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La Guardia Civil entrega a Alaya el esperado informe sobre Sierra Norte, en el que señala al exconsejero Viera

El fiscal urge a la Guardia Civil a entregar los informes pendientes de los ERE

eldiario.es/andalucia

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregó este jueves en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y en la Fiscalía el esperado informe sobre las ayudas concedidas en el entorno de la Sierra Norte y en el que apunta a la presunta participación en los hechos investigados al exconsejero José Antonio Viera, diputado en el Congreso y aforado. La llegada del atestado al juzgado, según adelanta el diario 'El Mundo', podría acelerar que la jueza eleve la instrucción al Tribunal Supremo, como esta misma semana pedía la Fiscalía Anticorrupción y como sería obligado si Alaya decidiera que hay que investigar a Viera y profundizar en esta parte del caso de los ERE.

A finales de 2013, en una de sus múltiples resoluciones relativas al caso, Alaya aludía a la “concentración inusitada de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, algunas de las cuales carecían de actividad”. Acerca de ese punto, concretaba que tanto Francisco Javier Guerrero como el exconsejero Antonio Fernández (ambos ya han pasado por la cárcel por los ERE fraudulentos) manifestaron que la decisión sobre “tal cúmulo de ayudas” fue tomada por el también exconsejero Viera.

Según 'El Mundo', Viera, consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre 2000 y 2004, sale mal parado en el atestado entregado por la UCO. También en otro informe anterior, del Grupo de Delitos Económicos, se alertaba de su “papel esencial” para la acumulación de subvenciones en la citada comarca sevillana.

En el atestado, la Guardia Civil se cubre también la espalda ante el riesgo de prescripción de los supuestos delitos que se pudieran atribuir a Viera, consejero hasta el 25 de abril de 2004, fecha de la que están a punto de cumplirse 10 años. La información del periódico alude a un tipo agravado de malversación de fondos públicos, en función de la cuantía, cuya prescripción se va a los 15 años ya que conlleva una pena de inhabilitación para cargo público de diez a veinte años, además de cuatro a ocho años de prisión.

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