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Un candidato municipal del PNV, a juicio por prevaricación

Las elecciones vascas tienen el primer caso de un aspirante a concejal envuelto en un escándalo: el ex alcalde de Muskiz Gonzalo Riancho, acusado de adjudicar verbalmente un contrato

Aprobó la adjudicación pese al informe contrario del interventor municipal, que advirtió que era ilegal por incumplir “un proceso administrativo previo de contratación”

El juzgado que investiga el caso desde 2013 ha dictado la apertura del juicio oral tras asumir la acusación de la Fiscalía que considera que Riancho actuó “a sabiendas de su ilegalidad”.

El procesado reprocha “el uso político que se está haciendo de los tribunales”

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Las elecciones municipales vascas ya tienen el primer caso de un candidato que ha sido llevado a juicio por supuesta corrupción. Un juzgado de Barakaldo ha dictado la apertura de juicio oral contra Gonzalo Riancho, que concurre en la plancha municipal del PNV por Muskiz, por un delito de prevaricación cuando fue alcalde de esta localidad vizcaína. A Riancho se le acusa de adjudicar verbalmente un contrato “sin cumplir un proceso administrativo previo de contratación” y pese al informe contrario del interventor municipal. “La adjudicación del servicio debe calificarse de nula de pleno derecho”, sostenía el interventor en su informe sobre el caso.

El juzgado de instrucción número 4 de Barakaldo, que instruye este caso desde 2013, ha dictado la apertura del juicio, en un auto fechado el pasado 7 de mayo pero conocido este miércoles, al asumir la acusación de la Fiscalía de Bizkaia. El Ministerio Fiscal consideró el pasado mes que Riancho procedió ilegalmente cuando era alcalde de Muskiz (ocupó el cargo entre 2007 y 2011 en representación de Eusko Alkartasuna). “A sabiendas de su ilegalidad, adjudicó verbalmente a Gehilan 2000 SL la gestión de cursos y organización de cursos de verano en el Centro de Formación de Somorrostro sin cumplir un proceso administrativo previo de contratación”, concluye el informe de la Fiscalía, fechado el 1 de abril.

La cantidad no es importante, un total de 35.400 euros pero la Fiscalía y el juzgado estiman que se ha cometido un delito de prevaricación, con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años. Las facturas se aprobaron además en junio de 2011, en el periodo de transición de la nueva alcaldía.

Este caso surgió tras la denuncia presentada por el grupo municipal Muskiz Bai, en 2013, en el que señalaba las presuntas irregularidades e incluso apuntaba que no había justificación de los servicios prestados. En la instrucción judicial aparece el informe contrario del interventor municipal al pago de la factura. “Desde el punto de vista del procedimiento y dado el concepto y el importe del servicio adjudicado, debiera haberse abierto e iniciado un procedimiento de contratación, cosa que no se ha realizado. Por ello se informa que por los motivos expuestos, la adjudicación del servicio debe calificarse de nula de pleno derecho”, concluye el interventor.

De hecho, a partir de 2012 se ha mantenido el pago por estos cursos de formación pero ya a través de un convenio de colaboración y directamente al centro de FP de Somorrostro, sin que aparezca la empresa Gehilan.

Riancho, que pese a presentarse por EA hace cuatro años (ahora ya no pertenece a esta formación) ha apoyado esta legislatura al gobierno en minoría del PNV, concurre como independiente en las próximas elecciones en el puesto sexto de la plancha peneuvista.

El procesado tachó la denuncia de “política”. En declaraciones a eldiarionorte.es, Riancho denunció “el uso político que se está haciendo de los tribunales” en este caso y que si “hubiera dejado de ser alcalde hace dos años, nadie me acusaría de nada” .

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