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Castilla-La Mancha ultima el informe que puede acabar con la minería de tierras raras en Ciudad Real

El próximo 20 de octubre estará lista la Declaración de Impacto Ambiental después de que la Junta haya resaltado varias veces su "inviabilidad"

Se trata de un expediente que ha tenido que enviarse a la Dirección General de Espacios Naturales al ser un punto clave las afecciones a la biodiversidad

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Campo de Montiel / Plataforma Sí a la Tierra Viva

Campo de Montiel / Plataforma Sí a la Tierra Viva

Solo faltan tres semanas para que el Gobierno de Castilla-La Mancha termine el informe que puede dar al traste con el proyecto de  extracción de tierras raras que la empresa minera Quantum quiere llevar a cabo en el Campo de Montiel (Ciudad Real). Según ha podido saber eldiarioclm.es, la esperada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) estará lista el próximo 20 de octubre, un expediente de cientos de páginas que ha sido remitido a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, ya que es clave la afección del proyecto minero a la biodiversidad, tal y como ya adelantó la Consejería de Medio Ambiente en el  documento de alcance que solicitó a la empresa hace meses.

De esta forma, el Ejecutivo de Emiliano García-Page resolvería en otoño el expediente de este polémico proyecto, algo que ya adelantó el consejero Francisco Martínez Arroyo ante una iniciativa que no gusta  ni al propio presidente castellano-manchego ni a su ahora socio de Gobierno, Podemos. Los efectos negativos sobre especies protegidas como el lince ibérico o el águila imperial son las principales claves de la previsible negativa de la Junta a la extracción de monacita, una de las tierras raras que agrupa a cuatro minerales distintos utilizados en la fabricación de nuevas tecnologías.

Pero también hay otros aspectos a los que han referido otros organismos en sucesivos informes, como la carencia de agua o el impacto radiológico. Desde Quantum han defendido, tanto públicamente como en su Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que tales impactos son “moderados”, ampliando el mencionado informe con alternativas para el uso del agua y con delimitaciones de las zonas de explotación lo que, según afirman, no afectará ni a la flora ni a la fauna.

Desde la Plataforma Sí a la Tierra Viva, principal colectivo ciudadano que ha luchado contra la iniciativa desde que se concedieron los primeros permisos de explotación, durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, explican que según la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el plazo del Gobierno regional para presentar la Declaración de Impacto era el pasado 24 de septiembre, por lo que contemplan la posibilidad de que el plazo se haya alargado. Hoy mismo, emplazaban a la Junta a dar a conocer cuanto antes el informe:

Fue hace cuatro meses cuando el Gobierno castellano-manchego ya destacó los posibles efectos adversos para el lince ibérico y el águila imperial, en el informe en que tachó de “inviable” el proyecto minero. Pero además, existen otros factores que también han denunciado en sus alegaciones los colectivos sociales, económicos y agrarios, y que tienen que ver con la carencia de agua, la afección al suelo y las vías pecuarias.

A todo ello se añade que recientemente, el Consejo de Seguridad Nuclear ha vuelto a poner el foco sobre el riesgo radiactivo del tratamiento de monacita, Según un informe del regulador atómico fechado en el pasado mes de mayo, si el proyecto saliera adelante,  sería necesaria una "monitorización radiológica permanente" de los tratamientos.

Por su parte, Quantum ha realizado una interpretación bien diferente del informe. Insiste en que las operaciones de explotación minera no requieren de medidas de control radiológico. "Se trata de un estudio teórico ya que la planta no está construida y se deberá realizar una verificación al inicio de la actividad, siendo este el único procedimiento posible y habitual en este tipo de casos". Para la empresa, el CSN, como órgano de control para asuntos radiactivos en España, “no es contrario al inicio de esta actividad”, pero “es su obligación solicitar las correspondientes verificaciones al inicio de la operación”.

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