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El juez ordena que la familia que “okupa” su casa la abandone

La pareja con dos hijos que habían ocupado su propia casa tras ser desahuciados de ella por sorpresa en octubre de 2012 deberá abandonarla.

El juez les da el plazo de un mes para dejar la casa y les impone, además, una multa de 150 euros, sentencia que piensan recurrir.

"Ahora volvemos a pensar que nos podemos quedar en la calle, con dos críos. ¿Y dónde nos vamos ahora?", se preguntan.

Desde Stop Desahucios califican la decisión como "lamentable" y estudiarán junto a la pareja posibles movilizaciones y su apoyo si finalmente recurren la sentencia.

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Lourdes Castro, antes del juicio, acompañada por integrantes de Stop Desahucios Córdoba.

Lourdes Castro, antes del juicio, acompañada por integrantes de Stop Desahucios Córdoba.

Lourdes, José Manuel y sus dos hijos menores deberán abandonar su vivienda en el plazo de un mes. Así lo ha decidido el juez tras el juicio al que llegaron después de haber ocupado su propia casa en Córdoba después de ser desahuciados de ella por sorpresa en octubre de 2012.

“Es un jarro de agua fría”, explica José Manuel Mengíbar a eldiario.es/andalucia tras conocer la noticia. Y acto seguido verbaliza sus pensamientos: “Ahora volvemos a pensar que nos podemos quedar en la calle, con dos críos. ¿Y dónde nos vamos?”

“Recurriremos” señala, poco antes de reunirse este viernes, junto a su mujer, con la abogada que les defiende y miembros de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba. Su idea inicial es “ganar algo de tiempo al menos” si definitivamente se plantea el recurso contra la decisión del juez y estudiar las posibilidades que tienen ahora.

Pero no es fácil. Esta pareja, sin trabajo ni otros recursos, explicaba antes del juicio que no tienen otra alternativa para que sus hijos tengan un techo donde vivir, algo que expuso su abogada en el juicio. De hecho, “esperábamos que el juez nos diera la opción de buscar un alquiler social con la empresa que se quedó la casa”, indica José Manuel. Pero la decisión del juez señala ahora que deben abandonar la que consideran su vivienda.

Desde la plataforma Stop Desahucios, tras conocer la decisión del juez, califican la noticia como “lamentable” y explican que estudiarán, junto a la pareja, posibles movilizaciones de apoyo y si recurren finalmente la sentencia. Además, recuerdan que el juicio al que se ha enfrentado Lourdes por un delito de ocupación se hubiera podido suspender acogiéndose a la ley andaluza antidesahucios, ahora en suspenso tras admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno central contra ella. “Si el PP no hubiera recurrido la ley de la función social de la vivienda de Andalucía, seguramente se hubiera suspendido este juicio”, advirtieron antes de la vista en los tribunales.

Desahucio exprés y “okupación” de su casa

Fue en octubre de 2012 cuando, sin previo aviso, Lourdes y su familia fueron desalojados de su vivienda al quedarse sin trabajo y no poder hacer frente al pago de un préstamo que solicitaron para hacer obras de mejora. En ese momento, Lourdes, que se encontraba sola en casa, se vio obligada a recoger en unas bolsas lo poco que pudo y a salir de su hogar. Justo después, se procedió a cambiar la cerradura de la vivienda. La familia se vio en la calle pero, a los pocos días y tras el aviso de un vecino que había encontrado abierta la puerta de la casa, José Manuel y Lourdes decidieron volver allí ante el temor de que otras personas entraran y les robaran todo lo que tenían y que habían tenido que dejar allí tras el desahucio exprés.

Desde entonces, más de un año después, Lourdes y su familia han vivido de okupas de su propia casa. Un juez les permitió hacerlo al atender la petición de la pareja para permanecer en la casa al menos, hasta la celebración del juicio sobre el que ahora ha habido sentencia.

La pareja llegó a esta situación al quedarse sin trabajo en 2009. Fue entoncesc uando empezaron a no poder hacer frente a un préstamo de 72.000 euros del Banco Santander para realizar una reforma en la vivienda. Siguieron pagando todos los recibos de servicios de la casa y los gastos del día a día de la familia, pero dejaron de abonar las cuotas del préstamo que ascendían a unos 500 euros al mes. Pese a los intentos de llegar a un acuerdo con el banco para ver el modo de pago de los 60.000 euros que les restaban por abonar, finalmente se quedaron sin su casa y ésta fue a parar tras una subasta a manos de la firma Propiedades Residenciales, con sede en Luxemburgo.

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