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Bruselas vigila si España incluye en el 'plan Juncker' conexiones de AVE de dudosa rentabilidad

Fuentes comunitarias confirman que el fondo no financiará la alta velocidad si no es viable

El Gobierno planea construir 1.000 kilómetros más este año, con cinco elecciones a la vista, y quiere que muchos trayectos se financien con cargo a ese plan

Bruselas negocia con el ICO la creación de un fondo para canalizar mejor los préstamos a proyectos, que se conocerán en junio

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Imagen de archivo de Ana Pastor. Foto: Ministerio de Fomento

Imagen de archivo de Ana Pastor. Foto: Ministerio de Fomento

El 'plan Juncker', la fórmula impulsada por la Comisión Europea (CE) para financiar proyectos por valor de 315.000 millones de euros en los 28 Estados miembros mediante el denominado Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (ESFI en inglés), continúa su andadura en silencio, valorando posibles inversiones a través del grupo de trabajo que integran la CE y el BEI (Banco Europeo de Inversiones).

Poco se sabe de los proyectos porque el plan solo ha identificado los potenciales sectores estratégicos en la UE y porque acaba de arrancar la fase de presentación –en la que cobra una importancia máxima el sector privado–. Sí se conocen las intenciones de países como España, especialmente en los sectores de los transportes y la energía.

No es un secreto que el Gobierno ambiciona incluir una buena hornada de conexiones de alta velocidad en el 'plan Juncker'. Lo declaró sin ambages en diciembre la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la salida de un Consejo de la UE en Bruselas. Pastor habló de “los dos corredores” (Atlántico y Mediterráneo), de la “Y vasca” (que a su vez forma parte del corredor Atlántico), del “AVE a Almería” y de “la conexión Algeciras-Bobadilla”. Pero fuentes comunitarias aseguran que Fomento no lo tendrá tan fácil.

El futuro consejo del que se dotará el ESFI –ayudado por el BEI y la Comisión– no será un tragadero que vaya a transigir con todo. Según estas fuentes, los grupos de trabajo relativos a cada uno de los 28 países vigilarán con lupa la rentabilidad económica y social de las inversiones. Y no serán precisamente timoratos con la alta velocidad en España, cuya red de AVE es la más larga de Europa y segunda del mundo, con 3.000 kilómetros.

Rajoy prevé en este año 2015 tirar 1.000 kilómetros más de AVE, con cinco elecciones a la vista: andaluzas, municipales y autonómicas, catalanas y legislativas como colofón. Una expansión ferroviaria difícil de disociar de un intenso año electoral. El AVE, siguiendo estos planes, alcanzará este año Granada y Cádiz (Andalucía), las castellano-leonesas Salamanca, León, Zamora, Burgos y Palencia, la región de Murcia, Castellón, el Principado de Asturias a través del túnel de Pajares… Los técnicos comunitarios confirman que, si bien una de las áreas más apreciadas por el plan son los transportes, estos tendrán que demostrar su utilidad además de contar con una importante participación del sector privado.

En una entrevista con eldiario.es, el vicepresidente de la CE y abanderado del 'plan Juncker', Jyrki Katainen, aseguró desconocer qué proyectos se están tramitando en España, adonde acudirá de gira a finales de este mes. Katainen insistió, eso sí, en la “no politización” de las inversiones para desligar las que son verdaderamente útiles de las que parecen más electoralistas.

60.000 millones para España

La Comisión Europea ya apuntó cuáles podrían ser las prioridades en España: las interconexiones en energía y telecomunicaciones o las infraestructuras de transporte (no solo AVE: también puertos y mercancías), además de otros sectores como podrían ser el aislamiento de edificios o la importación de la banda ancha a zonas rurales. Queda excluido el sector armamentístico. La financiación destinada a las inversiones españolas se aproxima a los 60.000 millones, de acuerdo con la presentación del plan que bosquejaron las instituciones comunitarias a finales de 2014.

Las negociaciones se centran ahora en la manera de canalizar el fondo, que podrá ser complementado con aportaciones de bancos públicos y privados o institutos crediticios, caso del ICO español, con el que discute el grupo de trabajo formado por el BEI y la CE. “Este es el primer proyecto que no genera fricciones entre acreedores y deudores, ni entre Norte y Sur”, aseveran a este diario fuentes de las instituciones.

Asimismo, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, negó hace un par de semanas que el Gobierno se estuviera planteando un “fondo específico” para canalizar el ESFI en España, portavoces comunitarios declaran que esta posibilidad sí que se está evaluando.

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