Susana Díaz pide cautela sobre el Aquarius ante la presión migratoria en las costas andaluzas

La Junta de Andalucía ha aplaudido enérgicamente el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez al ofrecerse para acoger en el puerto de Valencia a los 629 migrantes a bordo del Aquarius, que fueron rescatados frente a la costa libia la noche del sábado. Pero el Ejecutivo de Susana Díaz ha añadido un importante matiz de cautela que trasluce cuál es la realidad diaria de las costas andaluzas. El mismo fin de semana que el Gobierno de Italia rechazaba acoger al Aquarius, eran rescatados frente al litoral andaluz 550 inmigrantes, prácticamente los mismos que transporta el barco fletado por SOS Mediterráneé y Médicos sin Fronteras. Los rescates, sin embargo, no impidieron que siete personas murieran ahogadas.

“Este es el día a día de Andalucía”, advierten en el Ejecutivo autonómico, que defiende que el gesto del Gobierno de España debe servir de “acicate” para la Unión Europea, a quien reclama “una solución integral y coordinada” a un problema humanitario que recae principalmente sobre las regiones que hacen frontera sur del continente. En lo que va de año, Andalucía ha recibido a 7.128 inmigrantes en 286 pateras en sus costas, de los cuales 1.350 eran niños (muchos de ellos bebés) que viajaban sin sus padres, según datos del Ministerio de Interior aportados por la Delegación del Gobierno en Andalucía. Esta cifra representa un incremento del 104,4% en la llegada de inmigrantes a los costas andaluzas respecto al mismo periodo del año pasado. En el mismo periodo de 2017 se rescataron 147 pateras y 3.487 personas, y a final de año el cómputo total de inmigrantes acogido representaba un 185% más que en 2016.

Salvamento Marítimo, responsable del rescate de pateras en el Estrecho, prevé una afluencia de pateras todavía mayor en los próximos meses de primavera y verano, debido al buen tiempo. Es la tendencia que confirma el pasado mes de mayo, en el que fueron rescatadas 3.236 personas en 133 embarcaciones, lo cual representa un aumento del 346,3% en la llegada de personas, y un incremento del 315,5% en el número de pateras respecto a mayo del año pasado. Las provincias andaluzas donde arriban estas personas son Cádiz, vía Tarifa (2.363 inmigrantes en un mes); Almería a través del mar de Alborán (2.035); Granada, hacia el puerto de Motril (1.902) y Málaga (828).

La presión migratoria que recae inicialmente en Andalucía es tan poderosa, el impacto diario de la tragedia que se vive a diario en sus costas es tan intenso, que hoy el Gobierno de Díaz ha querido relativizar la respuesta institucional a la acogida de los migrantes del Aquarius por parte de España. “El Gobierno de España ha tenido un gesto de gran sensibilidad que remarca el incumplimiento de la UE en esta materia. La UE no puede dejar a las regiones del sur del continente europeo de la mano de dios en estos asuntos. La ayuda a inmigrantes necesita una solución integral y coordinada de la UE, y que lo perciban los ciudadanos de todo el continente”, ha subrayado el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, en un mensaje muy medido, para no dejar duda de que el Gobierno andaluz aplaude la solidaridad de España, pero también subraya la magnitud del problema de la inmigración, con especial incidencia en sus costas.

El invierno pasado, la presidenta Susana Díaz viajó a Bruselas para reunirse con el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, y con varios comisarios a los que dio cuenta del “serio problema humanitario” que representaba el incremento en la llegada de pateras llenas de personas, huyendo de la pobreza, el hambre y la guerra en sus países. Díaz ya advirtió entonces de que el número de embarcaciones iría en aumento en la primavera y el verano de este año. “No es un problema de Andalucía ni de España, sino de toda la UE. Las personas que llegan no se quedan en Andalucía, muchas ni siquiera se quedan en España, viajan a Francia, Alemania u otros países del norte de Europa”, avisó.

Mensaje contra el xenófobo Salvini

La Junta de Andalucía no ha rechazado este martes el ofrecimiento a acoger a las personas del Aquarius, pero tampoco ha querido hacer distinción entre quienes viajan en ese buque y los que llegan a diario en patera a sus costas. “En Andalucía sabemos bien de lo que se está hablando porque aquí somos frontera sur, porque lo vivimos muy de cerca, ejerciendo la solidaridad en nuestras costas y municipios, que han demostrado ser tierra de acogida para quien huye de la miseria, el hambre, la pobreza y la guerra”, dice Blanco.

El Gobierno de Susana Díaz valora la decisión “firme” del presidente Pedro Sánchez al ofrecer los puertos españoles al Aquarius una vez que Italia les había negado acogida. Lo prioritario, dice, es invertir el mensaje que ha lanzado el nuevo ministro del Interior italiano, el xenófobo Matteo Salvini, que rechazó la acogida de inmigrantes en el país transalpino. “Es un gesto importante para que la UE reaccione”, advierten fuentes de la Junta, preocupada por que se abra paso el discurso xenófobo y euroescéptico. “Reclamamos a la UE que aproveche este gesto de España para dar un giro a su política de inmigración. No le pueden dar la espalda al sur. Necesitamos una Europa más comprometida con los países de donde proceden los inmigrantes y la lucha contra las mafias que se aprovechan de quienes se lanzan al mar buscando una vida mejor”, concluye Blanco. Varios municipios andaluces, como Jerez de la Frontera, Córdoba o Sevilla se han ofrecido a acoger a los migrantes del Aquarius.

El rescate de personas en el mar Mediterráneo, que separa el norte de África de las costas andaluzas, corre a cargo de Salvamento Marítimo. La asistencia sanitaria una vez que los migrantes son conducidos a puerto recae en organizaciones no gubernamentales, singularmente Cruz Roja. Luego, la mayoría son conducidos al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras -hay un anexo en Tarifa-, incapaz de albergar por mucho tiempo a todas las personas que llegan. Hace unos meses el Ministerio de Interior habilitó el edificio de la cárcel sin inaugurar de Archidona (Málaga) como CIE temporal, desatando las protestas de grupos políticos de la oposición al PP, ONGs y el Defensor del Pueblo andaluz, que exigió la salida de los menores internos.