La Junta de Andalucía rectifica su decreto en el que incluyó a hombres como víctimas de violencia de género
El día en que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presidía en Sevilla el pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) y reclamaba financiación y cambios legales para cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se le colaba un error en un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno este martes y que ha obligado a una rápida rectificación. En concreto, un decreto para modificar el régimen de las llamadas empresas de inserción y donde se incluía a hombres, y no sólo a mujeres, víctimas de violencia de género como posibles beneficiarios.
El resumen de las modificaciones introducidas en este marco, con la citada inclusión de los “hombres” como posibles víctimas de violencia de género, fue leído por el portavoz del Gobierno de Andalucía, Juan Carlos Blanco, quien remitió a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales cualquier duda sobre el asunto. Posteriormente, desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), su presidenta, Elena Ruiz, se apresuró en remarcar que se trataba de un “error” porque un decreto no podía modificar una ley orgánica que claramente diferencia violencia de género provocada por el machismo de otro tipo de agresiones en el ámbito doméstico.
Inicialmente, se anunció un cambio en la regulación para contar entre posibles beneficiarios de estos programas de contratación “tanto a mujeres como a hombres, incorporando igualmente a todas a aquellas personas que convivan en el contexto violento”. El cambio introducido ha sido dejar la redacción como sigue: “En relación con las causas de la exclusión social, de acuerdo con el Convenio del Consejo de Europa, se amplía el concepto de víctimas de violencia de género incorporando a todas aquellas personas que convivan en el contexto violento”. Dice “personas” y no “hombres”, como previamente se leyó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y como puede verse en este enlace.
Se trataba de una propuesta que redactó la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, responsable de las subvenciones para estas empresas cuyo objetivo es, aparte del negocio, la contratación de personas en riesgo de exclusión social. Desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se apresuraron en exigir que se corrigiera la redacción cuando trascendió a la prensa.
