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El Gobierno deberá aclarar la vuelta de De Miguel a una empresa pública

El ex dirigente del PNV Alfredo De Miguel.

Alberto Uriona

Bilbao —

El Gobierno tendrá que aclarar este viernes la situación laboral del ex número dos del PNV de Álava, imputado junto a otras 10 personas (en su mayoría ex cargos peneuvistas y familiares) en el denominado caso De Miguel (una supuesta red de corrupción urbanística en el Parque Tecnológico de Álava). EH Bildu ha formulado una pregunta oral en el pleno al lehendakari Iñigo Urkullu sobre su vuelta a la Administración Pública.

El parlamentario Igor López de Munain ha pedido aclaraciones tras la información publicada por el diarionorte.es sobre el hecho de que De Miguel trabaja desde noviembre en la empresa pública vasca Hazi (la sociedad pública que integró hace tres años el conglomerado de empresas del área de Agricultura y Pesca) en Derio. Su reincorporación se produjo gracias a la doble excedencia forzosa que tenía en la administración pública y sus compañeros de trabajo desconocían las tareas que realizaba en Hazi.

El ex dirigente peneuvista tenía blindada su vuelta a la administración pública primero en una 'industrialdea' (polígonos industriales públicos dependientes de la sociedad Sprilur, del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad), donde estuvo de gerente, y en IKT (una ingeniería integrada actualmente en Hazi). Cuando se destapó el caso de la presunta corrupción urbanística, quiso volver a su puesto en la industrialdea pero no fue readmitido por el entonces Departamento de Industria, que le indemnizó con más de 22.000 euros.

Entonces, recurrió a la consultora IKT, donde fue readmitido en mayo de 2010 pero solo estuvo un día al pedir la baja. Un hecho que ya indignó a sus compañeros de trabajo. El pasado noviembre, más de tres años después, se ha reincorporado a IKT aunque ya dentro de la empresa pública Hazi. Cuando consiguió la doble excedencia, estaba al frente de IKT el peneuvista y actual parlamentario de esa formación Luis Javier Tellería, amigo personal de De Miguel, que le concedió esa excedencia aunque no era obligatorio porque el imputado por corrupción se trasladaba a otra sociedad pública, dependiente de Sprilur.

El parlamentario de EH Bildu destaca que el ex dirigente peneuvista se halla imputado “por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, utilización indebida, falsedad documental y alteración de precios en licitaciones públicas” y quiere conocer las funciones que realiza en la empresa Hazi.

La petición de excedencias forzosas en los cambios de trabajo de una sociedad pública a otra era muy común en los gobiernos del lehendakari Juan José Ibarretxe. De hecho, en agosto de 2007, cuando es nombrado diputado foral, Alfredo de Miguel solicita que le confirmen las condiciones de la excedencia de IKT, que había pedido seis años antes.

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