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El exlíder del PP de Pontevedra será juzgado por cohecho

El que fuera presidente de la Diputación de Pontevedra hasta 2015 y actual titular de la Federación Gallega de Fútbol recibió, según la fiscalía, casi 90.000 euros por encima del precio de mercado por los locales comerciales que alquiló a otro concejal del mismo partido

El político conservador asegura ser inocente y ha venido presentándose como víctima de un "juicio político"

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Rafael Louzán, en una imagen de archivo EFE

El expresidente del PP y de la Diputación de Pontevedra hasta 2015, Rafael Louzán, se sentará en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito continuado de cohecho impropio. Lo hará junto a su esposa y con Severino Reguera, edil popular en Pazos de Borbén (Pontevedra), antiguo diputado provincial y propietario de la empresa que en septiembre de 2008 alquiló en el barrio vigués de Navia tres locales comerciales comprados apenas un mes antes por Louzán, entonces titular del gobierno provincial, a través de una hipoteca. Según el juzgado de instrucción número 2 de Cambados y la Fiscalía el actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol percibió durante algo más de media década por esos alquileres casi 90.000 euros por encima del precio de mercado, lo que para la investigación fue un caso de trato de favor que ahora tendrá que ser dilucidado ante un juzgado popular en la Audiencia de Pontevedra.

Según detalla el fiscal Augusto Santaló en el escrito de calificación en el que fija su posición al respecto, Reguera alquiló estos locales para unirlos a otros dos de su propiedad, situados justo al lado y que él acababa de comprar aunque inicialmente habían sido reservados por Louzán, y abrir allí un negocio de panadería y cafetería. Esta operación es para el Ministerio Público la primera muestra de que "el propósito inicial de los compradores era formar un único local, creando una especie de sociedad encubierta entre ellos".

Mientras los precios generales de los alquileres descendía como "fruto de la crisis" económica la empresa de Reguera pagó a Louzán un precio de hasta un 60% más por metro cuadrado que la media de los arrendamientos de la zona, según indica el fiscal a partir de cálculos de la Guardia Civil y de un peritaje de la Agencia Tributaria. El resultado, dice el mismo documento, fue que "hasta finales de 2013" Louzán y su esposa cobraron "un precio superior al pagado en esa zona de 89.026,74 euros, lo que supone un premio injustificado a estos", otorgado incluso teniendo en cuenta que en 2011 y 2012 el negocio de Reguera "tuvo pérdidas significativas", de más de 300.000 euros entre los dos años.

Así las cosas, el fiscal concluye que Louzán y su mujer "compraron unos locales de importante valor sabiendo desde elprincipio" que la hipoteca iba ser sufragada, a efectos prácticos, "por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en el mismo organismo", la Diputación, "y del mismo partido, y cuya proyección política, no es dificil adivinar", depende de quien era además líder provincial del PP. "Se trata de un trato de favor al expresidente y esposa que, en definitiva, supone el regalo en consideración del cargo (...) de unas importantes cantidades de dinero" y, en última instancia, de los locales en sí mismos. Esta conducta, resalta, encaja en el cohecho tipificado en el artículo 422 del Código Penal vigente.

Además, indica el Ministerio Público, es necesario tener en cuenta que "las relaciones" entre Louzán y Reguera implican "más actividades y conexiones y que son objeto de otras investigaciones judiciales", toda vez que una prima del concejal y exdiputado fue propietaria de una empresa constructora que recibió, dice el escrito, tres adjudicaciones de obras de la Diputación en Pazos de Borbén: la urbanización de un área recreativa y construcción de una piscina, la urbanización de una plaza y la construcción de unos vestuarios, esta última mediante un proceso al que fueron invitadas otras dos empresas que no cumplían los requisitos marcados. No obstante, la Diputación "realizó la adjudicación como si la tramitación administrativa fuera correcta".

Por todo esto, la investigación abierta por la Fiscalía en 2013 a partir de una comunicación anónima finaliza con Louzán, su esposa y Reguera en el banquillo de los acusados. En el caso del expresidente pontevedrés se enfrentará a una petición de pena de un año de prisión e inhabilitación y el Ministerio Público solicitará, además, el "decomiso" de los locales. Durante todo el proceso el político del PP ha mantenido su inocencia en un caso que, además, circunscribe a un "asunto personal". Desde su punto de vista está siendo víctima de un "juicio político": "Este caso existe porque me llamo Rafael Louzán y fui presidente de la Diputación", afirmó el pasado octubre ante los juzgados cambadeses.

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