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La conciliación laboral y familiar que nunca llega

La natalidad vuelve a retroceder en Euskadi y las instituciones no dan con la tecla para incentivar los nacimientos.

Los expertos reclaman  una reorientación completa del actual modelo de prestaciones económicas, dando prioridad a la protección de las familias con hijos y los jóvenes

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EFE

Apenas nacen niños en el País Vasco. Es una expresión que se repite año tras año sin solución de continuidad. Es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad vasca y las española en su conjunto. La natalidad no levanta cabeza en la comunidad autónoma y en estos momentos se sitúa en 8,8 hijos por cada 1.000 habitantes, por detrás de la media estatal (9,1) y más lejos todavía de la media comunitaria, que es de 10. En unos años, la comunidad autónoma contará ya con más del doble de personas mayores de 65 años que de menores de 20 años.

Varios informes de expertos apuntan a la insuficiencia de las políticas de apoyo a la familia en la comunidad autónoma, lo que agrava los problemas de las parejas jóvenes para tener niños. El Gobierno vasco se ha embarcado en un plan de fomento de la natalidad, pero sus efectos no se van a sentir, en el mejor de los casos, hasta que pasen algunas décadas. El Ararteko ya ha llamado a  un cambio en la política familiar, insistiendo en que la conciliación de la vida laboral y familiar es fundamental para lograr ese objetivo.

Euskadi cuenta con una ley de apoyo a la familia desde 2008, pero siete años después todo sigue igual. El sistema actual de subsidios y deducciones fiscales por hijo no han dado frutos demográficos, advierten los expertos. Joseba Zalakain director del Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga, aboga por una reflexión sobre el modelo de protección económica que se ofrece a las familias en Euskadi, “considerando de forma integral las diferentes prestaciones y ayudas existentes en la actualidad [desgravaciones fiscales, ingresos mínimos, ayudas familiares de ámbito autonómico y prestaciones familiares de la Seguridad Social] desde la óptica de la universalidad y la normalización”.

Esto implica, en su opinión, “que todas las familias deberían recibir algún tipo de apoyo, aunque no necesariamente del mismo nivel o intensidad. El sistema de garantía de ingresos no debería seguir siendo el principal recurso para la protección de las familias de rentas bajas o sin ingresos. En su defecto, cabría pensar en una extensión de las actuales desgravaciones fiscales por descendientes ampliando su cuantía e introduciendo la figura de los créditos fiscales reembolsables, de forma que se redujera, en mayor medida que en la actualidad, la deuda tributaria de las familias de rentas medias y altas, y se  generara una prestación periódica neta  para las familias de rentas bajas o sin ingresos”.

Entre 2011 y 2014, el Gobierno vasco ha gastado unos 233,4 millones de euros en ayudas por nacimiento y adopción, y por conciliación (excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos y de personas enfermas y dependientes. Euskadi dedica a la familia el equivalente al 1% de su PIB frente al 1,5% del conjunto de España.

Política integral

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi-Hirukide ha remitido a las diferentes formaciones políticas que se presentan a las elecciones vascas del día 25 un documento en el que, entre otras cuestiones, reclama "una verdadera política familiar integral". En dicho documento se interpela a las formaciones para ver qué están dispuestos a hacer por las familias con hijos en Euskadi y por enderezar el panorama demográfico, económico y social que se presenta a medio y largo plazo.

Entre otras medidas, Hirukide aboga por desarrollar medidas de conciliación laboral y familiar más ambiciosas y eficaces, y una fiscalidad más justa y redistributiva.

La crisis y el desempleo han hecho retroceder las solicitudes de conciliación laboral un 32% entre 2011 y 2014. Nueve de cada diez personas que tramitan ayudas por excedencia o reducción de horario para cuidar a hijos hasta los 12 años son madres. Los incentivos económicos a la conciliación laboral en Euskadi van entre 3.255 y 1.692 euros anuales, dependiendo de que se trate excedencia o reducción de jornada, de las horas recortadas y de la renta y tipo de familia.

Según Zalakain, el diferencial de Euskadi con Europa en lo que se refiere a las políticas familiares y de apoyo a la infancia se debe no tanto a que en la comunidad autónoma se gaste menos en protección social, que también,

sino a que el gasto en protección social que se realiza en Euskadi está mucho menos orientado que  en los demás países de la Unión Europea a la protección de las familias con hijos a cargo”.

 Así pues, “la cuestión relevante es que Euskadi no solo gasta menos que la media de la UE en protección social, sino que en el ámbito de la familia la diferencia con la UE es todavía más acusada que en el caso de las demás políticas sociales: si Euskadi destina a todas las prestaciones de protección social una proporción del PIB menorque el conjunto de la UE, es precisamente en la función de familia, junto a la de vivienda, donde la diferencia es mayor”.

 

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