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La justicia reabre el caso de la jueza que preguntó a una víctima de abusos si “cerró bien las piernas”

El Consejo General del Poder Judicial reabre el caso contra la jueza después de que el instructor de este órgano archivara hace un mes las diligencias abiertas.

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La Asociación Clara Campoamor pide ser acusación popular en el caso del pederasta

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz. EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido reabrir el expediente contra la jueza de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria, María del Carmen Molina Mansilla, quien preguntó a una mujer agredida sexualmente si había cerrado bien las piernas. La reapertura del caso se produce apenas un mes después de que el propio CGPJ  optara por el archivo de la denuncia interpuesta contra la magistrada por la Asociación Clara Campoamor, que pidió que se apartara o suspendiera a la magistrada al entender que durante su interrogatorio trató de manera ofensiva a la denunciante.

La apertura del expediente se ha producido por orden de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces después de que el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero,  archivara la denuncia

La asociación Clara Campoamor recurrió el archivo y la Comisión Permanente, que aceptó el recurso el pasado 7 de julio, ordenó al promotor que incoara de nuevo expediente contra esta jueza. Ahora se abre una investigación para esclarecer si pudo incurrir en alguna conducta que pueda ser sancionada de forma disciplinaria; es decir, si los hechos pueden constituir una falta grave o leve de trato desconsiderado.

Concretar los hechos

En su día, el promotor de la Acción Disciplinaria estudió la grabación de la declaración, de casi 45 minutos, y decidió el archivo de la denuncia al entender que las palabras de la jueza se enmarcan en la necesidad de concretar los hechos porque las agresiones sexuales habrían ocurrido entre 2011 y 2012, sin que fueran denunciadas en su día y sin que haya partes médicos.

El acuerdo del CGPJ destacó que las palabras de la jueza María del Carmen Molina se tenían que "valorar en el ámbito de su necesidad de concretar el empleo de la fuerza física y la oposición o resistencia de la víctima frente a la agresión ante la inexistencia de otros datos o elementos que llevaran a clarificar los hechos". Asimismo, recordó que ninguno de los letrados ni el Ministerio Público hicieron constar ninguna queja durante el interrogatorio.

Sin embargo, con la decisión de la Comisión Permanente de desautorizar el archivo acordado por Fonseca-Herrero se abre expediente, que deberá culminar con un nuevo archiva o con la imposición de una sanción a la jueza.

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