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Lorenzo del Río, “el hombre tranquilo” y sin rival para seguir al frente del TSJA cinco años más

El TSJA lamenta el perjuicio para la Justicia de la pugna entre Alaya y Núñez

Javier Ramajo

John Wayne interpretaba en 'El hombre tranquilo', una película dirigida por John Ford en 1952, a un boxeador que decidió retirarse al matar a su último rival. Juró no volver a pelear jamás. Lorenzo del Río, el hombre dialogante, sobrio y tranquilo que está al frente de la justicia andaluza desde octubre de 2010, no tendrá tampoco que pelear su renovación al frente del TSJA. La expiración de su actual mandato es este jueves y, por primera vez en mucho tiempo, no habrá combate en el ring judicial para ostentar la presidencia judicial en Andalucía hasta 2020.

Después de varios intentos fallidos, Del Río sustituyó a quien durante 15 años había presidido el alto tribunal, Augusto Méndez de Lugo. Venía de dar clases en Derecho Penitenciario en la Universidad de Cádiz y de Derecho Penitenciario en el Instituto de Criminología. En lo judicial, presidió la Audiencia gaditana desde noviembre de 1998, 14 años después de su llegada, tras pasar por juzgados de Jerez, Sanlúcar de Barameda y Las Palmas de Gran Canaria.

Nacido en 1956 en el pequeño pueblo jiennense de Jódar, de perfil discreto, conciliador y de consenso, también presidió la moderada asociación de jueces Francisco de Vitoria. Como el personaje de Wayne, ha sabido ganarse el respeto del pueblo y de los suyos (en 2010 fue votado por el sector progresista pero también por vocales conservadores), y eso que, ya en el cargo, ha tenido varios fuegos que apagar, como el de Mercedes Alaya, su particular Maureen O'Hara.

“Augusto era más estiradillo”, apunta una persona que ha coincidido en los juzgados con ambos presidentes. Si Méndez de Lugo tenía fama de inteligente y de tener un carácter algo complicado, Del Río la tiene de debatir y de mantener cercanía con los suyos. Los jueces le han estado planteando, y podrán seguir haciéndolo, sus problemas y peticiones de recursos materiales y humanos, que ha sabido llevar a pesar de que la crisis económica no le ha ayudado a llevar ese cargo institucional que tiene que lidiar entre la Junta y la judicatura. El PP, que siempre fue bastante crítico con Méndez de Lugo, no ha tenido apenas enfrentamientos con el TSJA bajo el mandato de Del Río.

En sus discursos ha repetido su petición de que la justicia sea tratada como “una cuestión de Estado” y sus relaciones con la Junta de Andalucía pueden calificarse durante estos años como estables, sin más, sabiendo que con la crisis económica no había mucha opción a que se atendieran grandes reivindicaciones de sedes más dignas para impartir justicia. “Han sido cinco años de tranquilidad”, aseguran fuentes cercanas a ambas instituciones.

Los ERE, presentes durante todo su mandato

Con un escueto “sí, optaré”, propio de su carácter discreto, confirmó el pasado día 27 de octubre que se postularía para la reelección en el cargo. Tanto él como su antecesor siempre tuvieron rivales para acceder o renovar en el puesto de presidente del TSJA. En 2010 fueron el presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Javier Arroyo, y el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJA en Málaga, Joaquín García Bernaldo de Quirós. “O es que nadie quiere coger el marrón o es que quieren que Lorenzo siga”, responde diplomáticamente una persona cercana ante la ausencia de aspirantes.

Lo mediático del caso de los ERE también le ha hecho a Del Río tener que pronunciarse ante la prensa durante todo el mandato. En lo puramente judicial, el TSJA se acabó lavando las manos con el asunto después de que hasta cuatro exconsejeros declararan en Granada. Recientemente la jueza Nuñez Bolaños ha retomado esta parte de la causa junto al resto de exaforados. La larga controversia sobre quién se queda con el caso, si Alaya o Núñez, también escribió varias páginas en el seno del TSJA y en el del CGPJ.

El tribunal andaluz siempre apostó por la primera hasta que ésta envió un informe desprestigiando a la nueva titular. Del Río reconoció que esa disputa no ayudaba para la imagen de la justicia. La Sala de Gobierno del TSJA propuso finalmente apartarla de las macrocausas, entre ellas los ERE, y el CGPJ, como siempre había hecho, respaldó una decisión que no fue fácil. “Es un órgano colegiado, de debate, y los problemas en el juzgado iban a ser seguros. El presidente apostó por lo que realmente se pensaba”, sentencia una fuente judicial.

Quizá la cuestión más peliaguda que ha tenido que afrontar Del Río fue el pago de 1.300 euros que recibe al mes de la Junta como “indemnización por razón de su servicio” para cubrir “gastos de vivienda y alojamiento”. La Consejería tuvo que dar en octubre pasado explicaciones en el Parlamento, justificando que se trata de una prestación, “no una retribución”, y que los acuerdos de ese tipo del Consejo de Gobierno no se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La Junta añadió que dicho pago “no contraviene” a lo dispuesto en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, y que la Junta de Andalucía es la administración “competente” para abonar ese tipo de “indemnizaciones” originadas por los servicios prestados, calificándolo de “absolutamente legal”.

El calendario para su reelección

Lorenzo del Río y otros candidatos a presidir los TSJ de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana serán convocados el próximo 12 de enero a una comparecencia pública ante la Comisión Permanente del CGPJ para exponer en audiencia pública su currículo y su proyecto para el órgano judicial que aspiran a presidir. Finalmente, la Comisión Permanente seleccionará de entre los aspirantes a cada plaza una terna de candidatos que será sometida a votación en el Pleno del órgano de gobierno de los jueces.

Los vocales valorarán como méritos el tiempo de servicio activo en la carrera judicial, el ejercicio en destinos correspondientes a los órdenes jurisdiccionales civil y penal y en órganos colegiados, las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica y calidad técnica, la experiencia en órganos de gobierno del Poder Judicial y el programa de actuación propuesto.

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