Comisión de investigación de la formación: entre la “falta de colaboración” y los “30 millones de folios” pedidos

Tercera reunión este martes de la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía el mes pasado para buscar posibles responsabilidades políticas en el fraude de la formación y nuevamente frustración por parte de la mayoría de los grupos de la oposición por el “permanente bloqueo” que atribuyen al partido del gobierno (PSOE-A) con su “socio en la sombra” (C's), si bien esta vez los de Albert Rivera han coincidido con el resto criticando la “falta de colaboración” del ejecutivo. Y es que lo que se ha constatado son las dificultades del Gobierno de Andalucía para recabar toda la documentación en el plazo fijado de 10 días desde la petición.

En este sentido, el presidente de la comisión de investigación, el diputado de C's Julio Díaz, ha explicado que han recibido sendos escritos del Consejo de Gobierno en respuesta a las solicitudes, que les han llevado a tomar “conciencia del volumen y dispersión de la información”. Especialmente se insistía en el caso de expedientes de subvenciones de formación para el empleo desde 2002 hasta 2011 (año de la última convocatoria), por lo que se ha reiterado a la Junta de Andalucía que sólo se piden completos en el caso de aquellos en los que hay resolución de reintegro firme por considerarse que el uso del dinero no se ha justificado correctamente por parte de los beneficiarios.

De momento, lo que se ha recibido, en respuesta a una petición cursada el 20 de octubre, ha sido un listado de los expedientes, los beneficiarios y el año, pero sin concretarse la cuantía concedida ni la reclamada por la administración. Por ello, se ha reiterado la petición, por unanimidad. En cambio, la reiteración para que el Gobierno de Andalucía remita el resto de la documentación pedida por los cinco grupos parlamentarios la pasada semana, que también ha sido sometida a votación, ha sido aprobada con la abstención del PSOE-A, y los votos del PP-A, Podemos, C's e IU. Como son 10 días, el Gobierno de Andalucía todavía está en plazo.

Desbordados

En todo caso, parece que la solicitud de información ha desbordado a los técnicos, o por lo menos eso ha dejado entrever la mañana de este martes el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, quien, eso sí, ha insistido en que se enviará toda, tal y como obliga a la ley. Ha calculado que la información pedida -ha centrado sus críticas en el PP-A porque había sido el que el día antes denunciaba la falta de rigor en el envío de los primeros documentos por parte del Gobierno de Andalucía- supera “las 160 toneladas en papel” y que ocuparía una habitación de “400 metros cúbicos”. También ha dicho que se trata de documentación que suma más de 30 millones de folios y que son unos 18.500 expedientes.

En términos parecidos se ha expresado el titular del PSOE-A, Rodrigo Sánchez, quien ha calificado de “ingente” la cantidad de documentación pedida, mientras ha valorado que se haya ofrecido que los grupos puedan consultar los datos físicamente en cada consejería mientras se prepara el envío, cosa que harán los socialistas, según ha dicho. “Los folios no se obtienen con sólo darle a un clic”, ha remachado.

Sin embargo, Elena Cortés (IU) ha rechazado que los comisionados se pongan a “hacer excursiones” para consultar unos datos que tienen que ser remitidos. También se ha referido a una de las dos cartas recibidas este martes. En concreto, a la misiva de seis folios y firmada por la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, Antonia Moro, en la que subraya que “se está analizando la viabilidad técnica para la tarea de copia y envío”. Ha calificado de “impresentable” esta respuesta. Sí ha considerado positivo que se haya decidido responder a la citada consejería pidiéndole que envíe la documentación “con la mayor diligencia posible” y “a medida que la vaya teniendo”, incluso “en formato digital”.

Desde el PP-A, su diputada Teresa Ruiz-Sillero ha insistido en criticar “las cortapisas” que entiende que el ejecutivo está poniendo al trabajo que tienen que desarrollar los próximos meses. También desde C's han hablado de “poca colaboración” de la Junta de Andalucía, en concreto su diputada Marta Bosquet, quien ha dicho que el que no hayan recibido todavía los expedientes de reintegro supone “poner trabas”.

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe ha puntualizado que esos 18.500 expedientes se han pedido a propuesta de C's, lo que ha atribuido a una “maniobra de distracción”. Tampoco comparte la desaforada petición de documentación de los populares, porque es más partidario de “ir al grano” por eficacia y eficiencia de la comisión de investigación, si bien ha ironizado con la idea de que la Junta de Andalucía parece haberse ocupado más en “contratar a un perito para ver cuánto ocupa la información pedida” que en ponerse a recabarla y enviarla.

No habrá apercibimiento

Por otro lado, Julio Díaz ha comentado que no ha sido abordada este martes la petición de los populares para instar a que el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, “apercibiera” a Susana Díaz por la actitud “obstruccionista desde el primer minuto” en lo que se refiere al trabajo de la comisión de investigación. Sí ha sido rechazada la propuesta de Podemos de que se retransmitieran las sesiones vía streaming para que tengan conocimiento todos los ciudadanos de lo que ahí se aborda. El PSOE-A y C's han recordado que no está contemplado en el Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Cabe recordar que pese a que habían pactado en su primera reunión el pasado 20 de octubre que las sesiones serían los martes de 10.00 a 14.00 horas, lo cierto es que las dos siguientes que ha habido, el pasado 3 de noviembre y este martes día 10, han sido por la tarde. De hecho, varios integrantes de la comisión de investigación han criticado el empeño de seguir reuniéndose por las tardes, lo que entre otras cosas dificulta el seguimiento a los medios de comunicación. Eso sí, este martes sí ha sido posible que entraran los gráficos a tomar imágenes antes de la reunión, cosa que el presidente había vetado las otras ocasiones, provocando incluso las críticas de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS).