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Pensiones, un falso debate

El aumento de la esperanza de vida es un hecho cierto, pero no es el principal problema

Lo más preocupante es la falta de cotizantes y la escasa cuantía de las cotizaciones por la baja calidad del empleo

El agotamiento del Fondo de Reserva, que llegó a tener 66.815 millones en 2011, ha hecho saltar las alarmas

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Los jubilados llenan la nevera. La suya y la de muchos familiares

La mitad de las pensiones en España no supera los 655 euros al mes. Foto: ANDREA BOSCH

Los pensionistas y trabajadores vuelven a sentirse amenazados por una nueva reforma de las pensiones. Saben por experiencia que en esta materia la palabra reforma significa siempre lo mismo: recorte. Las dos últimas reformas, la efectuada por el PSOE en 2011 y la del PP en 2013, representarán en conjunto una rebaja de las prestaciones de entre el 35% y el 40% para los futuros pensionistas, según diversos estudios como los realizados por el catedrático de Economía Aplicada Ignacio Zubiri y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). 

Todo esto ocurre en un país en el que la mayoría de prestaciones por las pensiones públicas son extraordinariamente bajas. El Gobierno suele recordar que la pensión media de jubilación se sitúa en torno a 1.000 euros al mes. El último dato de la pensión media de jubilación es de 1.049 euros. Pero la realidad es que la mitad de los 9,4 millones de pensiones existentes no superan los 655 euros al mes. En el caso de las pensiones de jubilación, casi el 40% de los beneficiarios no llega a esta cuantía. O dicho de otra manera, casi la mitad de los jubilados no cubre sus necesidades con la pensión pública, según reconoce el Instituto Aviva. 

Las autoridades insisten, no obstante, en que los españoles tienen uno de los mejores sistemas de pensiones de Europa. Citan para ello que la llamada “tasa de reemplazo” (relación entre la pensión y el último salario percibido) es del 80%, la más alta de Europa. Es cierto, pero hay que precisar que los salarios españoles son muy inferiores a los de la Unión Europea. El salario mínimo en España, por ejemplo, es de 764 euros en 12 pagas, que es la mitad de lo que perciben, por ejemplo, franceses, belgas, holandeses, alemanes e italianos.

El Gobierno esgrime ahora el espantajo de la demografía. Sin embargo, como señalan los demógrafos Pau Miret y Pilar Zueras, “no hay que echar la culpa a la demografía”. En su opinión, “la pirámide de edad no está envejecida”. Las edades en las que hay más población se extienden de los treinta y ocho a los cincuenta y nueve años, correspondientes a las generaciones del baby boom: son las más numerosas de la historia de España. En síntesis, “no faltan trabajadores, falta trabajo”.

El aumento de la esperanza de vida es un hecho cierto, pero plantear que el principal problema es la demografía es un falso debate. El problema es la falta de cotizantes y  la escasa cuantía de las cotizaciones por la baja calidad del empleo.  A corto plazo, el agujero que se ha generado, que este año rondará los 17.000 millones de euros, se ha producido fundamentalmente por la caída del número de cotizantes y por la aguda devaluación salarial. El colectivo de empleados más pobres ha sufrido una pérdida salarial del 28% entre 2008 y 2014, según Oxfam Intermón. Esto explica que la reciente creación de empleo logra aumentar los ingresos del sistema en poco más del 1%, mientras que los gastos se incrementan a un ritmo del 3% anual. 

El agotamiento del Fondo de Reserva, que había llegado a acumular 66.815 millones de euros a finales de 2011 y se ha reducido hasta los 24.207 millones actuales es lo que ha despertado recientemente más alarmas. Si se mantiene el ritmo de retiradas de fondos de los últimos años, sólo quedan reservas para 2017. 

A medio y largo plazo el sistema tiene un problema estructural. Los ingresos que actualmente se basan fundamentalmente en las cotizaciones sociales son claramente insuficientes. No hay ninguna razón que justifique que la sanidad y la educación se financien con impuestos y las pensiones por la vía de las cotizaciones sociales. Por esta razón, cada vez hay más voces que abogan por complementar los ingresos de las pensiones con aportación de lo recaudado por impuestos.

Lo cierto es que España tiene todavía margen en este campo. La media española de gasto en pensiones hasta 2060 será del 11,7% del PIB, una décima menos que la media europea.

El problema de las pensiones en España es la idea que se tiene sobre el sistema. Como ha señalado el profesor Zubiri, hay dos concepciones: la actuarial y la social. Según la primera, que es la que se ha aplicado en España, lo recaudado por las cotizaciones es lo que determina la cuantía de las pensiones. Si se recauda menos, se recortan las prestaciones y así se equilibra el sistema. La concepción social, en cambio, indica que las pensiones que se desean mantener son las que determinan los ingresos que debe obtener el sistema mediante cotizaciones e impuestos para lograr las prestaciones previstas.

Ahora existe un cierto consenso entre las distintas fuerzas políticas para reforzar la financiación del sistema de pensiones con impuestos y eliminar las bonificaciones a la creación de empleo. Recientemente, el Gobierno ha lanzado un globo sonda para sacar del sistema las pensiones de viudedad y orfandad para financiarlas con impuestos. 

El debate actual coincide con las intensas campañas que están impulsando los bancos y las compañías de seguros para colocar pensiones privadas. El argumento principal es la falta de viabilidad futura de las pensiones públicas. Los bancos y las aseguradoras sostienen que la tasa de sustitución descenderá del 82% al 38% en 2050. Por ello, aconsejan realizar aportaciones de 7.700 euros anuales para no perder poder adquisitivo.

Pero lo cierto es que la caída de los tipos de interés ha reducido sensiblemente la rentabilidad media de los fondos de pensiones, que en los últimos quince años ha sido del 1,58%, según el profesor Pablo Fernández; muy inferior a la de los bonos del Estado, del 5,4%. Muchos han perdido parte de sus ahorros con las pensiones privadas.  El resultado es que los planes de pensiones privados han perdido más de un millón de partícipes desde 2011. La verdad es que los planes privados tienen mucha más incertidumbre que las pensiones públicas, cuya gestión y cuantía puede ser decidida y modulada por los ciudadanos a través del Gobierno.

[Este artículo es el editorial del número de diciembre de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

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