Otros dos imputados por Tsunami se van a Suiza y complican el plan del juez García Castellón para citarles

El plan del juez Manuel García Castellón para citar a los imputados por terrorismo en el caso Tsunami va a tener que pasar por Suiza. Al país helvético, donde ya residía desde 2018 la principal investigada en el caso, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se han trasladado en las últimas semanas hasta otros tres investigados del caso ante la perspectiva de que el juez les llamara a declarar.

Los investigados han ido desvelando en las últimas horas su nuevo paradero después de que el juez pusiera en marcha el martes el trámite para citarles. Este miércoles fue el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra el primero en comunicar que se había ido a vivir a Suiza, y este jueves han sido el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó los que han anunciado que han seguido el mismo camino.

En sendos vídeos publicados en las redes sociales, Rodríguez ha explicado su decisión porque se encuentra ante un tribunal “conjurado con la extrema derecha”, mientras Campmajó ha denunciado ser víctima de “una persecución”.

La elección de Suiza no es casual. El país helvético se ha negado por dos veces (la primera en 2019 y la segunda el pasado mes de febrero) a colaborar con el juez García Castellón al constatar que la causa de Tsunami tiene un “carácter político”. La legislación suiza, además, impide extraditar a alguien por motivos políticos.

De los diez imputados por Tsunami que hay en la Audiencia Nacional, al menos cinco están en Suiza. Además de Rovira, Serra, Rodríguez y Campmajó, hay un banquero que trabaja en el país helvético entre los investigados, Nicola Foglia, si bien no ha comparecido con abogado y procurador en la causa y el juez ha ordenado a la Guardia Civil localizar su domicilio para enviarle la citación para declarar. 

Todos ellos esperarán desde Suiza la aplicación de la amnistía por parte del juez, si bien el magistrado ha dado muestras en los últimos meses de querer excluir el caso Tsunami del olvido penal del procés. El juez insiste en calificar las protestas que lideró Tsunami de terrorismo pese a las recomendaciones europeas para no encuadrar en este tipo penal cualquier altercado contra el sistema.

En una entrevista con la Agencia Catalana de Notícies (ACN), Benet Salellas, abogado de Serra y Campmajó, ha denunciado que, pese a la ley de amnistía existe “cierto descontrol en determinados espacios” de la Justicia. Estas instancias judiciales, en opinión de Salellas, “están dispuestas a ir más allá de lo que dice la ley por motivos políticos. ”Esta inseguridad hace tomar decisiones como el exilio“, ha agregado.

También se desconoce el paradero de otro investigado, el informático Jaume Cabaní, que en el pasado vivía en Bélgica y había colaborado con Carles Puigdemont en Waterloo.

Sí permanecen con domicilio en España otros cuatro investigados: la militante de ERC Marta Molina; el editor Oriol Soler; el empresario y exsecretario general de ERC, Xavier Vendrell (que, por trabajo, vive entre Catalunya y Colombia); y el director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, convaleciente de la hemorragia cerebral que sufrió en febrero.

A la espera de si el juez García Castellón hace coincidir las citaciones de los investigados con la de Puigdemont por parte del Tribunal Supremo, programada para la semana del 17 de junio o las acelera para antes de la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo, la causa de Tsunami encara su recta final con la incógnita de si el magistrado aplicará la ley de amnistía o proseguirá su plan para complicarla.

Tanto Puigdemont como el otro investigado por el Supremo, el parlamentario catalán Rubén Wagensberg, también permanecen fuera de España: el expresident aguarda desde el sur de Francia la amnistía que le permita volver a Catalunya tras su marcha en 2017, mientras Wagensberg se fue a Suiza también por la causa de Tsunami.

Las citaciones de los investigados discurrirán en paralelo a la aprobación de la norma de forma definitiva en las Cortes, que se producirá a finales de mayo o principios de junio, y a los dos meses que, después, tendrán los jueces para aplicarla.

Desde que el juez pusiera de nuevo en marcha la causa Tsunami en noviembre, el Supremo y la Audiencia Nacional han desestimado todos los intentos de las defensas, algunos apoyados por la Fiscalía, para que García Castellón se quedara sin el caso. Ahora la mitad de los investigados aguarda en Suiza la aplicación de la amnistía.