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Abusos policiales, mentiras y microacuerdos

Solo con negociación y voluntad política logrará el lehendakari Urkullu evitar que la anuncia Ley sobre el reconocimiento y reparación a las víctimas de los abusos policiales en democracia acabe en los tribunales como pasó con su decreto de 2013.

Con los mimbres de la cintura política y la búsqueda del consenso se consiguió que las duras críticas del Gobierno del PP y del entonces líder de los populares vascos y socio del lehendakari Lopez, Antonio Basagoiti. no se tradujeran en un recurso ante los tribunales.

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Mendia Con Iñigo Iturrate Y Alberto Surio

La consejera Idoia Mendia, junto a una familiar de abusos policiales, en el primer acto de reconocimiento a estas víctimas por un Gobierno.

"Una de las claves para que este segundo decreto para el reconocimiento a las víctimas de abusos policiales desde finales de 1978 en adelante pueda ver la luz y ser eficaz es que cuente con el visto bueno del Gobierno de España como ocurrió con el primero. Es cierto que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, censuró públicamente el primer decreto, pero la oposición del Estado se limitó a las palabras y no se tradujo en recurso alguno en los tribunales debido a que el texto había incorporado las sugerencias jurídicas de Madrid".

Así escribía un periodista que lleva décadas dando cuenta de la actividad del Gobierno en Vitoria los planes que tenía el anterior del lehendakari Patxi López cuando se produjo el adelanto electoral y se dio al traste con la posibilidad de aprobar un segundo decreto en el que el Ejecutivo iba a meter mano a los abusos policiales ocurridos en Euskadi tras la aprobación de la Constitución, en plena etapa democrática. Un decreto que se iba a abordar con la misma metodología empleada por los socialisas para reconocer y reparar a las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978. Pero con la enorme dificultad añadida de que ya no se trataba de hincar el diente a la etapa franquista y los estertores del régimen anterior, sino a una sociedad que avanzaba lentamente -pese al terrorismo de Estado, el golpe de Tejero y otras muestras de la pervivencia de conductas y actos abominables y antidemocráticos- hacia la de un Estado democrático homologable con las democracias europeas a las que pronto se uniría tras entrar en la Comunidad Europea.

Alumbrar el primer decreto no fue tarea fácil para la entonces consejera de Justicia y ahora líder del PSE-EE, Idoia Mendia. Pese al convencimiento y total apoyo del lehendakari López para dar ese paso, el socio de Gobierno, el PP de Antonio Basagoiti, no desaprovechaba ni una oportunidad para zumbar de lo lindo las pretensiones del Ejecutivo socialista en esa materia. Pero la palabra consenso fue la moneda de cambio fundamental a la hora de impulsar esta política de reconocimiento a unas víctimas que habían sido olvidadas por los poderes públicos desde siempre. Consenso en la comisión parlamentaria que hizo posible que cuando se aprobó el documento sobre las mismas nadie se opusiera a la necesidad de visibilizar a las víctimas de abusos policiales. Y ahí fueron claves personas como Txema Urkijo valor desperdiciado por el lehendakari Urkullu cuando optó por Jonan Fernández en la crisis que se abrio en la Secretaría de Paz y Convivencia; la directora de Derechos Humanos, Inés Ibañez de Maeztu, que acompañó en las numerosas visitas que realizó la consejera Mendia a los familiares de estas víctimas fuera del foco mediático, el socialista Jesús Loza, o la propia Aintzane Ezenarro, entonces parlamentaria en Aralar, cuyos trabajos de orfebrería parlamentaría en la comisión fueron fundamentales para tejer consensos con el PP y el PNV, con el mundo de la izquierda abertzale que siempre renegó de la violencia y con algunas víctimas concretas, como los familiares de Txiki y Otaegi, miembros de ETA fusilados en 1975.

El equipo de Jonan Fernández decidió sin negociación con el Gobierno central aprobar una modificación de ese decreto en octubre de 2013 que no gustó a Mariano Rajoy, ni al delegado del Gobierno en Euskadi, ni a la Abogacía del Estado, que terminó recurriendola ante los tribunales.

Consenso, negociación y voluntad política. Con esos mimbres se logró evitar que las críticas del Gobierno del PP y de Antonio Basagoiti se tradujeran en un recurso ante los tribunales. Poca gente sabe los esfuerzos que se hicieron desde el Gobierno para limar jurídicamente -que no políticamente- el decreto elaborado por la asesora fichada para impulsar esa política de reconocimiento, Manuela Carmena. Ahí, el trabajo del actual director de la Agencia de Protección de Datos, Iñaki Pariente de Padra, y del asesor legal de la entonces consejera de Justicia Mendia, José Cuesta, también fue relevante.

Y la posterior relación con el Gobierno central. Hasta dos respuestas llegaron del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y sus Servicios Jurídicos -nunca se intercambiaron posiciones con el Ministerio del Interior- en las que desde la Subdirección de Régimen Jurídico Autonómico se hacían alguna salvedades legales a aspectos concretos del decreto. Nada que afectara al núcleo el texto y no se pudiera solventar con paciencia y voluntad política. "Porque lo importante eran las víctimas y su reconocimiento y valoración", añaden fuentes conocedoras de aquel intercambio de cartas y pareceres.

Esta es una buena aproximación a la verdad de lo ocurrido entre bambalinas a la hora de redactar aquel decreto. 

Imágenes de la policía durante el 3 de marzo de 1976.

Imágenes de la policía durante el 3 de marzo de 1976.

Lo demás ya es historia conocida: el equipo de Jonan Fernández decidió sin negociación con el Gobierno central aprobar una modificación de ese decreto en octubre de 2013 que no gustó a Mariano Rajoy, ni al delegado del Gobierno en Euskadi, ni a la Abogacía del Estado, que terminó recurriendola ante los tribunales.  Y ahora los jueces del Tribunal Superior de Justicia vasco han tumbado parte de esa reforma, lo que obligará a Urkullu y Fernández a modificar el articulado del decreto para que esté ajustado a derecho y mantener así la seguridad jurídica de los actos de la Comisión de Valoración y que pueda seguir con su trabajo.

El lehendakari no vivió nada bien ese recurso. Cuentan sus asesores que de hecho esa decisión motivó una conversación telefónica con el presidente del Gobierno español en la que Urkullu afeó a Rajoy una decisión que podía incluso ser entendida en la sociedad vasca como un paso atrás en la política de reparación de esta víctimas, injustamente olvidadas durante décadas. Pero si esa preocupación no es impostada -y nada hace sospechar que así sea, más bien todo lo contrario- lo conveniente para lograr la "seguridad jurídica" que se pretende con la nueva ley es que consensúe con la Administración central.

Solo con consenso, negociación y voluntad política logrará el lehendakari Urkullu evitar que la anunciada  Ley sobre el reconocimiento y reparación a las víctimas de los abusos policiales en democracia, prevista para otoño, acabe en los tribunales como pasó con su decreto de 2013. Y sería bueno aplicar a este tema la política de microacuerdos que defiende Jonan Fernández y el propio lehendakari en su contestado Plan de Paz y Convivencia.

Lo demás será repetir errores, enredarse en el discurso del victimismo y olvidar lo importate: el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales en la etapa democrática en España.

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