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Los andaluces ya pueden por ley exigir ante los tribunales la prestación de los servicios sociales

El Parlamento andaluz aprueba nueva Ley de Servicio Sociales con el único voto en contra de Izquierda Unida

El trámite parlamentario ha incorporado la potenciación del papel de la persona de referencia en los servicios comunitarios así como la ayuda a domicilio y los equipos de tratamiento familiar dentro de la cartera de servicios garantizados

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El Pleno del Parlamento aplaude tras la aprobación del proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía

El Pleno del Parlamento aplaude tras la aprobación del proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía PARLAMENTO ANDALUZ

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la nueva Ley de Servicios Sociales, con los votos a favor de PSOE-A, PP-A, Podemos y Ciudadanos, mientras que IULV-CA ha votado en contra. La norma convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección. Los objetivos principales se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar, y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.

La ley, que sustituye a la vigente desde 1988, introduce como principales novedades la ampliación de derechos, el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía ante los tribunales de justicia al tener la consideración de derecho subjetivo, la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

En el trámite parlamentario se ha potenciado el papel de las corporaciones locales gracias a la derogación de parte de la reforma de la Administración local del PP por parte del Tribunal Constitucional el pasado marzo. y que, según los expertos, conllevaba una probable privatización de los servicios sociales. En este sentido, fuentes de la Junta señalan que, por ejemplo, el hecho de que la puerta de entrada vayan a seguir siendo los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos permitirá que el personal de referencia, que era una figura que no se sabía a ciencia cierta si se iba a poder mantener, tenga una labor principal consolidando el sistema de servicios sociales más cercano a los usuarios junto a la tarjeta social digital de la que dispongan los ciudadanos, explica la Junta.

Por otra parte, la nueva norma también incluye la ampliación de la cartera de servicios garantizados. Cuando se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado mes de enero, no se encontraban la ayuda a domicilio y los equipos de tratamiento familiar, entre otros, añadidos como derechos subjetivos. Además, las hasta ahora 'zonas de trabajo social' se denominarán 'zonas básicas de servicios sociales'.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha agradecido la presencia de representantes de distintos colectivos y asociaciones sociales durante el debate final del Pleno, apuntando que hoy es un día muy importante, sobre todo, para las personas con necesidades especiales en Andalucía.

Por parte del PP-A, la diputada Ana Vanessa García ha valorado que el texto aprobado "sí que contempla derechos sociales de carácter universal" y más de los que reflejaba la ley al entrar en el Parlamento "hace ocho meses". Al respecto, se ha mostrado confiada en que su grupo haya podido poner, con sus enmiendas en el trámite parlamentario, su "granito de arena para mejorar una ley que creemos importantísima en Andalucía".

La diputada de Podemos Esperanza Gómez ha manifestado que era una necesidad imperiosa la aprobación de una nueva ley que se adaptara mejor al tiempo presente y los servicios sociales quedaran en una adecuada regulación unos años más. Ha valorado las aportaciones tan interesantes de los agentes sociales a la norma durante su tramitación y que se hayan incorporado mejores "sustanciales".

La parlamentaria de Ciudadanos María del Carmen Prieto ha valorado el consenso en torno a la norma y que se haya reforzado el derecho subjetivo de la misma.

La diputada de IULV-CA Elena Cortés ha valorado esta nueva ley porque el pueblo andaluz tiene nuevos retos que es necesario superar desde la igualdad y tratando de coser la brecha social que se ha abierto. Ha pedido, en cualquier caso, recursos económicos suficientes para las prestaciones garantizadas.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez, que ha recordado que "hoy hace diez años" de la aprobación de la Ley de Dependencia, ha manifestado que la de Servicios Sociales es una "ley muy esperada en Andalucía" y refleja un "compromiso con lo público". Ha señalado además que con esta norma se han podido recuperar competencias "hurtadas" a las corporaciones locales y provinciales, como son los servicios sociales.

Prestaciones básicas garantizadas

En relación con los nuevos derechos, la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

La norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Junto a ello se incluye el de disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.

Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, estas tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.

Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Junto a la relación de prestaciones garantizadas, se prevén otras condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.

Otra novedad destacada es la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa. Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada.

Igualmente, y con el mismo objetivo de mejorar la gestión, la ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales: las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.

Se establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.

La norma prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales, e introduce la perspectiva deontológica a disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.

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