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Cuando conviene montamos referéndums sobre hipótesis fabulosas

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Un prestigioso y querido club de fútbol como el Barça se permite reconocer oficialmente en su balance anual una deuda neta de 331 millones de euros y sin embargo embarcar a los socios en un referéndum para convertir el Camp Nou en “el mayor complejo deportivo del mundo” mediante un presupuesto estimado de 600 millones de euros, sin que el referéndum aclare cuál será el proyecto arquitectónico elegido ni el patrocinador de una cuarta parte del coste que adjuntará su apellido de marca al del estadio.

No debe ser casual que la presentación del macroproyecto de remodelación y la convocatoria del referéndum entre los socios intervengan pocos días después de la dimisión del presidente de la entidad, tras haber sido admitida a trámite por los tribunales una querella por las cuentas poco claras del astronómico fichaje de Neymar (de los 57,1 millones de euros que el club dijo a los 86,2 millones que parece admitir ahora), en un contexto de crisis económica y descenso de los espectadores que pueden pagar la entrada a los partidos (la Premier League y la Bundesliga llenan los estadios con una política de precios populares y horarios racionales, la Liga española tiene un índice de 64 % de localidades ocupadas y sigue bajando).

La actual junta directiva del FC Barcelona admite arrastrar la deuda de 331 millones de euros y también que la temporada pasada solo la rebajó en 3 millones, pese a estar previsto en sus cuentas hacerlo en 40 millones. Sin el fichaje de Neymar la deuda habría disminuido en 50 millones de euros, pero ficharon a Neymar. Queda el “consuelo” de saber que el Real Madrid tiene una deuda reconocida de 540 millones de euros, que tampoco le impidió el fichaje astronómico del jugador Gareth Bale por cerca de 100 millones de euros. El conjunto de clubes de la Liga española deben 3.600 millones de euros, de ellos 600 millones a Hacienda y 17 millones a la Seguridad Social.

La deuda endémica consentida a los clubes de fútbol no es tan solo un problema del Barça, aunque no todos se lancen a grandes operaciones inmobiliarias de remodelación de sus estadios. La deuda que año tras año las autoridades permiten acumular a los clubes de fútbol, no a los ciudadanos comunes, constituye un trato fiscal de favor. Ha sido denunciada ante el comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, quien se ha apresurado a declarar que las indagaciones del organismo comunitario sobre el asunto se encuentran en fase preliminar.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (el órgano de la administración del Estado en el ámbito deportivo), Miguel Cardenal, ya manifestaba en mayo de 2012: “El fútbol español es deficitario, cada año genera 1.800 millones y gasta 2.100. Ningún ciudadano español puede entender que le exijan que pague y a los clubes no”. El 5 de agosto de aquel mismo año el diario El País escribía en un comentario editorial: “La estructura de la Liga española ha sido secuestrada por intereses oscuros, en perjuicio de los equipos que no se sometan a condiciones casi mafiosas”.

El referéndum convocado per la junta directiva del Barça tal vez encubra otros asuntos de las cuentas del club. Las fabulosas maquetas y rutilantes simulaciones que han presentado del macroproyecto tal vez deslumbren a una parte de los socios y halaguen su convicción de defender a más que un club. Otra parte de quienes experimentamos la magia del fútbol seguiremos pensando que comporta una dosis cada vez más excesiva de prestidigitación.

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