el petróleo de Escocia!) y que dieron un espectacular empuje a sus aspiraciones electorales. Entonces el SNP pasó de obtener un respaldo electoral del 12,8% en 1970 al 30,6% del voto popular en las elecciones de celebradas en octubre de 1974. El ejemplo de Noruega, anhelado como el Norwegian Dream, un país vecino con análogas características sociodemográficas y de recursos naturales, aparecía entonces como un referente en el imaginario político de los escoceses que validaba no sólo emocionalmente sino racionalmente la opción por la independencia.

En los tiempos que corren, ambos casos de aspiración por la soberanía de Escocia y Cataluña colisionan con una realidad institucional como la Unión Europea en proceso de convergencia institucional. La interdependencia política en el Viejo Continente inhabilita el restablecimiento de fronteras y límites en el gobierno (y gobernanza) europea como si de compartimentos estancos se tratase, al modo del estado-nación westfaliano del siglo XIX. Considérese, por ejemplo, que más de la mitad de la legislación de aplicación directa en la vida de los ciudadanos es ya de matriz europea. La lucha contra la evasión fiscal de los capitales, por mencionar otro caso apremiante en la salida de la crisis financiera, es ineficiente si no se responsabilizan de ella todos los países implicados de modo efectivo y coordinadamente. Ciertamente sería un sinsentido cortapisar el derecho al autogobierno de naciones como Escocia y Cataluña en una unión política que tiene en la subsidiariedad territorial el principio guía en su proceso de toma e implementación de las políticas públicas. Pero tampoco debería banalizarse la importancia que la secesión de Escocia y Cataluña podría implicar para el conjunto de la UE y, muy especialmente, para la articulación institucional del gobierno (y gobernanza) multinivel europea. Otras naciones ‘sin estado’ europeas encontrarían incentivos para emprender procesos de formación estatal siguiendo la estela de los casos escocés y catalán: ¿se negaría tales credenciales independentistas a Euskadi, País de Gales, Flandes o Córcega, pongamos por caso?; ¿cuántos estados miembros soberanos de la Unión Europea podrían soportar los actuales procesos decisionales políticos y administrativos? Son estos aspectos poco debatidos pero con implicaciones cruciales en un período de crisis económica de dimensiones y soluciones claramente continentales y que descubren las vergüenzas e impotencias del marco nacional estatal. Ahora bien, estos últimos argumentos serían inútiles si los nacionalistas secesionistas descartasen su involucración en el proyecto europeo, y en la preservación de su modelo social y económico. Si es así debería constatarse en aras a la puridad democrática tan reclamada por los secesionistas.

Un postrera demanda: ¿por qué es tan estruendoso el silencio de intelectuales y expertos en los temas aquí enunciados? De ellos, como agentes de cambio, cabría esperar una mayor implicación en el debate público, enriqueciendo las discusiones y neutralizando a los conglomerados mediáticos ya posicionados sectariamente en el debate. Su deber cívico es refutar la pretendida remisión a la esfera privada de asuntos que conciernen al bienestar del conjunto ciudadano y al futuro de nuestras sociedades.

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