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La incineradora de Zabalgarbi superó cuatro veces los límites de contaminación

Alberto Uriona

Bilbao —

El principal grupo verde vasco, Ekologistak Martxan, ha constatado deficiencias ambientales en la actividad de Zabalgarbi, la única incineradora de residuos de Euskadi ubicada en Bilbao. Un informe señala que en 2012 se superaron en cuatro ocasiones los límites de sustancias tóxicas, como monóxidos de carbono, mercurio o ácido clorhídrico, y destaca también las emisiones de mercurio a través de su chimenea principal.

Los ecologistas han asegurado que el mercurio, “que no es retenido por los filtros de la incineradora, tiene una gran toxicidad, especialmente para el sistema nervioso y es bioacumulable”. Han calculado que, al repartir la emisión detectada entre los 350.000 vecinos de Bilbao, “supondría una ingesta de 4,27 mg por persona y año y estaría un poco por debajo de la ingesta ”tolerable“ establecida en 2003 por la Organización Mundial de la Salud (6,06 mg/año) para una persona de 70 kilos”.

El estudio, presentado esta mañana por el profesor de la Universidad del País Vasco Gorka Bueno y otro ex profesor de Valencia y experto en incineración, Carlos Arribas, señala que se han incumplido las exigencias que impone la Unión Europea. Por eso, se ha remitido un escrito al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco para que aclare las deficiencias que incumplirían la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un permiso especial fijado por la UE para las industrias más contaminantes, que concedió el Ejecutivo autónomo a Zabalgarbi.

El informe cuestiona igualmente la actividad de planta de valoración (de generación de energía) de Zabalgarbi ya que, según sus datos, no cumple los niveles exigidos de eficiencia energética. Esto, aseguraron, supone que es una planta de eliminación de residuos, lo que endurece el tratamiento de los residuos que recibe.

La incineradora de Zabalgarbi empezó a funcionar en 2004 y acoge la basura de la mayor parte de los municipios de Bizkaia. El último año con datos oficiales, de 2004, quemó casi 225.000 toneladas. Es una infraestructura de incineración singular ya que genera electricidad a través de la combustión de los residuos pero también con el gas, como una central de ciclo combinado. Su puesta en marcha estuvo rodeada por una gran polémica y, de hecho requirió más de 10 años de gestiones, por la fuerte contestación social. El capital público, de la Diputación de Bizkaia preferentemente, fue mayoritario cuando se puso en marcha pero ahora el accionariado privado tiene el 65%, con las empresas FCC, Sener y Kutxabank.

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