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Un ‘cacique’ a la sombra del ‘capo’ Fabra

El procesamiento de Francisco Martínez por el fallido pelotazo de la depuradora de Borriol, puede significar la caída del que fue mano derecha de Carlos Fabra. Sobre su gestión planean las sombras de la corrupción, el clientelismo y el nepotismo.

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Francisco Martínez y Carlos Fabra en la Diputación de Castellón.

Francisco Martínez y Carlos Fabra en la Diputación de Castellón.

Cacique. Pronunciar esta palabra en la provincia de Castellón trae consigo aparejado siempre un nombre: Carlos Fabra. Pero, el encarcelado por fraude fiscal en la prisión madrileña de Aranjuez, no es el único digno de tal nombre. Su delfín, también parece serlo.

Este es Francisco Martínez Capdevila. Nacido en la localidad de la Vall d’Alba (3.000 habitantes, situada en la comarca de la Plana Alta), lleva desde 1991 gobernando su pueblo. Vicepresidente primero de la Diputación provincial desde que accedió su padrino político a la presidencia, Martínez representa uno de los pocos reductos visibles de la hegemonía fabrista que aún resisten en la provincia.

Sin embargo, su procesamiento por el pelotazo fallido de la depuradora de Borriol, puede acabar con su vida política. Apartado de la corporación provincial tras el estallido del caso, la aplicación de la línea roja del actual presidente de la Diputación y hombre fuerte del PP en Castellón, Javier Moliner, conllevará –con toda probabilidad- que no repita como alcaldable de su población natal. Enterramiento político para un dirigente con una trayectoria polémica.

‘Clientelismo’, nepotismo y empadronamientos irregulares

1991. Francisco Martínez accede al poder en su localidad natal: Vall d’Alba. A los pocos años y a la estela de su mentor Carlos Fabra, accederá a la Diputación de Castellón. Su lealtad y ayuda a su padrino serán recompensados: Martínez pronto conseguirá erigirse en vicepresidente primero de la corporación provincial, siendo responsable del departamento de obras y servicios. Un auténtico caramelo.

Debido a su cargo, la sombra de Fabra conseguirá unas inversiones sobredimensionadas para el peso demográfico de su pueblo. Una piscina cubierta, un paseo marítimo para una población ubicada a 20 kilómetros del mar, un centro de salud que abre las 24 horas, una comisaría de la policía autonómica, un instituto o un complejo deportivo con dos jacuzzis, son algunas de las obras.

Precisamente, otro de los proyectos que se realizaron en el municipio gracias a su condición de vicepresidente de la Diputación, será un centro para jubilados de 500 metros cuadrados. Una inversión que es el culmen de una estrategia electoral: buscar el voto de la gente mayor en un pueblo donde el 23% de sus habitantes supera los 60 años de edad. ¿Los otros ingredientes? Dotar de suficientes recursos a la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Vall d’Alba, homenajear a las parejas que cumplen las bodas de oro, crear la figura de la reina de los jubilados de las fiestas y fotografiarse con la gente mayor. Todo, adobado con una pizca de folclorismo y populismo. Supuesto clientelismo en esencia.

No obstante, Martínez no será tan benevolente con aquellos que sean críticos con él. Ir en contra del alcalde –por ejemplo- reclamando un pago justo por la expropiación de unos terrenos por parte del ayuntamiento tiene consecuencias: “No quiero reclamar, no quiero que me ponga en la lista negra”, comentaba un afectado a El País. Incluso, algunas veces los partidos de la oposición, ante el temor a las represalias, no han denunciado unas prácticas calificables como de caciquiles.

Pero, sus presuntas acciones típicas de otros tiempos no quedan ahí. La justicia investigó 150 empadronamientos irregulares. Se trataban de personas de nacionalidad predominantemente rumana que se les alberga en masías o viviendas que eran propiedad de concejales, de afiliados al PP o del propio alcalde –según Interviú-. PSPV-PSOE y Compromís le acusaron de fraude electoral. Sin embargo, la justicia archivo el caso: le dio la razón al primer edil.

A Martínez, además, le persigue la sombra del nepotismo. La oposición denunció el caso – a priori- más clamoroso: el de su hija –diplomada en turismo- que consiguió la única plaza del Servef para técnico de esta materia, habiendo sido un mes antes asesora en la especialidad en el consistorio. Asimismo, su hija consiguió también, ser consejera de Bancaixa. El delfín de Fabra se defendió alegando que era la única válida, que él no había participado en su nombramiento y que había sido avalado por el secretario municipal y los sindicatos. Aunque, no es el único caso. Hay otros. Su sobrina Silvia Capdevila fue contratada en su día como asesora de Carlos Fabra.

Pelotazos bajo sospecha

De posibilidad de enriquecerse -supuestamente- a ser su tumba judicial y política. Así, ha resultado acabar para él uno de los pelotazos que quería dar: el de la depuradora de Borriol. La operación que ahora está judicializada, arranca con la elección de la ubicación de una planta que necesitaba la población.

Inicialmente los terrenos que iba a ser expropiados para situar la depuradora, no eran los que tenía el socio de Martínez, Raúl Babiloni. Sin embargo, -y según la investigación- el entonces alcalde de la localidad, el popular Adelino Santamaría, los pide incluir. La proposición tiene el beneplácito de la Diputación, aunque esta no tiene competencias en la materia. No en balde, Martínez era vicepresidente de la corporación.

Abril del 2008. Se firma la cesión y reserva del suelo. Justamente, pocos días después los terrenos son adquiridos. El comprador: la hija de Martínez, según el fiscal. Sin embargo, durante la tramitación de la obra que hacían conjuntamente la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento, dicha parcela no se incluye.

Más tarde, la Generalitat se acaba desvinculando del proyecto. Y es la Diputación quién la acaba impulsando. Concretamente, el departamento dirigido por Martínez. La obra es tramitada entonces ya con sus terrenos incluidos. Todo, hasta que en el pleno municipal el edil de Compromís revela la operación. Pese a todo, el pelotazo se aprueba. Martínez iba a ganar 51.000 euros de una parcela que realmente estaba valorada en 3.000 euros. Un -presunto- negocio redondo.

Pero, la justicia acaba actuando. En julio del año pasado la Fiscalia empieza a investigar los hechos. Y en setiembre imputa a Francisco Martínez. Junto a él, también lo son Santamaría, sus hijos Andrea y Francisco Martínez y su socio en otras empresas. Los delitos que se imputan: prevaricación, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias y fraude. Paralelamente, el barón provincial del PP, Moliner, actúa: lo revela de la corporación provincial tras la denuncia de Compromís. No obstante, le mantiene un polémico sueldo de 48.000 euros.

Ante la presión, Martínez acabará dejando la Diputación. Y Moliner, también actual presidente de la institución, pondrá sobre la mesa una alternativa que impedirá el pelotazo del alcalde de Vall d’Alba. Las declaraciones de sus propios compañeros de partido tras su renuncia serán muy duras. “En esta Diputación no habrá imputados en casos de corrupción que supongan enriquecimiento personal o familiar”, llegará a decir su sustituto Miguel Barreda. Este mes de febrero Martínez daba un paso casi definitivo al juicio: era procesado.

La sociedad que ostentaba los terrenos tras la compra a Babiloni era Franvaltur, creada en 2009 por Martínez y dos de sus hijos. La empresa, que contiene un capital de más de 500.000 euros, fue una de las impulsoras de una urbanización que el mismo promovió desde la alcaldía. Además, hay dos empresas que supuestamente tendrían relación con la sombra de Fabra: Gestintur -propiedad de Babiloni y su hija- y Prodever -donde también está presente su socio-.

Los problemas del alcalde de Vall d'Alba, sin embargo, no acaban aquí. La fiscalía investiga sus decisiones urbanísticas durante todo su mandato en el consistorio. Según el ministerio público, “surge la evidente sospecha de que algunas propiedades de las sociedades puedan estar relacionadas con actuaciones urbanísticas de aquel ayuntamiento”. El PSPV-PSOE de la localidad aportará más datos.

Justamente, los socialistas ya criticaron en 2007, que el ayuntamiento de localidad de la Plana Alta quería recalificar unos terrenos, que según el registro de la propiedad de Oropesa, eran entonces propiedad de la madre de Martínez. La partida en cuestión, estaba integrada dentro de la zona donde se iba a construir una urbanización con campo de golf incluido. El alcalde, a su vez, se encuentra imputado en otra causa: en el supuesto fraude de la corrida de toros de la Beneficencia organizada por la Diputación. Carlos Fabra, también lo está.

Salpicado por la Gürtel

Como a la mayoría sobre los que planean sombras de corrupción en el País Valenciano, la Gürtel no podía faltar. Según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, el delfín de Fabra ejerció como “contacto” para que la mercantil de la trama, Orange Market, cobrase una deuda en negro del PP de Vila-Real por un acto realizado en la campaña de las elecciones locales de 2007. Él lo negó.

Las decisiones con polémica no terminan en la trama liderada por Francisco Correa. Esta también recae sobre varias adjudicaciones que realizó tanto desde el consistorio como desde el departamento que él dirigía en la Diputación. Según los socialistas, adjudicó dos contratos de obras en su pueblo por valor de 65.000 euros cuya beneficiaria fue la empresa Transportes y Excavaciones Babiloni SA. La mercantil, curiosamente, era propiedad de su socio.

Pero, no fue la única concesión que se llevó su compañero en varias sociedades. Otro contrato para la construcción de un edificio con fines turísticos recayó en una UTE, donde en una de las empresas aparecía Babiloni como administrador. La cantidad licitada alcanzaba los 480.000 euros. Pese a todo, los procedimientos aparentemente se hicieron como marca la ley.

Martínez acumula más episodios sombríos: las donaciones a él de inmuebles y herencias de sus vecinos, la investigación que hizo en 2010 Anticorrupción sobre una cuenta que mantenía con Carlos Fabra y el espectacular incremento que su patrimonio registró entre los años 2000 y 2007. Son las sospechas que planean sobre una trayectoria política que, como la de su valedor, parece haber llegado a su fin.

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