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GALICIA

Fiscalía y Xunta dejan en una multa de 720 euros la condena por cohecho del técnico que iba a "repartir Galicia" en contratos

Gracias a un acuerdo previo al juicio de este martes, los dos trabajadores autonómicos implicados en el caso Retablo de corrupción con arte sacro ven reducidas notablemente sus penas

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La casa rectoral en 2003, antes de que el presunto líder de la trama empezase a utilizarla

La casa rectoral en 2003, antes de que uno de los miembros de la trama empezase a utilizarla

El caso Retablo, ocho años de instrucción judicial con 14 tomos en los que se investigó una trama de sobornos con arte sacro con dos trabajadores autonómicos implicados, se ha saldado este martes con un acuerdo en el que Xunta de Galicia y Fiscalía aceptaron rebajar las penas de los condenados a poco más que unas multas de escasa cuantía. Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa, técnico de restauración, y José Manuel Pichel, arquitecto, trabajaron para la Xunta hasta 2009 con responsabilidades en la Consellería de Cultura y la sociedad de gestión del Xacobeo, de las que se aprovecharon para recibir regarlos de empresas de rehabilitación a cambio de autorizar subvenciones a entidades religiosas que contrataban los trabajos con las firmas implicadas. “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”, decía Pichel a una de las empresas en una grabación policial de esta trama triangular que este martes llegaba a juicio.

Sin embargo, justo antes de la vista el caso se ha saldado con un acuerdo previo en el que Fiscalía y Xunta aceptaron rebajar notablemente las penas que pedían para que los acusados no entren en la cárcel. Estos admiten ser autores de delitos de cohecho y a cambio tendrán que abonar multas de escasa cuantía, de tan sólo 720 euros en el caso de Pichel y de poco más de 2.000 en el caso de Gómez-Gil, que además verá decomisados los 103.350 euros que recibió.

El caso Retablo se inició a comienzos de 2009, después de que vecinos de la parroquia de Paraños, en Covelo (Pontevedra), descubriesen que Gómez-Gil intentaba vender en internet la que había sido su casa rectoral por 680.000 euros tras comprársela a la Iglesia por solo 60.000 euros. Según el relato con el que llegaba al juicio el fiscal del caso, Antonio Roma, que acaba de dejar el puesto, la investigación destapó cómo los trabajadores de la Xunta facilitaban obras a las empresas de la trama a cambio de diversas compensaciones: Gómez-Gil “ingresó cantidades en efectivo procedentes de las empresas beneficiarias de sus informes en sus cuentas corrientes entre febrero de 2004 y mayo de 2008” por un total de 103.350 euros, decía el fiscal, mientras que Pichel “incrementó notablemente su patrimonio, siendo titular de catorce turismos y motocicletas además de numerosos inmuebles; en una ocasión recibió el beneficio en especie: una vaca de valor incierto superior a mil euros”. Sólo esa vaca ya valía más que la multa que ahora tendrá que pagar. “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”, llegó a decirle Pichel a un responsable de una de las empresas implicadas en una grabación policial que luego dejó de lado el último juez instructor del caso, Andrés Lago Louro.

Según el relato del fiscal, en la trama resultaron afectadas  22 actuaciones repartidas por el sur de las provincias de Pontevedra y Ourense que supusieron una inversión pública, fundamentalmente de la Xunta, pero también de ayuntamientos y diputaciones, de 700.000 euros. Otras entidades, fundamentalmente las parroquias implicadas y los feligreses, aportaron otro medio millón de euros.

A pesar de ser autonómicos la mayoría de los fondos implicado, Pichel, bien relacionado con el PP de la ciudad de Pontevedra, no fue acusado por la Xunta, que antes de aceptar el acuerdo llegaba al juicio pidiendo para Gómez-Gil siete años de cárcel y 17 de inhabilitación para cargo público.  El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos meses ha evitado acusar a otros funcionarios o cargos del PP implicados en otros casos de presunta corrupción, también había eludido en fases previas del caso acusar a la Iglesia, de la que inicialmente estuvieron imputados el exobispo de Tui-Vigo José Diéguez; el antiguo párroco de Paraños, José Sobrino; y el ecónomo de la diócesis, Benito Estévez. Los tres cargos eclesiásticos fueron viendo a medida que avanzó el caso cómo retiraban los cargos contra ellos sucesivamente la Xunta y el juez instructor, hasta que finalmente en junio del año pasado la Audiencia Provincial de A Coruña avalaba su desimputación.

Acuerdo final

Finalmente, el acuerdo alcanzado este martes hace que Gómez-Gil, para quien la Fiscalía pedía inicialmente tres años de cárcel y cinco de inhabilitación, sea considerado autor de un delito de cohecho por el que recibe una pena de dos años de prisión, con el objetivo de que no la tenga que cumplir por no tener antecedentes penales, y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Le serán decomisados 103.350 euros y tendrá que pagar una multa de 12 meses con cuota diaria de 6 euros. Por su parte, Pichel, para quien la Fiscalía pedía inicialmente dos años de cárcel y tres de inhabilitación, es considerado también autor de un delito de soborno pero ve notablemente rebajada la pena a una multa de cuatro meses con una cuota diaria de seis euros, lo que supone el abono de sólo 720 euros.

El acuerdo también recoge para cuatro empresarios, Olga Quintela López, David Durán Montero, Carmen Acuña Rey y Manuel Montes Carballa (este último ausente este martes y por lo tanto pendiente de firmar), la consideración de autores de delitos de cohecho y les impone un año de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese mismo tiempo y multa de mil euros a cada uno. Un quinto empresario acusado, Ignacio Márquez Vieira, falleció durante la instrucción.

Por su parte, la acusación popular ejercida por los vecinos de Paraños, que contaban con el respaldo unánime de los tres grupos políticos municipales de Covelo (PP, PSdeG y BNG) se sumó al acuerdo como mal menor después de que la Iglesia recuperase la propiedad de la casa rectoral cuya venta originó el caso. Su abogado, Carlos Feijóo, del despacho Fiúza & Abogados, dijo este martes estar “contentos de haber finalizado después de ocho años de caso; satisfechos a medias porque se consiguen condenas, aunque sean leves y no sean condenados todos lo que deberían; y tristes porque muchos de los vecinos que iniciaron esto, personas mayores, murieron durante este tiempo”.

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