Martín Soler, imputado por prevaricación y malversación, tampoco declara ante la jueza Alaya
Comparecencia-tipo de un exalto cargo de la Junta de Andalucía imputado en el caso de los ERE: silencio ante Alaya e imputación de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos. Por regla general, al menos en los últimos tiempos, así son las citaciones de la jueza, ahora que ultima la instrucción de la causa, según ha incidido ya en varias ocasiones. El que fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía entre abril de 2009 y marzo de 2010, Martín Soler, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
El exconsejero salía satisfecho del despacho de la jueza ya que durante la comparecencia ninguna de las acusaciones ha solicitado medida cautelar alguna para él. No obstante, se le ha imputado formalmente de los referidos delitos. Alaya considera que Soler fue el receptor, en noviembre de 2009, de un informe de la Intervención General de la Junta, realizado a la agencia IDEA, que alertaba de que el procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo (las transferencias de financiación de explotación) no era el adecuado para financiar el gasto público. Según la tesis de la jueza, “a pesar de las conclusiones de este informe, la agencia IDEA adscrita a la Consejería de Innovación seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo”.
También ha comparecido ante Alaya el actual director general de la agencia IDEA, Antonio Valverde, que también se ha acogido a su derecho a no declarar y para quien Anticorrupción ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 3,6 millones de euros. La Junta de Andalucía no ha pedido medida alguna contra él.
Por su parte, el exdirector general del antiguo IFA Antonio Lara igualmente se ha negado a declarar, tras lo que se ha celebrado una comparecencia en la que Anticorrupción ha pedido para él una fianza civil de 4.420.000 euros. El abogado de este imputado se ha opuesto a la medida y ha alegado que su cliente no era director general sino director gerente de IDEA, y por tanto “no tenía competencias para adoptar acuerdo de ningún tipo ni firmó ningún convenio”.
Alaya también ha citado este martes al exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Gonzalo Suárez, quien se ha negado a declarar y para quien ninguna parte ha pedido medida cautelar alguna. La magistrada ha imputado a estos tres cargos o exaltos cargo de la Junta dos delitos de prevaricación y malversación.
