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La coordinadora contra las inmatriculaciones pide al Congreso que actúe ante la sentencia de Estrasburgo que las anula

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Estado a indemnizar con 600.000 euros por permitir a la Iglesia la inmatriculación de unos edificios que pertenecían a una empresa

‘Recuperando’ solicitará al Congreso que establezca un mecanismo para “restituir la legalidad conculcada” y evitar cientos de posibles indemnizaciones al aplicar la sentencia europea

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La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, ‘Recuperando’, -que incluye a una veintena de colectivos de todo el país- pedirá en las próximas semanas al Congreso de los Diputados que actúe ante la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha declarado nula una inmatriculación realizada por la Iglesia. Dicha sentencia ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 600.000 euros al permitir –al amparo del artículo 206 de Ley Hipotecaria-que la Iglesia inmatriculara a su nombre en 1994 en el Registro de la Propiedad varios edificios que pertenecían a una finca de la empresa Sociedad Anónima Ucieza, en Palencia.

En las próximas semanas – según confirman a eldiario.es/andalucia desde la coordinadora-, ‘Recuperando’ va a hacer uso del “derecho de petición” ante el Congreso y a través de su Registro va a solicitar que se estudie una fórmula para “restituir a legalidad conculcada” con las inmatriculaciones en todo el país, con el fin de evitar que cientos de casos puedan llevarse a los tribunales y deba entonces aplicarse la sentencia europea condenando sucesivamente al Estado al pago de indemnizaciones por permitir las inmatriculaciones.

“Si se llega a los tribunales, están obligados a aplicar la interpretación europea” advierten desde Recuperando, que quieren hacer ver el “principio de primacía del Derecho europeo”, por el que el Gobierno debería estar “obligado a buscar un procedimiento para restablecer la legalidad en todos los casos” de inmatriculaciones de bienes que no son de la Iglesia.

Así las cosas, la coordinadora de colectivos de todo el país busca en el Congreso que el Gobierno actúe de una manera similar a lo sucedido con las cláusulas suelo, donde se ha buscado un procedimiento general para restituir la legalidad –devolver el dinero cobrado indebidamente- cuando así lo ha dictado una sentencia de la justicia europea y evitar que se lleve a los tribunales caso por caso.

Ahora, después de que enero haya pasado como mes sin actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Recuperando llevará la sentencia de Estrasburgo sobre las inmatriculaciones al considerar que se debe dar una respuesta ante esta nueva situación. Según las fuentes consultadas, de no buscar un procedimiento general, se daría vía libre a que cada caso de un bien inmatriculado acabara en los tribunales, “que tendrán en última instancia que aplicar la sentencia de Estrasburgo y que dicta la indemnización del Estado al propietario usurpado”. Es decir, podrían darse cientos de indemnizaciones pagadas con recursos públicos “castigando al Estado por tolerar las inmatriculaciones”, sin que la Iglesia se viera perjudicada porque la causa no se abrió contra ella sino contra el Estado por permitirlo.

Con ello, la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica busca que el Gobierno actúe ante el conjunto de inmatriculaciones realizadas en todo el país, que van desde cientos de bienes de todo tipo –terrenos, ermitas, trasteros, pisos, viñedos, etc- hallados por el primer colectivo que inició la tarea de identificar las inmatriculaciones en Navarra, hasta edificios tan singulares y emblemáticos como la Mezquita-Catedral de Córdoba –Patrimonio de la Humanidad- que fue inmatriculada por la Iglesia en 2006 pagando 30 euros en el Registro de la Propiedad.

El fallo del 20 de diciembre de 2016 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado a indemnizar a la Sociedad Anónima Ucieza, firma que había adquirido en 1978 una finca que incluía un conjunto de edificios de carácter religioso pertenecientes a un antiguo monasterio desamortizado en el siglo XIX. En 1994, bajo el amparo de la antigua Ley Hipotecaria, la Iglesia inmatriculó varios de esos edificios –un templo, la sacristía y una sala capitular- sin aportar ningún título de dominio escrito y con la única certificación del obispo de Palencia.

I Encuentro Andaluz de Laicismo e Inmatriculaciones

Por otro lado, este próximo sábado 4 de febrero tendrá lugar en Jerez (Cádiz) el I Encuentro Andaluz de Laicismo e Inmatriculaciones, organizado por el Centro de Estudios Históricos de Andalucía (CEHA) y donde se analizará "la política de inmatriculaciones impulsadas por la Iglesia Católica, a partir de las competencias registrales que le fue concedida en su día por el Gobierno del PP presidido por Aznar", según han informado en una nota.

Se trata del primer encuentro de estas características convocado en Andalucía y cuenta con el apoyo de la Coordinadora para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando) a través de la participación como ponente de su portavoz estatal, Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y Presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía.

En esa cita se revisará la realidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica, "toda vez que el Gobierno del Partido Popular concedió a los obispos poderes cuasi notariales para registrar inmuebles de todo tipo a su nombre sin control alguno" y se pasará revista al estado de la cuestión en Andalucía y en otras comunidades autónomas. Asimismo, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que condena al estado español por una inmatriculación será objeto de análisis, a la vez que se abordarán las estrategias y acciones futuras en relación a las inmatriculaciones.

Entre los ponentes del encuentro también estarán el abogado y vicepresidente del CEHA, Estanislao Naranjo Infante, nieto de Blas Infante, que en su intervención abordará "la trascendencia del Concordato Franquista en plena democracia y en un Estado aconfesional como marca la Carta Magna de 1978". 

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