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Podemos impulsa una reforma para que el Gobierno valenciano no pueda nombrar a los miembros del Consell Jurídic Consultiu

Con la designación de 3 miembros paralizada por desacuerdos en la paridad, les Corts aprueban tramitar la reforma del órgano estatutario para que solo el parlamento valenciano nombre a los consejeros

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El president Ximo Puig junto a los nuevos miembros del Consell Jurídic Consultiu, Asunción Ventura,Faustino de Urquía y Margarita Soler

El president Ximo Puig junto a los nuevos miembros del Consell Jurídic Consultiu, Asunción Ventura,Faustino de Urquía y Margarita Soler

El Gobierno valenciano dejará de nombrar a los consejeros del Consell Jurídic Consultiu. El órgano estatutario ha adquirido protagonismo en la vida política valenciana desde que en octubre se iniciara el conflicto por el relevo de sus miembros. Desde entonces, la renovación lleva paralizada por un desacuerdo entre los partidos, que no han garantizado la presencia paritaria de hombres y mujeres.

En medio de este revuelo aún por solventar, Podemos ha impulsado una reforma para que solo les Corts puedan designar a los consejeros del órgano estatutario y que la composición sea paritaria. Hasta ahora, el parlamento valenciano nombraba a la mitad y el resto eran nombrados por el Ejecutivo.

Este miércoles el pleno ha aprobado, con el rechazo del PP y el apoyo del resto de grupos esta propuesta de reforma, que también afecta a la duración del mandato de los consejeros, que ahora puede llegar a un máximo de 15 años que se pretende reducir a seis, y a los mecanismos de rendición de cuentas y funciones.

El Consell se ha mostrado favorable a la tramitación de esta iniciativa, aunque advierte de la conveniencia de estudiar qué implicaciones podría tener la limitación temporal del mandato a seis años en el funcionamiento del órgano y también señala que aunque las Corts tienen un papel fundamental en la elección de sus miembros, de acuerdo con el equilibrio de poderes es coherente que la voluntad del Gobierno valenciano también se vea reflejada, para garantizar la independencia respecto a ambos poderes.

La reforma también prevé comparecencias públicas en comisión de los candidatos a formar parte de este órgano para verificar su idoneidad. Como requisitos, propone que estos sean profesionales y científicos que se hayan distinguido en el campo del derecho con más de 15 años de ejercicio profesional efectivo y que sean juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de estado o autonómicos.

La reforma también establece que el CJC emitirá un dictamen con carácter facultativo en todos los asuntos que le sean sometidos a consulta por el presidente de la Generalitat, el Consell, consellers, Corts, entidades locales y universidades, motivando el interés de la consulta y señala que elevará anualmente al Consell y -como novedad- a las Corts una memoria que podrá recoger las observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los asuntos consultados y sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la administración.

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