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La huelga de Unipost se endurece y se prolonga por lo menos hasta el 17 de enero

Los directivos del grupo intentan sustituir a los huelguistas con personal que estaba en un ERTE

La empresa se centra en servir los pedidos de certificados de grandes clientes para evitar su fuga

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Concentración de huelguistas de Unipost en Barcelona

Concentración de huelguistas de Unipost en Barcelona

El conflicto de Unipost se radicaliza. Tras una reunión convocada por la empresa con el comité intercentros -no con el comité de huelga-, el sindicato convocante, CGT, ha decidido prolongar el paro hasta el 17 de este mes. Mientras tanto, la situación se va tensando y el reparto de objetos postales sigue en colapso, hecho que provoca las quejas de los grandes clientes de la segunda compañía de reparto de correspondencia en España.

La huelga en Unipost afecta de manera desigual a los diferentes centros que la firma tiene en España. Barcelona y Madrid encabezan el seguimiento de la huelga, con porcentajes de alrededor del 85%. También en Zaragoza la incidencia es mayoritaria, según el sindicato, que valora positivamente el goteo de apoyos a la huelga conseguido en puntos como Sevilla y Valencia. En este sentido, reconocen que en otros puntos la protesta laboral tiene menos aceptación.

La movilizacion de los trabajadores tiene su origen en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 120 días en 2014, rechazado por ahora por la plantilla, que afectaría a 425 trabajadores -de un total de 2.500-, además de un recorte del 10% del sueldo que se sumaría a otro 10% ya reducido.

Hasta el 3 de enero fuentes sindicales valoraban en más de 9 millones los objetos que se acumulaban en las oficinas de Unipost sin que, por efecto directo de la huelga, se puedan repartir. Por ello, se empiezan a ver los primeros movimientos de la empresa orientados a romper la protesta. Una de estas acciones afecta a los trabajadores que están legalmente en suspensión de empleo por efecto de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Algunos de estos empleados que fueron enviados a casa por la empresa alegando que no había trabajo para ellos, están siendo llamados de nuevo por la empresa para cubrir, según CGT, tareas que han quedado sin hacer por la huelga obrera. En el mismo sentido el sindicato también denuncia que los trabajadores procedentes de Terrassa han sido trasladados a centros que estaban totalmente paralizados para detener la huelga. Contra estas acciones el sindicato recoge información para presentar una denuncia por vulneración del derecho de huelga.

De momento, los directivos de Unipost están sustituyendo personalmente el trabajo que no hacen los huelguistas. "Hemos podido ver a muchos directivos haciendo certificados", explicaba Emilio Gómez, responsable de CGT.

El principal quebradero de cabeza de los directivos de Unipost son precisamente los envíos de los grandes clientes, porque detrás hay grandes contratos que si se perdieran podrían causar pérdidas millonarias a las empresas. En Barcelona Unipost reparte los certificados de la Diputación, algo que si no se mantiene con regularidad puede provocar, por ejemplo, que muchas multas o cobros que gestiona la entidad provincial no lleguen a tiempo a sus destinatarios. Esto supondría, seguramente, indemnizaciones a pagar por parte de la compañía de reparto.

Otros grandes clientes que habían cerrado acuerdos de reparto de su correspondencia con Unipost son el mismo Ministerio de Hacienda, la compañía eléctrica Endesa o la Caixa.

Unipost tiene casi 2.500 trabajadores directos y unos 2.000 indirectos, contratados por empresas franquiciadas. El principal accionista de la empresa es la familia Raventós, vinculada a Codorniu. El segundo es la alemana Deusche Post, que tiene aproximadamente el 37% del capital.

De hecho, en la reunión del 3 de enero pasado la dirección de la sociedad planteó a los trabajadores la necesidad de detener las protestas para facilitar la puesta en marcha de un plan de recapitalización. Pero los empleados plantean lo contrario: es necesario que los accionistas se comprometan inicialmente a invertir en la empresa porque desde hace tres años todas las medidas adoptadas hasta ahora han cargado sobre las espaldas de los trabajadores cualquier alternativa al cierre definitivo.


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