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La política de la corrupción: la trampa como sistema

Un nuevo juicio de Gürtel, esta vez sobre la financiación del PP valenciano, aporta otra pieza al puzzle de un fraude generalizado en el que ningún dirigente, empezando por Rajoy, asume responsabilidad alguna

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El líder del PP, Mariano Rajoy (c), durante la rueda de prensa que ofreció en febrero de 2009 tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido convocada con carácter de urgencia para analizar la situación derivada de la investigación del juez Baltasar Garzón en una supuesta trama de corrupción.

El líder del PP, Mariano Rajoy (c), durante la rueda de prensa que ofreció en febrero de 2009 tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido convocado con carácter de urgencia para analizar la situación derivada de la investigación del juez Baltasar Garzón en una supuesta trama de corrupción. EFE/Víctor Lerena

No es lo mismo la corrupción de la política que la política de la corrupción. Si bien la primera es condición necesaria de la segunda, hay una importante diferencia entre la posibilidad de que surjan casos más o menos aislados de corrupción en la actuación de un partido o en la gestión de una institución y la comprobación de que funciona “la corrupción como instrumento de hegemonía política”. Esto último es lo que apuntaban en 2011 J. Antonio Piqueras, Francesc. A. Martínez, Antonio Laguna y Antonio Alaminos en un libro titulado El secuestro de la democracia: Corrupción y dominación política en la España actual.

El PP valenciano, sostenían los autores, había organizado un auténtico secuestro de la democracia al crear una “estructura corrupta-clientelar” que tendía a “constituirse en sistema” con el objetivo de revestirse “de los atributos de un partido hegemónico que, conservando las normas democráticas, imposibilitaba de facto la competencia en igualdad de condiciones”.

Desde el Castellón de Carlos Fabra al Alicante de José Joaquín Ripoll, pasando por la Valencia de Francisco Camps, Rafael Blasco o Juan Cotino, el diagnóstico era esbozado en pleno delirio triunfalista de una derecha que encadenaba llamativos escándalos de corrupción con apabullantes mayorías electorales. Por eso ese diagnóstico alertaba de que las reglas del sistema competitivo habían sido alteradas con el peligro de que “la democracia quedara secuestrada por quien ocupa el poder”.

Unos años después tenemos un retrato mucho más amplio de un fenómeno que no ha hecho más que confirmarse en su evidencia brutal y que no se circunscribe, ni mucho menos, al territorio valenciano. De la Gürtel al caso Taula, pasando por el Canal de Isabel II o la Púnica, el rosario de casos de corrupción ya judicializados que afectan al actual partido en el Gobierno allí donde ha tenido el poder revela fragmentos muy significativos de un puzzle cuya imagen de fondo podemos vislumbrar sin mucho margen de error: una forma fraudulenta de hacer política.

La diputada socialista valenciana Ana Barceló, al sugerir el otro día una hipotética ilegalización del PP, tras la confesión del cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa de que cobró en negro de los populares, sacó sus propias cuentas: hay ahora mismo 126 personas vinculadas al PP en España que se sientan en el banquillo en más de 30 causas por corrupción. La respuesta de la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, fue alegar que los suyos ya han pedido perdón y echar en cara al PSOE antiguas manchas como el GAL o el caso actual de los ERE en Andalucía.

En efecto, la corrupción no es patrimonio de una formación política concreta. En Catalunya, Convergència Democràtica ha tenido que refundarse bajo la presión de varios escándalos a cuenta del famoso 3% y dos expresidentes socialistas de Andalucía se sientan en el banquillo en el juicio de los ERE. Ahora bien, ningún partido en España, desde el frustrado caso Naseiro, ha acumulado un historial de corrupción tan abrumador y generalizado como el PP. Ni tan vinculado a la supuesta financiación ilegal de sus campañas electorales.

En la Audiencia Nacional comienza estos días el juicio por la financiación de las campañas del PP valenciano en 2007 y 2008 a través de la trama Gürtel. Todos los empresarios imputados, contratistas del gobierno autonómico que presidía Francisco Camps (cuyas companías, por cierto, siguen siendo adjudicatarias de administraciones ahora gobernadas por la izquierda), han confesado que aportaron cantidades para la financiación ilegal de esas campañas.

Hacen eso para minimizar sus penas estos corruptos ahora confesos que, bajo el argumento de defender su más que dudosa honradez, amenazaron en noviembre de 2009 con querellarse contra los socialistas valencianos, entonces liderados por Jorge Alarte, porque les llevaron a los tribunales. “El caso Gürtel no dará votos, pero aclarará las cosas”, dijo premonitoriamente Alarte cuando decidió emprender la vía judicial en medio de una tormenta agitada por un aparato mediático bien engrasado que encontró eco incluso en el interior de su partido.

Esta pieza de Gürtel por la financiación ilegal del PP valenciano, cuya vista oral empieza, no es la única de un caso que se ramifica en una docena de investigaciones tan relevantes como la de los papeles de Bárcenas. Pero resulta clave por diversos motivos. Aunque ya se ha juzgado en el TSJ valenciano el amaño de los contratos de los pabellones de la Generalitat Valenciana en Fitur, con condenas de cárcel a los cabecillas, a una exconsellera de Turismo y a otros cargos, esta pieza afecta a la dirección del partido en la época de Camps, providencialmente ajeno a imputaciones en Gürtel gracias a su absolución inicial en el caso de los trajes, que sin embargo le costó la dimisión como presidente en 2011. Y afecta también a la campaña para las elecciones generales de Mariano Rajoy en 2008.

El 11 de febrero de 2009, cuando acababa de estallar el caso Gürtel, los integrantes del comité ejecutivo nacional de los populares comparecieron ante los periodistas para que su líder denunciara solemnemente: “No hay una trama del PP, hay una trama contra el PP”. En la fotografía del momento en que Rajoy intentaba convertir la Gürtel en una conspiración político-judicial contra su partido, aparecían dirigentes amortizados hoy como Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón o Ana Mato. En primera fila, un elegante Francisco Camps, quién sabe si luciendo uno de los trajes que le regaló El Bigotes, y la entonces indiscutida Rita Barberá.

Ocho años después, los tribunales no dan abasto a la instrucción y juicio de tantos y diversos escándalos protagonizados por el PP. La financiación ilegal del partido, que los primeros compases de la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón ya desvelaban, no parece haber cesado a partir del momento en que estalló el asunto. En el caso Taula, por ejemplo, se investigan actualmente las tres últimas campañas municipales de la fallecida Barberá. Y todo apunta a que el blanqueo de dinero y el cobro de comisiones ilegales formaban parte de la operativa del PP en Valencia para los comicios locales más recientes, los de 2015.

Desde luego, el funcionamiento fraudulento no parece haber sido casual, ni puntual. En su declaración del año pasado durante el juicio de la primera época de Gürtel, Rajoy se desentendió de las cuentas del partido y de “la parte económica” de las campañas. Los exdirigentes valencianos imputados, como Ricardo Costa, se disponen a imitarlo y a argumentar en este nuevo juicio que tienen la misma responsabilidad en la financiación ilegal que el presidente del Gobierno, o sea, ninguna. Será interesante ver cómo les va.

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