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La UCO investiga alquileres y nóminas falsas en el caso de los cursos de formación de UGT en Asturias

La Guardia Civil sospecha que UGT en Asturias desvió hasta 1,3 millones de euros en subvenciones destinadas a cursos de formación

El sindicato habría facturado alquileres en edificios de su propiedad e imputado nóminas que no tenían nada que ver con el objeto de la subvención

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Justo Rodríguez Braga, exsecretario general de UGT Asturias.

Justo Rodríguez Braga, exsecretario general de UGT Asturias.

La Guardia Civil investiga el presunto fraude en los cursos de formación para el empleo del Sindicato UGT en Asturias, a través de la Fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). El informe de la UCO al que ha tenido acceso eldiario.es detalla sobrecostes mediante la duplicidad de facturas en el alquiler y equipamiento de locales destinados a albergar los cursos, así como el desvío de parte de dichos fondos públicos en las nóminas del personal laboral. En total, 1,3 millones de euros podrían haberse usado de forma irregular. 

Según el informe de la UCO, la noticia de que se había cometido un fraude en Andalucía con los fondos de este tipo de cursos provocó una denuncia a la Guardia Civil en 2004 que alertaba de que se estaba produciendo una situación parecida en Asturias.

Mientras que el caso en Andalucía ya está archivado y la jueza no ha visto trasfondo delictivo a irregularidades que ha definido como administrativas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo sigue su proceso, lo que tiene al sindicato en jaque. Esa investigación coincide con la instrucción de la supuesta evasión de fondos por parte del histórico líder sindical minero José Ángel Fernández Villa.

La cifra presuntamente defraudada asciende a 1.310.206 euros, 845.226 a cargo de las subvenciones percibidas directamente por el sindicato y 464.980 por las concedidas a la Fundación IFES. Una media de un 11% sobre el total recibido en subvenciones directas (sin contar a IFES) para la elaboración de los cursos durante el periodo investigado que fueron destinadas presuntamente al enriquecimiento personal de dirigentes del sindicato, según investiga el informe de la UCO.

Los supuestos delitos de fraude se llevaron a cabo a través de la utilización de “empresas pantalla”. Una serie de sociedades mercantiles mantenían una estrecha relación entre sí. Es el caso de Infastur que, bajo la dirección de UGT-Asturias, intervenía en la justificación de los costes que se imputan a las subvenciones, y trasladaban todos sus beneficios nuevamente al sindicato o a través de otras sociedades administradas por la compañía.

Las sospechas sobre Infastur se centran en la administración de tres aulas; una en Piedras Blancas (cerca de Avilés), otra en Gijón y una última en La Felguera (en la zona de las cuencas mineras).

Compra sospechosa de un piso

En este último emplazamiento se hizo una operación de compra venta de un inmueble, en la calle Belarmino Tomás de la Felguera, por valor de más de un millón de euros por parte de Infastur, cuya operación resulta muy sospechosa para la UCO por las cantidades en concepto de préstamos bancarios y valor del inmueble real que se desprenden de la investigación.

Otras empresas participaban directamente en el alquiler de inmuebles destinados a los cursos, mediante doble facturación a cargo de fondos públicos. Se cree que algunos de los gastos justificados en alquiler de locales o equipamiento no se correspondían con servicios realmente prestados y que en algunos casos se habrían aumentado los importes de manera importante.

El informe dice que cuando los locales eran cedidos gratuitamente, Infastur emitía facturación bajo el concepto de alquiler de dotación y equipamiento de aula, pero los locales no generaban gasto alguno. Con esta operativa se llegó a facturar durante el periodo investigado más de 407.000 euros por una inversión que no superaba los 55.000.

Cuando el local pertenecía a terceros era la empresa Localmur la encargada de alquilar el inmueble y facturar a IFES. En algún caso en el que IFES era directamente el arrendatario, decidió rescindir el contrato con el propietario y utilizar a la intermediadora Localmur, para aumentar los costes, según la Guardia Civil.

Esta empresa se encargó de la gestión de los gastos de alquiler y equipamiento de cuatro locales (dos en Oviedo, uno en Gijón y otro en Navia). Localmur facturó a IFES, en concepto de alquiler de locales en el periodo 2010 a 2014, 549.122 euros. Lo mismo sucedía para el alquiler del material con la empresa Formación 2020, con facturas cuyo importe estaría muy por encima de los precios de mercado. Esta empresa conseguía material didáctico con un descuento de hasta el 60% y emitía facturas a IFES por valor real. En el periodo 2010-2014 facturó 249.591 euros. 

Gasto en nóminas del sindicato

Dentro de este supuesto entramado de financiación ilegal también hay una vinculación de parte del dinero de dichas subvenciones en el mantenimiento de las estructuras de la organización para costear parte de las nóminas del personal del sindicato –cuyas funciones nada tenían que ver con el desarrollo de los cursos–, gastos de mantenimiento y algún tipo de enriquecimiento personal por parte de algunos dirigentes del sindicato.

Se cree que se podría haber costeado de manera irregular hasta el 75% de alguna nómina. De igual forma, también parece que todos los meses se entregaban sobres, con pagos en efectivo con cantidades que oscilaban entre los 800 y 500 euros, a parientes cercanos de trabajadores y afines al sindicato, como padres y también a amigos; además de a distintos miembros de la ejecutiva del sindicato, como gratificaciones o complementos no declarados de nóminas.

El atestado elaborado por la UCO propició, el pasado 17 de enero, la detención del ex secretario general de la central en Asturias, Justo Rodríguez Braga, de tres miembros de su ejecutiva y dos trabajadores del entorno del sindicato. Posteriormente fueron puestos en libertad con cargos.

El Gobierno regional (PSOE) se personó en la causa contra UGT-Asturias en febrero del 2016, al igual que los diputados de Podemos en el Parlamento autonómico, Daniel Ripa y Enrique López, personados también en la causa. Estos últimos, ya habían advertido de posibles sospechas de fraude en la justificación de dichos cursos.

eldiario.es se ha puesto en contacto con UGT-Asturias que ha declinado dar su versión de los hechos.

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