Los interventores provinciales ven riesgo de que se pierda el dinero de la formación gastado indebidamente

El paso de los ocho interventores provinciales por la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el fraude con las subvenciones de formación para el empleo, y que concluirá este martes, está sirviendo para ratificar la percepción de estos profesionales en cuatro conclusiones. Primero, no se han otorgado con los controles suficientes o por lo menos, ellos no tienen constancia de ello; segundo, la parte que les compete la ejercen con muchas dificultades por falta de medios; tercero, ha habido incumplimientos de la legalidad pero no se ha impuesto ninguna sanción; y cuarto, la mayoría no puede garantizar que no se haya producido menoscabo de los fondos públicos porque hay expedientes cuya posibilidad de reclamación del dinero por no haber tenido el uso debido ya ha prescrito o puede hacerlo en breve.

Los dos primeros puntos los aportaban ya la pasada semana los interventores provinciales de Almería y Cádiz, y lo han recordado este lunes los cuatro que han continuado -Córdoba, Granada, Huelva y Jaén- jornada en la que la mayoría de los intervinientes ha sido más tajante a la hora de pronunciarse sobre el tercero y sobre la posibilidad de que haya habido menoscabo de fondos públicos. Especialmente el de Huelva, Miguel Ángel García, con el quien el diputado del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, ha vivido unos momentos muy tensos porque el fiscalizador ha sido bastante crítico con la gestión de la Junta de Andalucía y se ha mantenido en este convencimiento todo el tiempo, pese a la insistencia del político.

Ya había tenido el portavoz del PSOE-A un primer contratiempo horas previas, cuando el interventor provincial de Córdoba, Antonio Escuredo, a preguntas también de Rodrigo Sánchez Haro intentando incidir en que había rigor en el control de estas subvenciones por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha dudado: “Rigor, rigor...”. Finalmente, se ha quedado con que lo que regía el sistema era más bien “una regla de costumbre en el ámbito de las subvenciones”, para incidir a continuación en que especialmente en el caso de los cursos con compromiso de contratación, el informe de auditoría que encarga el SAE, el órgano gestor, “se debía de haber pronunciado expresamente sobre ese cumplimiento”. En este sentido, de sus respuestas a los diputados se ha desprendido sobre todo que entiende que el SAE debió ser “más proactivo” en los controles.

Su homólogo de Granada, Miguel Gutiérrez, ha coincidido también en que ni los beneficiarios ni la Junta de Andalucía han cumplido con la legislación aplicable. “Los beneficiarios prácticamente no cumplen con las obligaciones que impone la norma (…) y la administración también actúa mal porque no exige que se cumpla”, por lo que “ni unos ni otros pueden irse de rositas en esta historia”.

Frente a los interventores provinciales de Almería y Cádiz que la pasada semana compartieron la tesis de la Junta de Andalucía de que no ha habido menoscabo de los fondos públicos porque las subvenciones se pueden reclamar todavía, el de Córdoba ha reconocido este lunes que no puede decir eso de las otorgadas entre 2002 y 2008 porque ya habría prescrito este derecho. Mientras, su colega de Granada ha compartido que no puede manifestar que haya habido menoscabo de fondos públicos. “Pero tampoco decir que no lo ha habido. Mentiría si dijera lo contrario”, ha aseverado.

Cabe recordar que el periodo 2002-2008 también es objeto de esta comisión de investigación y no sólo entre 2009 y 2012 (último año de ejecución de estos fondos públicos porque no hay convocatorias de estas subvenciones desde 2011), que es la etapa sobre la que todos ellos han elevado un informe tras estudiar una muestra de expedientes para detectar posibles irregularidades. Precisamente, con esos informes de 2013 como base es como están siendo interrogados por los cinco grupos que componen la comisión de investigación y que en menor o mayor medida intentan defender sus tesis en relación a este asunto, si bien los fiscalizadores están eludiendo entrar en las valoraciones que en ocasiones les están pidiendo los políticos.

Todos han coincidido hasta el momento en señalar no ya sólo la falta de recursos para estos informes, sino también que el SAE no les envió todos los documentos para estos estudios, por lo que muchas cosas no las han podido afirmar tajantemente ni en contra ni a favor de dicho órgano gestor. En concreto, el interventor provincial de Granada ha hablado este lunes de “desorden” de los expedientes entregados e incluso de carpetas que debían contenerlos y que en realidad “estaban vacías”, por lo que su dictamen tiene que considerarse “parcial” en sus propias palabras.

Igual que su homólogo en Almería ha referido su poca experiencia en el control de este tipo de subvenciones, porque también él lleva desde 2012 sólo, pero los 82 expedientes cuya revisión le tocó dirigir tenían, sin excepción, “alguna irregularidad”, si bien algunas eran “formalidades”, como la falta de algún documento, igual que han dicho otros interventores provinciales. Ha sido especialmente crítico con los informes de auditoría que encarga el SAE y que son “ la clave para que todo estuviera perfecto, (…) pero parece que se hubieran hecho exprofeso para la empresa que lo haya pedido”. Ha explicado que ha pedido a la Intervención General informe de actuación “por prudencia” para conocer si hay menoscabo de fondos públicos, y que compete a ésta decidir si sigue adelante o no.

Ya por la tarde, el interventor provincial de Huelva ha comentado que es “imposible” pronunciarse sobre si ha habido trato de favor hacia determinados perceptores de subvenciones porque eso no lo ha visto en los expedientes. “Se tendrá que ver en otro entorno”, ha contestado a preguntas de la diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero. El profesional ha mostrado también su sorpresa por la pérdida de documentos en los traslados de competencias en materia de formación, excusa que no le cabe en la cabeza cuando se habrá hecho “con empresas especializadas”.

También Miguel Ángel García ha hablado de la posibilidad de falsedad de documento público si bien no ha podido probarlo por lo que el diputado del PSOE-A ha pedido que esto “no conste en acta”. Para continuar: “Mi criterio es que ha habido menoscabo de los fondos públicos (...) porque se ha producido un daño (...) porque se han dado todas o casi todas las infracciones” especificadas en la ley, y ha citado, entre otros ejemplos, “administrar recursos sin sujeción de la norma”, “negligencia a la hora de exigir los reintegros”, “pagos indebidos al liquidar obligaciones”... En su opinión, “el simple hecho de no rendir las cuentas en plazo ya es una responsabilidad exigible al usuario”, a lo que se une que “no se ha puesto ninguna sanción”. Es más, ha recordado que cuando se concede una subvención de este tipo, se paga el 75% mientras que el 25% restante se entrega cuando se ha justificado el gasto, pero le consta que esa cuarta parte se ha abonado sin que se haya cumplido con dicho trámite.

Máxima tensión con el diputado del  PSOE-A

En este contexto, el diputado del PSOE-A le ha presionado insistiéndole en que si “tiene constancia de ello”, si lo puede evaluar o si sabe que esos fondos públicos no se pueden recuperar, e incluso le ha reprochado sus “contradicciones” como fiscalizador. Pero el interventor provincial le ha contestado que “sea o no recuperable el dinero, no quiere decir que no sea menoscabo de fondos públicos”, a lo que ha agregado que “ya veremos qué dicen los tribunales” en relación a este supuesto fraude.

Incluso se ha vivido un primer momento de tensión desde que empezaron las comparecencias, cuando Rodrigo Sánchez Haro ha intentando que no leyera un documento que pretendía el profesional para ahondar en su respuesta con el argumento de que no le iba a dar tiempo de hacerle todas las preguntas que tenía para los 15 minutos con los que cuenta cada grupo.

Finalmente, y ante las protestas del resto de grupos y la insistencia del funcionario, lo ha podido leer para detallar cómo “pese a la urgencia” que ha transmitido a los responsables del SAE “en varias ocasiones” para que se reclame las cuantías a las empresas que no han justificado correctamente el uso de las subvenciones “no se ha hecho”, lo que le parece “incongruente” porque “ese dinero se va a perder” si las mismas se declaran por ejemplo en quiebra, “lo que ya ha pasado”. El rifirrafe ha proseguido cuando Miguel Ángel García ha expresado: “De aquí a escaso tiempo, todas pueden ser insolventes”, a lo que el diputado del PSOE-A le ha contestado: “Y mañana todos podemos estar muertos”, e incluso ha insinuado que estaba echando la culpa a la “relajación” de los funcionarios del SAE que debían controlar esto.

Por su parte, el interventor provincial de Jaén, Pedro González, está en la mitad de los que no se apuntan a la tesis del menoscabo de los fondos públicos, si bien ha opinado que se ha dado “incumplimiento de la legalidad”. En su caso, el informe que tuvo que elaborar con carácter especial fue de una muestra de 59 para un universo de 393 expedientes entre 2009 y 2012, también “sin medios y con un equipo sin la suficiente experiencia”. Ha puntualizado igualmente que dada la situación debió de existir “cuanto menos” un plan de revisión de todos los expedientes por parte del SAE, y ha llamado la atención sobre cuestiones como que había gran disparidad de las retribuciones de los formadores, cuando debería existir una tabla de salarios según las especialidades.

Tras ello, y a falta de que este martes declaren los de Málaga y Sevilla y el interventor general de la Junta de Andalucía, el PSOE-A, aparte de lo señalado, ha puesto el énfasis en que los interventores provinciales revelaran si había un “entramado” de su partido en la administración con los cursos, como apuntan algunos desde la oposición, a lo que el de Jaén por ejemplo ha replicado que no puede aseverarlo.

Mientras, Marta Bosquet, de C's, ha insistido en el papel de su formación para que se sepa la verdad y huir del calificativo de muleta del PSOE-A. Por eso ha enfatizado que es “intolerable y vergonzoso” el relato de estos funcionarios y ha medido mucho sus preguntas a los comparecientes para no restar un ápice de credibilidad a una comisión de investigación que propusieron ellos.

Elena Cortés (IU), por su parte, ha resumido estas primeras declaraciones en que el PSOE-A “se empeña, comparecencia a comparecencia, en intentar contarle a la ciudadanía un cuento bucólico pastoril que ganaría premios de narrativa fantástica”. Durante sus preguntas ha intentado apuntar a quién sería el responsable político de esta situación, toda vez que “esto ocurría en todas las direcciones provinciales del SAE”, a lo que los fiscalizadores han sugerido que sería el director general en la materia.