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Martín Serón empieza a cumplir condena

La Audiencia Provincial notifica al hasta hoy al alcalde de Alhaurín el Grande la ejecución de la sentencia que le suspende del cargo por un año

La policía local impide al PSOE el buzoneo de folletos explicativos de la resolución

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El alcalde de Alhaurín el Grande deja el cargo y se dará de baja en el PP

Juan Martín Serón será hasta hoy alcalde de Alhaurín el Grande. Este viernes recibe en la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Málaga una notificación que le llama a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a un año de suspensión en el ejercicio de cargo público. Ya lo dijo el propio exalcalde, del Partido Popular: se va, pero volverá, así que hoy también comienza a correr el plazo para que Martín Serón se convierta en alcalde de Alhaurín el Grande el 9 de noviembre de 2014. Eso, si nada cambia, porque los demás grupos políticos no tienen tan claro que Martín pueda regresar al cargo, y a cuenta de ello, el ambiente político del municipio se ha enrarecido.

Desde que se conoció la sentencia, hace ahora un mes, los partidos políticos se han enzarzado en un debate jurídico a cuenta de cómo y cuándo debe cumplirse, en un tono cada vez más áspero. El miércoles, varias individuos buzonearon folletos del PSOE en los que se explicaba el alcance de la resolución, hasta que la policía local les instó a que dejaran de hacerlo. Antonia Ledesma, la nueva alcaldesa, justifica la actuación policial porque los repartidores no cumplían con la normativa ni disponían de autorización. Sin embargo, Izquierda Unida repartió un boletín de contenido similar el 1 de noviembre, y Teresa Sánchez, su portavoz, asegura que no necesitó permiso alguno. La normativa a la que alude la alcaldesa es una ordenanza que pone condiciones al “reparto publicitario en la vía pública”. Sánchez resalta que se trata de una norma con fines medioambientales, votada en Pleno el 19 de septiembre y en vigor desde un mes después. Su fin es limitar la suciedad generada por los folletos publicitarios. “En el Pleno remarcamos que no se utilizaría nunca contra la libertad de expresión”, insiste.

El PSOE, que no cuenta con representación en el ayuntamiento desde que sus seis concejales formaron el Grupo Municipal Socialista Alhaurino, había encargado el buzoneo de 5.000 folletos a una empresa externa.  Según la versión de Francisco Conejo, secretario de política municipal del PSOE-A y exconcejal de Alhaurín, los dos trabajadores de esta empresa desarrollaron su tarea con normalidad durante el primer día, pero durante el segundo fueron increpados por los ocupantes de un vehículo que los siguió. Finalmente, la policía les impidió continuar su labor. Conejo asegura que que encargarán un informe jurídico sobre el supuesto acoso y sobre la prohibición.

Por su parte, el Ayuntamiento emitió una nota en la que explica que recibió “innumerables llamadas” de los vecinos denunciando insultos, y, en algún caso, “empujones y amenazas” de personas enviadas por el político socialista. “Estos señores van por el pueblo insultando a la gente y repartiendo panfletos, con el único propósito de amedrentar a las personas y de intentar quebrar la paz de la ciudadanía en el municipio”, explica la nota, que califica el comportamiento de los socialistas como “propio de la kale borroka”, y el “estilo” de Francisco Conejo de “fascistoide, ruin y despreciable”.

El detonante de este cruce de acusaciones es una discrepancia jurídica con evidente reflejo político. El Tribunal Supremo ratificó, en una sentencia dictada el 3 de septiembre, que Juan Martín Serón y su concejal de urbanismo, Gregorio Guerra, habían cometido un delito de cohecho cuando exigieron a un promotor inmobiliario el pago de 122.000 euros por la concesión de una licencia urbanística. Ambos fueron suspendidos del ejercicio de cargo público, y condenados al pago solidario de una multa de 200.000 euros, pero desde entonces, no hay acuerdo sobre el alcance de la condena. Juan Martín Serón y la nueva alcaldesa, Antonia Ledesma, anunciaron que el primero volverá.

El PSOE ha pedido a la Fiscalía que declare inelegible e incompatible a Martín Serón. E Izquierda Unida plantea que se convoque un Pleno Extraordinario para exigir al exalcalde y a Gregorio Guerra que dimitan y entreguen sus actas de concejal. IU también quiere reclamar a Martín Serón y a Guerra el pago íntegro de las minutas de los abogados que les defendieron en el proceso y no solo de la parte proporcional al número de delitos por los que se les condena.

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