Artur Mas centra la recta final de la legislatura en las estructuras de Estado
El president de la Generalitat, Artur Mas, quiere seguir marcando los ritmos del proceso soberanista en la recta final de la legislatura. En los apenas 7 meses que quedan para la disolución del parlamento autonómico, el Govern centrará su acción de gobierno en la creación y desarrollo de estructuras de estado, además de en política económica destinada a crear ocupación. Mas ha anunciado este martes la creación de dos comisionados, de Transparencia y de Transición Nacional, el segundo de ellos presidido por su estrecho colaborador Carles Viver i Pi-Sunyer y encargado de evaluar e impulsar las estructuras políticas necesarias en caso de que Catalunya opte por la independencia.
Carles Viver i Pi-Sunyer es exvicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, además de una de las personas más cercanas al círculo político de Mas. Con la creación de este comisionado, que dependerá directamente de Presidencia, el Govern apuesta por tener a punto un plan para la “desconexión” de España, que se llevaría a cabo si en las elecciones del 27 de septiembre las fuerzas independentistas son mayoritarias. Este plan gira en torno al despliegue de la Agencia Tributaria y seguridad social catalana, el control de las infraestructuras estratégicas –energéticas, de movilidad, abastecimiento, telecomunicaciones y logísitcas– y una Ley de Acción Exterior.
El otro comisionado será el de Transparencia, a cuyo cargo Mas nombrará a Núria Bassols, magistrada en excedencia del TSJC. Este organismo deberá desplegar la ley de transparencia aprobada el pasado mes de diciembre, mediante la creación de un plan estratégico y de un programa de formación para los miembros de la administración. Ambos nombramientos se llevarán a cabo la semana que viene para que comiencen su cometido “a la mayor celeridad”. Pese a que ninguno de los dos nombres ha sido consensuado con ERC, Mas ha dejado la puerta abierta a introducir expertos en los comisionados a propuesta de sus socios.
La creación de los dos nuevos comisionados son parte de un plan de 10 puntos en el que el president basará su política la recta final de la legislatura y que dejan ver cuáles serán los temas de debate en la campaña electoral. Por un parte, Mas apuesta por hacer caer el peso del debate soberanista en el desarrollo de estructuras de estado y creación de nuevas agencias, decisiones sobre las que el Govern tiene todo el control. Por otra parte, sale al paso de las reiteradas actuaciones de la oposición por inacción gubernamental y falta de sensibilidad social al incluir en su hoja de ruta medidas encaminadas a la creación de ocupación, a la política industrial y a garantizar la renta mínima de inserción y la cobertura sanitaria.
Pocas nuevas medidas sociales y dificultades para desplegar la agencia tributaria
Entre las medidas anunciadas por Mas muchas de ellas destacan por su cariz social, aunque hay pocas novedades respecto a lo ya conocido. El “nuevo plan contra la pobreza y la exclusión social” incluye 12 millones de euros más para garantizar la renta mínima de inserción, que alcanzaría un gasto total de 185 millones y llegaría a los 28.500 beneficiarios, lejos del máximo histórico de 33.722 alcanzado en abril de 2011. Además, el nuevo plan incluye las medidas ya contempladas en la anterior ley de pobreza energética, que solo alcanzó a 895 familias.
La segunda parte de medidas del grupo social tienen que ver con el acceso a la sanidad. Mas se ha comprometido a garantizar el acceso sanitario universal y reducir las listas de espera hasta un máximo de un año. La reducción de los tiempos de espera para intervenciones sanitarias ha sido una promesa recurrente en el último año. A principios de 2014, Catalunya incumplía los plazos máximos de espera con hasta un tercio de los pacientes, pero en el último año estos tiempos se han reducido en hasta un 12%. Sin embargo, sindicatos como UGT han criticado que esta reducción en las listas se haya efectuado derivando pacientes a centros concertados y privados.
Respecto al despliegue de la agencia tributaria de Catalunya, el Govern está teniendo serias dificultades para echarla a andar. La Agencia Tributaria catalana se puso en marcha en febrero de 2014, pero de momento no pasa de embrión. Pese a la inyección de recursos, que pasarán de 33 millones en 2014 a 54 en 2015, la agencia destinada a recaudar los impuestos en una eventual Catalunya independiente solo se hace cargo de un 5% de los tributos a día de hoy, y cuenta con menos del 5% de personal que el Consejo Asesor para la Transición Nacional estima oportuno para una agencia de este tipo. El president ha justificado este retraso aduciendo que por el momento “no hay un mandato para la constitución de un nuevo estado”.
