Nuevo freno al AVE a Granada: la adjudicataria de las obras a su paso por Loja pide rescindir el contrato

La UTE formada por Dragados y Tecsa, adjudicataria de las obras del AVE a su paso por Loja (Granada), cuya paralización ha provocado que esta provincia lleve más de 500 días sin conexiones ferroviarias, ha solicitado formalmente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la rescisión del contrato.

La situación afecta a las obras de acondicionamiento de 27 kilómetros de la línea de ancho convencional Bobadilla-Granada para adaptarla al paso de trenes Alta Velocidad, según han confirmado a Europa Press fuentes de ADIF.

Estos trabajos están “paralizados” como consecuencia de un modificado y un complementario, de “difícil encaje legal” que la UTE adjudicataria, del Grupo ACS, ha solicitado al Ministerio de Fomento, ya que implican un incremento presupuestario que supera el 10 por ciento del coste de la obra, establecido como límite en la normativa sobre contratos públicos.

Por este motivo, la empresa adjudicataria ha solicitado formalmente la rescisión de contrato, tal y como avanza este miércoles el diario 'Ideal'. En este escenario, ADIF, ha solicitado una serie de informes técnicos que permitan garantizar la viabilidad del proyecto adjudicado, para alcanzar, de esta forma, una solución dentro del marco legal del contrato y evitar el rescate de la licitación.

En estos casos ADIF analiza, “con el mayor rigor posible”, las solicitudes de este tipo para determinar la coherencia y razón o no de las mismas, siguiendo un procedimiento estipulado en el que se plantean tres escenarios.

En caso de que las reclamaciones de la UTE sean correctas, se podrá proceder a la modificación de los proyectos. Si por el contrario, sus argumentos no son adecuados o insuficientes, se exigirá la continuación de los trabajos conforme a las estipulaciones de cada contrato.

En caso de continuar las discrepancias y desacuerdos entre las partes, se procederá a la probable rescisión de los contratos y a una nueva licitación.

La legislación imposibilita la modificación de los proyectos si ésta supera económicamente el máximo del 10 por ciento del importe total del contrato adjudicado, como es el caso concreto de este contrato.

Cuando las reclamaciones de los adjudicatarios superan dicho porcentaje, solo cabe el acuerdo con ADIF Alta Velocidad o la rescisión de los contratos.

Por ese motivo, ADIF explica que se encuentra actualmente inmersa en un proceso de análisis de la solicitud de la UTE adjudicataria con el objetivo de resolver las discrepancias conforme a los argumentos anteriormente citados y posibilitar la inmediata continuación de las obras.

El Gobierno dice que buscará soluciones

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que el Gobierno central, tras conocer la noticia , ha solicitado formalmente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la rescisión del contrato, ha dejado claro que se trata de un problema “que no lo genera el Gobierno” sino que “son problemas de la empresa”, pero ha explicado que se está analizando la situación para buscar soluciones “que permitan seguir con la obra lo más rápido posible”, pero dejando claro que “sin saltarnos la ley”.

En declaraciones a los periodistas, el delegado ha dejado claro que en la situación generada “no se trata de un problema presupuestario del Gobierno, que no tiene problemas de recursos económicos destinados a esta obra”, añadiendo que “incluso según las previsiones económicas del Gobierno la obra debería estar terminada”.

Sanz ha dejado claro que el Gobierno “debe exigir que se cumpla la ley” y ha explicado que por parte de la empresa se plantea el “problema”, en el sentido de que la UTE “plantea el modificado y el cambio presupuestario, al plantear un incremento del coste de la obra del diez por ciento”.

Ante esto, ha apuntado que el Gobierno, en concreto el Ministerio de Fomento, “está analizando y evaluando la situación y debe tomar una decisión definitiva”, algo que aún no se ha tomado, pero que el delegado espera que se produzca “lo antes posible”, pero ha dejado claro que “se tomará una decisión cumpliendo la ley”.

En ese sentido, recuerda que “hay una normativa que impide que se pueda superar el diez por ciento de incremento presupuestario que plantea la empresa” en este caso.

“El Gobierno tiene obligación de cumplir la ley y tomará la mejor decisión, la que mejor venga a los ciudadanos, pero sin saltarse la ley”, ha aseverado Sanz, quien apunta que “se barajan alternativas, pero nunca se irá más allá de la ley”.

Sanz espera que esa decisión “conlleve que se pueda continuar con las obras de la manera más inmediata posible, pero no nos pueden pedir que el Gobierno se salte la ley, y eso lo saben las empresas”.

“Se tomará la decisión lo antes posible y que sea más favorable para los ciudadanos y finalizar la obra lo más rápido posible, pero no es un problema generado por el Gobierno”, asevera Sanz, quien reconoce que “si se rescinde el contrato, se podrían ir a plazos que pueden ser largos, porque requeriría de volver a reunirse e iniciar el procedimiento, por lo que se está viendo si existen otras alternativas”.

Ha dejado claro que “el Gobierno lo ha hecho todo para que se hubiera terminado la obra, pero si es problema de la empresa habrá que tomar decisiones ante la petición de rescisión del contrato”, ante lo que apunta que “hay que agotar todas las vías posibles, pensando en lo mejor para los ciudadanos pero sin incumplir la ley”.

Sanz recuerda que podrían plantearse algún tipo de sanción para la empresa “pues hay un contrato y el contrato hay que cumplirlo”, pero insiste en que “vamos a buscar todas las iniciativas posibles para que la decisión sea la mejor, la menos costosa y en el menor plazo”, de manera que espera que se tome una decisión “muy pronto” al respecto y que ésta “será la mejor pensando en los ciudadanos”.

Ha recordado que hay precedentes de peticiones de rescisión de contratos en obras menores en toda España, recordando además la paralización del segundo puente de Cádiz durante unos meses, algo que se solventó.