“La despoblación es un síntoma, pero no es la enfermedad a tratar”

“La despoblación es un síntoma, que a veces acentúa la percepción de la dolencia, pero no es la enfermedad a tratar, no es la cuestión de fondo que han de afrontar las políticas. El punto a debatir es por qué las personas desean vivir o no allí, que tipo de relaciones surgen entre una comunidad, las personas y el espacio que ocupan”, sostiene el Justicia de Aragón [Defensor del Pueblo autonómico] en el 'Informe especial sobre la despoblación' que ha remitido a las Cortes de Aragón para su debate.

El documento, que analiza datos y tendencias demográficas y de otros ámbitos sociales registradas en la comunidad autónoma entre 2000 y 2016, concluye que “en sí misma, la despoblación no es un problema”, sino que “hemos de avanzar hacia lo que hay detrás de ella si de verdad deseamos que los territorios en declive se regeneren”.

En este sentido, anota que “es la felicidad experimentable de manera particular en esos lugares, la aproximación a las expectativas, la que determina hasta qué punto una persona se vincula y se arraiga en él”. Es decir, que el enraizamiento en un territorio depende del bienestar y de las oportunidades y limitaciones en él experimentan quienes lo habitan, algo que “varía según contextos geográficos, culturales, generacionales, históricos”.

“Lo que se despuebla nunca es una comunidad autónoma, ni siquiera una provincia, sino un pueblo, un lugar con identidad, más allá de su reconocimiento administrativo”, señala el documento.

La baza de la deuda histórica

El Justicia reclama “un giro, una nueva política en la forma de afrontar la despoblación”, hacia un “planteamiento estratégico integral, en el que participen expertos de diferentes disciplinas científicas, gestores públicos de todas las áreas de gobierno, así como entidades sociales y ciudadanos directamente afectados, motivados frente a ella”, con el objetivo de coordinar “las tres dimensiones de toda sociedad: mercados, gobiernos y valores”.

En este sentido, el actual Gobierno de Aragón ha comenzada a virar en esa dirección con la aprobación de una directriz especial coordinada por la Dirección General de Ordenación del Territorio que lleva Joaquín Palacín, de Cha.

El documento presentado por el Justicia sostiene que “ser consciente de las opciones posibles, y adaptarse a ellas, sería la estrategia adecuada, la de promover comunidades resilientes”. Sin embargo advierte de que ese cambio de dirección, en caso de producirse, llevaría a un “giro radical” sobre “una cuestión de fondo” como sería la de dejar de tratar los territorios escasamente poblados “como comunidades periféricas, víctimas de una inevitable dinámica acumulativa y polarizadora del crecimiento económico, cuya única baza sería la de acreditar una deuda histórica pendiente de saldar a través de la compensación fiscal y presupuestaria”.

Efectos positivos

El informe del Justicia pone también sobre la mesa la falta de perspectiva crítica desde la que a menudo se ha observado la despoblación desde las instituciones aragonesas.

“Se da por hecho que el descenso de población es sinónimo de declive, crisis más aguda aún si sucede en áreas con baja densidad y en pueblos con pocos habitantes”, señala, mientras llama la atención sobre el riesgo de restar rigor al análisis “cuando hay tantas variables y circunstancias en juego, que introducen matices y excepciones”.

En este sentido, anota que la mayoría de los expertos coinciden en que la pérdida de población en las áreas afectadas “restringe el acceso a los mercados, limita la entrada en las mejores aplicaciones tecnológicas, impide acortar las ventajas que disfrutan las regiones más desarrolladas”, reduce las oportunidades de empleo y acaba conduciendo a la emigración de los jóvenes y del personal cualificado, además de provocar un “aumento de la presión fiscal al disminuir las bases imponibles de los gobiernos locales”.

Sin embargo, “desde perspectivas analíticas más innovadoras”, añade, comienzan a aparecer “investigaciones que evidencian efectos positivos de la despoblación, un ‘dividendo’ derivado de ella” que tiene su origen en “la descongestión de las infraestructuras, las ganancias medioambientales, una mayor dotación de capital por empleado y ciudadano, así como facilitar la autosuficiencia en producciones estratégicas como las energéticas y alimenticias”.

Los pueblos se vacían

El grueso del documento está dedicado al análisis de los datos demográficos de los primeros 16 años de este siglo, con una primera mitad de bonanza económica y atracción de población extranjera que llegó a enmascarar el declive de los autóctonos y una segunda en la que la crisis, el freno de la inmigración y la emigración de los extranjeros llegados unos años antes puso a Aragón de nuevo ante su realidad: “bajas tasas de natalidad que apuntan hacia una sociedad envejecida en un espacio territorial en gran parte despoblado”, algo que tiene incidencia “no sólo en aspectos estructurales, como el desequilibrio del sistema de pensiones por la disminución de la población activa, sino en el propio ámbito de ejercicio de derechos básicos de los ciudadanos, como la sanidad o la educación”.

Entre 2000 y 2008, periodo en el que Aragón ganó 137.009 habitantes (11,51%), 31 de las 33 comarcas de la comunidad tuvieron una tasa migratoria positiva. Sin embargo, los habitantes solo aumentaron en 25 de ellas. Perdieron vecinos Los Monegros, la Ribera Baja del Ebro, las Cuencas Mineras, el Aranda, el Bajo Martín, los campos de Daroca y de Belchite y la Sierra de Albarracín, algo que también ocurrió en “todos los municipios con población inferior a 500 habitantes”. Es decir, que “sólo se beneficiaron de los movimientos migratorios como factor de aumento de población los municipios de más de 500 habitantes”.

En los ocho años siguientes, de 2008 a 2016, la comunidad perdió 18.355 habitantes, aunque menos de la cuarta parte de esa merma (4.341) responde a la salida de inmigrantes nacidos en otros países. Otros 14.014 (parte de ellos, hijos de los anteriores) eran nacidos en España.

“Los datos no arrojan un futuro halagüeño”, concluye el documento, ya que “Aragón tiene/padece un problema de despoblación que se ha tornado crónico”. Al final, solo las capitales de provincia y Calatayud ganaron población mientras el resto de poblaciones se vacía. “La tendencia, sostenida en el tiempo, de tasas de crecimiento vegetativo negativo no compensadas por la llegada de asentamientos estables en las localidades aragonesas abocarán, a falta de medidas que lo eviten, a su desaparición”, advierte.