Lo que queda pendiente en formación para el empleo: la revisión completa de los expedientes y los nuevos cursos

La convocatoria de nuevas subvenciones de formación profesional para el empleo, dado que la última fue en 2011, y la revisión de los expedientes de todas las concedidas entre 2007 y 2011, en un plan de choque que se inició en 2013 para detectar posibles irregularidades que no hubieran prescrito, son las dos cuestiones pendientes todavía en la materia por parte de la Junta de Andalucía. Y en los dos casos se han dado retrasos en los plazos prometidos y sucesivamente pospuestos.

De este modo, estaba prevista la convocatoria de nuevos cursos para finales de 2015, plazo que luego se pospuso hasta el primer trimestre de 2016 y, de nuevo, a mayo, sin que con la conclusión de este mes se haya publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), lo que, en todo caso, se espera para las próximas horas. Mientras, para la revisión de los expedientes, que comenzó en septiembre de 2013, se puso el plazo de dos años, o sea, hasta septiembre de 2015, luego finales de dicho año, pero seis meses después queda todavía en torno a un tercio del trabajo, por lo que la Junta de Andalucía no da fechas.

“Despejar el horizonte”

Sobre los dos temas han sido preguntados este martes los comparecientes en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía sobre el presunto fraude con estas subvenciones desde 2002 hasta hoy. En primer lugar, el exconsejero Luciano Alonso, con quien comenzó la revisión de los expedientes con el plan de choque ordenado por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, tras estallar el escándalo del supuesto fraude con estos fondos públicos. “No se dieron las condiciones idóneas”, ha argumentado Luciano Alonso para justificar por qué no se convocaron cursos en su periodo tras ser preguntado sobre el tema por varios diputados.

Cuando se le ha insistido en qué condiciones impidieron que se reanudaran, ha subrayado que se buscaba “acelerar el proceso de justificación y revisión de los expedientes vivos” para “despejar el horizonte”, tarea que continuaba pendiente cuando dejó el cargo porque se trataba de abordar 8.505 expedientes de dicho periodo, lo que se ha saldado con sucesivas peticiones de reintegro a los beneficiarios en los que se ha visto que no han entregado toda la documentación necesaria para la justificación de la subvención.

En este sentido, ha explicado que desde que tomó posesión en su cargo se puso “manos a la obra” para revisar expedientes basándose en “un principio de igualdad, uno a uno y al completo, sin hacer excepciones” para que no hubiera prescripciones. Una decisión que supuso dejar de lado la revisión por muestreo, que era la fórmula hasta la fecha y la empleada en cualquier comunidad autónoma.

Por su parte, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, que le relevó como responsable de formación y que le ha seguido en la comisión de investigación este martes, ha valorado que la suspensión de los cursos “es evidente que ha tenido efectos”, pero no se ha atrevido a calcularlos, si bien ha reconocido que si anualmente se invertían unos 180 millones de euros por ejercicio en ello, han sido cuatro años (2012, 2013, 2014 y 2015) sin ellos.

142 millones de euros

Sobre por qué no han sido convocados todavía, José Sánchez Maldonado ha replicado que “no ha sido posible por cuestiones administrativas y traspasos de presupuestos entre consejerías”, igual que por la necesidad de esperar “ los informes jurídicos y de intervención”. En concreto, habrá subvenciones para escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, por un total de 50,3 millones de euros; formación para parados, con 71,5; y cursos para trabajadores en activo, por 20,7.

O sea, casi 142 millones de euros, una partida muy inferior a la de otros años. El consejero ha reconocido que esto se debe a que “hay un problema presupuestario” porque se tiene que hacer con financiación propia “tirando de un lado y de otro”. Porque para recibir el dinero del Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía “tendría que haber justificado el gasto del ejercicio anterior” en octubre de 2015 como tope, pero como no hubo cursos, no pudo hacerlo y se quedó fuera de la convocatoria de financiación para 2016.

Sin embargo, no ha explicado por qué se iba a terminar la revisión de expedientes en dos años y continúa. Se ha remitido a los datos ofrecidos las últimas semanas sobre cómo ha avanzado este proceso de depuración, pese a las insistentes preguntas desde las filas del PP-A para que concretara cuánto dinero se ha reclamado en los tribunales por subvenciones no justificadas debidamente en tiempo y forma y cuánto se ha recuperado realmente.

Los datos que ha dado son que la Junta de Andalucía reclama 90 millones de euros de subvenciones que las empresas no han justificado o que lo han hecho de forma incorrecta. De ese dinero, 51 millones de euros están ya “con el proceso de reintegro” en marcha. Y en cuanto a los expedientes en revisión, ha concretado que en estos momentos hay 5.009 expedientes “vivos”, de los cuáles se han verificado 2.547 y están en proceso, 2.462. Cuando empezó esta tarea en septiembre de 2013, el objetivo era verificar 8.505 de subvenciones entre 2007 y 2011.