El Gobierno Vasco podría perder un millón de euros por el retraso en la ejecución de la sentencia de las ITV
El retraso en cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ordena al Gobierno Vasco a cambiar de adjudicatario en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de Vitoria y Bergara puede generar un grave perjuicio en las arcas del Ejecutivo autónomo. La orden se dictó en julio, como consecuencia de una sentencia que viene del Tribunal Supremo, e instaba al Ejecutivo vasco a apartar inmediatamente de la gestión de las estaciones a la multinacional Applus+ en favor de ITA Asua. Sin embargo, ocho meses después, la sentencia sigue sin ejecutarse. Ese retardo hace que el Gobierno Vasco se arriesgue a tener que pagar una indemnización que se calcula cada día en unos 4.000 euros, es decir, casi un millón de euros en el tiempo que ha transcurrido desde septiembre (el plazo de dos meses es el que se considera razonable para ejecutar la orden del tribunal) hasta la actualidad.
El caso se remonta al año 1993, como comentó este diario en su edición de ayer. El Gobierno Vasco concedió la explotación de las ITV durante 30 años a cuatro empresas, y la decisión se recurrió hasta que el Supremo dio un varapalo al Ejecutivo autónomo en 2007. Los tribunales ya han obligado a que el lote de las estaciones de Vitoria y Bergara cambie de manos de inmediato. Por su parte, las estaciones de Zamudio y Arrigorriaga, por un lado, y de Trápaga y Amorebieta, por otro, están todavía en el aire ya que sigue en los tribunales y en fase de valoraciones. Y la decisión sobre las estaciones guipuzcoanas de Urnieta e Irun está pendiente de una nueva resolución judicial tras un recurso que aceptó el Constitucional por un fallo grave de forma en el Supremo.
El caso es que Applus+ ha disfrutado durante 19 años de la gestión de dos ITV y ha obtenido un beneficio neto de unos 28,5 millones de euros en este tiempo, a pesar de que, según el TS, nunca debió vencer el concurso porque lo ganó a dedo. ITA Asua, la empresa a la que se le usurpó la adjudicación, tuvo que dejar sin actividad la sociedad y despedir a sus trabajadores. Preguntados ayer los responsables de esta compañía sobre el proceso, declinaron manifestarse al respecto.
El anterior Gobierno de Patxi López dejó ultimada una propuesta de resolución del traspaso en las estaciones de Vitoria y Bergara, pero no llegó a ejecutarla. Desde el relevo a Iñigo Urkullu, la situación se ha seguido alargando hasta este momento. Por eso, el Gobierno se arriesga a que la empresa reclame el lucro cesante, es decir, el montante que deja de ganar por cada día que pasa en que la sentencia sigue sin ejecutarse.
En cuanto a la situación de los trabajadores, todas las partes dan por seguro que la nueva adjudicataria se hará cargo del personal que en estos momentos está trabajando para Applus+. Eso sí, aún queda por resolver si ITA Asua obtendrá la concesión por el periodo de 30 años o por solo los 11 años que quedan para que termine el contrato del que ha disfrutado injustamente la multinacional americana. Es uno de los importantes flecos pendientes, aunque el tiempo apremia.
