Andalucía aprueba dos recursos más de inconstitucionalidad y suma 15 contra normas del PP

La Junta de Andalucía ha aprobado esta semana dos nuevos recursos en el Tribunal Constitucional (TC) contra medidas del Gobierno de la Nación que entiende que perjudican a la comunidad autónoma e invaden competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía, en concreto en materia de energía y en horarios comerciales. Cuando se formalicen serán ya 15 las impugnaciones elevadas por el Gobierno de Andalucía, todas en la presente legislatura. Pero tampoco será el último recurso en esta escalada de confrontación, dado que la Junta de Andalucía trabaja en otro recurso por la decisión de Mariano Rajoy de no afrontar la revisión del modelo de financiación de las autonomías.

Frente a ello, 13 recursos presentados por el Gobierno de España o el PP a través del Congreso de los Diputados, si bien uno de ellos ha quedado sin efecto (el que recurría el decreto de la función social de la vivienda, que se cambió por otro cuando se aprobó la ley en el Parlamento de Andalucía) y el que se oponía al procedimiento seguido por la Junta de Andalucía para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, por finalmente se sentaron a dialogar y se desbloqueó. El más antiguo de ellos data de 2006, contra la Ley de Andalucía 13/2005, de 17 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, pero la mayoría corresponden también a los últimos dos años.

Esto arroja un total de 23 recursos intercambiados entre las dos administraciones entre 2012 y 2014, lo que supone prácticamente uno por mes, reflejo de una historia de desencuentros y falta de diálogo. En este sentido, los conflictos de competencia desde Madrid se centran en los procesos seguidos por Andalucía para su sanidad, con hasta cuatro frentes, especialmente por las subastas de medicamentos que la autonomía ha convocado para abaratar el coste de su dispensación.

Mientras, los frentes desde Andalucía han ido contra normas que han sido claves en esta legislatura de Mariano Rajoy, como la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la modificación de la Ley de Costas, en algunos casos respaldada por los presentados por otras comunidades autónomas. Los reales decretos relacionados con la energía han provocado también tres recursos del Gobierno de Andalucía, y se le sumará el cuarto aprobado esta semana.

La ofensiva contra estas últimas medidas viene motivada porque la Agencia Andaluza de la Energía calcula en unos 328 millones de euros las pérdidas que cada año provocan en la región las regularizaciones en la materia, debido entre otras cosas a la reducción en un 11% de los ingresos de las plantas de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. Es más, augura que está en riesgo un sector que supone 3.800 empleos.

Más allá de ser un reflejo de falta de entendimiento entre administraciones, estos recursos representan que en muchos casos quedan paralizadas medidas que para Andalucía son clave, como es el caso de su Ley de la Función Social de la Vivienda, mientras que le ha resultado imposible, por ejemplo, que quedaran sin efecto algunos artículos de la Lomce como planteaba al TC.

RECURSOS EN EL TC PRESENTADOS POR EL PP O EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Quedaron sin efecto o se retiraron:

RECURSOS EN EL TC PRESENTADOS DESDE ANDALUCÍA