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Empleo sortea la ley que prohíbe el uso de denuncias anónimas con su buzón contra el fraude

La ley impide que se tramiten este tipo de denuncias, pero el Ministerio se escuda en que son meras "notificaciones" para sortear el impedimento legal

El sindicato de inspectores de trabajo defiende que sus actuaciones "deben estar organizadas y planificadas", por lo que esta "no es la mejor forma de trabajar"

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez

El Gobierno le pasa la pelota al ciudadano en su lucha contra el fraude laboral. Empresas ficticias, en situación irregular, que pagan en negro o que no pagan, pero también trabajadores particulares que no cumplan con sus obligaciones, podrán ser denunciados de forma anónima ante la Inspección de Trabajo, que determinará qué acusaciones son verosímiles y cuáles están infundadas, y que después llevará a cabo las acciones que considere oportunas. 

Para ello, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció en una carta abierta que su Ministerio había habilitado en su página web un buzón seguro con el que busca "facilitar que toda persona que tenga conocimiento de una irregularidad se la facilite a los servicios de inspección", indican desde el ministerio. El "buzón seguro" permite introducir la denuncia sin revelar la identidad, de forma totalmente anónima, lo que choca frontalmente con la actual legislación en materia de inspección laboral. Así, la ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social recoge en su artículo 13 que la inspección puede actuar "como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa, o en virtud de denuncia", pero señala que " no se tramitarán las denuncias anónimas".

Desde el Ministerio argumentan que el buzón no recoge denuncias como tal, sino "notificaciones". Ante la duda de porqué ampliar el abanico de denuncias a las que no se identifiquen, desde Empleo indican que la posibilidad de no mostrar el nombre amplia la efectividad de la medida. También insisten en que en un primer lugar, la medida está orientada a denunciar a empresas que cometan fraude aunque, reconocen, que en última instancia también están abiertos a otro tipo de defraudadores, como los que cobran la prestación de desempleo ilegalmente.

De forma insistinte, desde el ministerio matizan que mediante el buzón solo se está aportando "información", lo que no equivale a una denuncia formal. Para hacer una denuncia formal hay que rellenar un formulario en el cual sí se introducen los datos del delator. "El tratamiento de la información anónima y la denuncia formal será muy diferente", especifican desde el Departamento de Báñez. Con todo, si la "información" remitida al buzón tiene indicios de ser constitutiva de un fraude laboral, la Inspección abrirá una actuación de oficio. Es decir, que a la postre el efecto será el mismo que el de una denuncia, aunque en la motivación del expediente se especificará que se trabaja de oficio.

Para más enredo, al buzón contra el fraude se accede desde una opción de la web titulada "¿cómo denunciar?".

Escrito ante la Fiscalía

Precisamente, al amparo de la ley de Inspección de Trabajo, la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET), presentó el mismo martes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para aclarar la legalidad de esta iniciativa. En su escrito, que ha presentado el presidente de la Asociación, Antonio Valenciano, se cuestiona la legalidad de la práctica que ya está en marcha sin "las garantías" mínimas.

Fuentes de Empleo han señalado además que el buzón se ha hecho de forma "improvisada" sobre la que se deberá continuar trabajando y que, probablemente, en el futuro termine estableciéndose una criba en la que se exija la identificación que evite intereses particulares y venganzas espúrias.

No obstante, este matiz despierta las dudas jurídicas de algunos expertos ya que de llegar a más "el mecanismo rompería el principio de presunción de inocencia al obligar a demostrarla ante una acusación anónima", a juicio del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense Javier García.

También esta condición de anónimo plantea importantes dudas para la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo, Isabel San José, quien considera que esta "no es la mejor forma de trabajar". "Las actuaciones inspectoras deben estar organizadas y planificadas", destaca. En ese sentido, San Juán ha señalado que la colaboración ciudadana es fundamental en el desempeño de su trabajo, pero ha recalcado la diferencia entre "colaboración" y "delación".

Aunque el buzón pueda favorecer que se localicen las infracciones, el proceso de criba de dichas denuncias "puede resultar perjudicial para el trabajo y la imagen" de un colectivo que ha llegado a plantear que "cuando se comprueba la falsedad de una denuncia esta conlleve una repercusión negativa para quien la ha hecho" y de este modo "proteger también los derechos del denunciado". No obstante, la presidenta del sindicato ha reconocido que "se están sentando las bases de un sistema eficaz" gracias a la colaboración entre administraciones, una eficacia que "no podemos ensuciar con una especie de llamada al arrebato".

Desde el ámbito judicial, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, considera que "establecer una cultura de la delación y la denuncia anónima en nuestro país es peligroso porque puede derivar en conductas que tengan poco que ver con la intención del Gobierno". Estas conductas, dice, serían las de utilizar esta nueva herramienta para saldar venganzas y disputas personales.

Una idea en la que coincide el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Joaquín Pérez: "Una guerra de todos contra todos". Una "guerra" con la que el Gobierno delega su función en los ciudadanos, "en vez de favorecer los controles de inspección y dotarlos de medios", la única vía para acabar con el fraude laboral, considera el profesor. En ese sentido, Pérez se plantea también si los servicios de inspección serán capaces de hacer frente al trabajo extra que supondrán las notificaciones. Según el ministerio, el buzón no cuenta con ningún sistema de filtrado. Es decir, será los funcionarios quienes deban valorar, caso por caso, si las denuncias tienen o no credibilidad, lo que supondrá "una carga de trabajo".

También la medida ha suscitado el rechazo de CCOO y UGT, que la consideran "más propia de países totalitarios" y animan a los responsables "a reconsiderarla", respectivamente.

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