Ya son nueve los comparecientes de la comisión de investigación que se han negado a contestar
El exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional para el Empleo de Junta de Andalucía, Manuel Brenes Rivas, ha asegurado este martes que las subvenciones firmadas por él iban para cursos, pero ha recordado que estuvo en ese puesto durante 10 meses -“no me dio tiempo a calentar el sillón”- por lo que “en muchos casos” liberó partidas sin “saber si finalmente se usaron mal” porque ya no estaba en el cargo.
Lo ha dicho en su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el supuesto fraude con estos fondos públicos donde este martes ha sido el único que ha contestado a las preguntas de los diputados que la integran. “Tengo la conciencia muy tranquila y no he cometido ninguna irregularidad”, ha insistido, para comentar, en relación a los informes de los interventores, que éstos “también se pueden equivocar”. Es más, ha subrayado del informe de la intervención que habla de supuestas irregularidades: “Hay que ponerlo en solfa y algunas cosas no me convencen”.
También ha discrepado con el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dejando claro que no lo conoce en profundidad. No obstante, ha admitido que “si las empresas de formación han ganado un 20% sería una sinvergonzonería”, en relación a la cantidad que se estima que obtenían con los cursos a partir de las subvenciones.
Previamente ha comparecido María José Lara González, exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo, quien no ha querido contestar a los diputados. Sí ha manifestado estar “tranquila” por “todo” lo que hizo durante los 11 meses de cargo, tal y como ha expuesto en la intervención que ha hecho cuando se ha sentado en la comisión de investigación.
No era la primera que se negaba a contestar a los diputados, toda vez que está siendo la tónica desde que hace un par de semanas comenzaran a desfilar por la comisión de investigación los exdelegados provinciales de Empleo. En concreto, han pasado por este órgano nueve, de los que sólo dos han contestado a los diputados. Y la dinámica ha seguido con los siguientes en el escalafón esta semana, cuando junto a María José Lara González, también se ha acogido a su derecho a no contestar el citado como secretario general de Empleo en Huelva, José Martínez Iglesias, mientras que sí han respondido la exsecretaria general del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María José Simó y el mencionado Manuel Brenes Rivas.
En este contexto, el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico ha mostrado su respeto al derecho de los comparecientes a no declarar, pero ha señalado que, al negarse a esto los cargos políticos y no los técnicos, se trata de “una estrategia del PSOE-A”. Especialmente porque el objetivo de la comisión de investigación es depurar responsabilidades políticas mientras los tribunales se encargan del resto. Esto ha provocado las críticas de los socialistas, a los que el popular ha contestado que entiende su “nerviosismo” porque están “intentando taponar las vías de agua del Titanic”.
También el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha mostrado su respecto a este silencio, pero ha señalado que “no respeta la actitud” que supone no responder a las preguntas. “Si hay que rendir por responsabilidad política, el Parlamento de Andalucía es el ámbito”, ha subrayado.
“Los andaluces merecen tener una respuesta”, ha convenido desde C's Marta Bosquet, para quien el “gran problema” que está teniendo la comisión de investigación es la falta de diferenciación entre responsabilidad política y el ilícito penal.
También Elena Cortés (IU) ha hecho hincapié en la “dificultad” para la comisión de investigación por los que no están respondiendo a las preguntas.
Por el contrario, el PSOE-A ha insistido en la necesidad de respetar este derecho de los comparecientes. Su diputado Rodrigo Sánchez Haro ha criticado “el basureo” en el que se ha instaurado el PP-A, que lanza “sin sonrojo sombras sobre la financiación del PSOE-A”. Para continuar: “El ladrón piensa que todos son de su condición”. Frase que ha provocado que le llamara la atención el presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz (C's), a lo que Rodrigo Sánchez Haro ha replicado que tiraba del “refranero”.
Pugna por el envío de la documentación
Como telón de fondo, el pulso con la Junta de Andalucía por el envío de la documentación con los expedientes objeto de la comisión de investigación, centrada con las subvenciones desde 2001 hasta la fecha, teniendo en cuenta que las últimas fueron concedidas en 2011. Cabe recordar que mientras el PP-A, Podemos e IU pidieron unos expedientes en concreto -del total de 18.499 que abarca la investigación- C's apostó por reclamar a la Junta de Andalucía todo, lo que ocupa más de 40.000 carpetas. El PSOE-A apoyó esta reclamación, en contra del criterio del resto, lo que hizo finalmente que se reconsidera la postura por parte de C's. De hecho, finalmente cambió de idea y todos, a excepción del PSOE-A, han aprobado pedir a la Junta de Andalucía que cese el envío masivo.
Pero de momento, la Junta de Andalucía continúa mandando todo, salvo determinados expedientes que precisamente son los que interesan más a la oposición, porque están en poder de los juzgados que investigan la causa. Es más, este martes, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, incidía en que el envío continuaba, mientras arremetía contra el PP-A por su postura en la comisión de investigación, y pese a que no ha sido esta formación la que ha pedido “todo”, sino los socios de investidura del PSOE-A.
