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La falta de pruebas deja sin culpables una agresión de los Mossos a un antifascista

La Audiencia de Barcelona absuelve a los dos agentes acusados al no poder identificar con claridad qué antidisturbios golpeó a un joven

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Agressió del Mossos el 12 d'Octubre de 2012.

Agresión de los Mossos el 12 de octubre de 2012. ROBERT BONET

La falta de pruebas directas y la imposibilidad de identificación ha vuelto a salvar a dos agentes de los Mossos d'Esquadra de una condena por agresión. La Audiencia de Barcelona ha absuelto a dos antidisturbios acusados de apalear a un antifascista. Los magistrados declaran probada la agresión policial, pero no han podido determinar con claridad si los acusados son los antidisturbios que golpearon al joven. Y en caso de duda, a favor del acusado.

El juicio ya dio muchos números a la absolución. Como mostraron los vídeos visionados durante la vista oral, el día de la agresión, el 12 de octubre del año 2012, el chaleco reglamentario de los antidisturbios tapaba el código identificativo que lucen todos los agentes. Esto ha impedido al tribunal acreditar por completo que los dos acusados son los policías que agredieron al joven.

En la sentencia, el tribunal declara que "ha llegado al convencimiento" de que agentes de la policía catalana agredieron al joven antifascista Pau Andaluz gracias a los vídeos, los informes forenses y los testigos del juicio. No obstante, han sentenciado una absolución al no poder señalar con exactitud que los policías agresores fueran los dos agentes que se sentaron en el banquillo.

La Fiscalía y la acusación particular reclamaban a la Generalitat que indemnizara a la víctima con 10.000 y 16.000 euros, respectivamente. Ambas solicitaron también cinco años de prisión para los dos acusados. La defensa de los agentes pedía la absolución y en el juicio el abogado de la Generalitat abrió la puerta a que el agredido lograra una indemnización por la vía civil una vez cerrada la penal.

Para Alerta Solidària, la organización antirepresiva que defendía al antifascista, la reiteración de casos en que una agresión policial queda impune al no poder identificar al agente –como por ejemplo el de Ester Quintana– "demuestra la nula voluntad política" de la conselleria de Interior de acabar con las malas praxis del cuerpo.

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