Instituciones Penitenciarias deja en libertad a dos peligrosos delincuentes por un error administrativo
El pasado 27 de julio, los reclusos Jorge Daniel Rojas Lara y Dangelo Jefferson Sepúlveda Lazcano, ambos chilenos, abandonaron sus celdas, recogieron sus objetos personales y salieron como si nada por la puerta principal de la prisión de Alcalá Meco, pese a que una juez había dictado contra ambos orden de prisión incondicional comunicada y sin fianza por su presunta implicación en varios robos con fuerza. Los investigadores sospechan que son integrantes de una peligrosa organización criminal, pero desde entonces les han perdido la pista. Ni la Justicia, ni la policía ni Instituciones Penitenciarias saben dónde han ido a parar.
El papel que permitió a estos dos presuntos integrantes de una banda especializada en atracos y robos con fuerza quedar libres y sortear las gravísimas acusaciones que pesan contra ellos se tramitó en la prisión de Alcalá Meco y parte de un error administrativo.
Ese mismo miércoles, 27 de julio, por la mañana los dos presos -junto a un tercero, internado en la cárcel de Navalcarnero- salieron de sus respectivas prisiones para participar en una rueda de reconocimiento por un caso distinto que el juzgado de instrucción número 18 de Madrid sigue contra ellos por otro “robo con fuerza e intimidación”. La declaración del testigo no fue determinante y el titular del juzgado número 18 de Madrid dictó una orden de libertad condicional, que revocaba un auto de prisión anterior, con la obligación de que los tres se presentasen ante él tantas veces como fuesen citados.
El tercer recluso regresó a la prisión de Navalcarnero, donde sigue esperando a que se resuelva la otra causa en la que está involucrado. Rojas Lara y Sepúlveda Lazcano, viejos conocidos de la policía, tuvieron más suerte. La burocracia de la prisión se olvidó del segundo caso que les mantenía en la cárcel y les concedió la libertad.
Desde entonces nada se sabe de ellos: tampoco la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo que el próximo 18 de agosto tiene programada otra rueda de reconocimiento para que víctimas y testigos de varios robos digan si les suenan sus caras.
Funcionarios de la cárcel de Alcalá Meco se dieron cuenta de la equivocación al día siguiente muy temprano. Según la documentación que obra en la causa, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el 28 de julio a las 8:30 de la mañana trabajadores de la prisión contactaron con la juez de Pozuelo para comprobar que ambos reclusos debieran haber permanecido en prisión. La respuesta fue afirmativa.
Una circular remitida al juzgado por parte de la prisión vía fax a las 9:05 y que se encabeza con el membrete del Centro Penitenciario Madrid 2 reconoce “el error” y lo atribuye a una una confusión entre los dos casos en los que los reclusos estaban involucrados: “Mediante el presente le participamos que en el día de ayer recibido en el C. P. Madrid II Auto de fecha 27/07/2016 del Juzgado I. Madrid Nº 18 decretando la libertad provisional de los internos Rojas Lara, Jorge Daniel y Sepúlveda Lazcano, Dangelo Jefferson, los mismos y por error del Centro Penitenciario fueron puestos en libertad por la causa que investigan las diligencias previas 230/2016 del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, sin que los mismos tuvieran ninguna otra causa presa, por lo cual fueron EXCARCELADOS”.
El documento remitido por el Centro Penitenciario de Alcalá Meco al juzgado de Pozuelo detalla al final las direcciones y teléfonos de contacto que facilitaron los dos presos al abandonar la cárcel. Uno de los números de móvil ha resultado ser falso. En él contesta una mujer que no tiene nada que ver con la causa. Las llamadas al otro son perdidas. En sus supuestos domicilios tampoco hay rastro de ellos.
Nada más conocer la equivocación, el mismo 28 de julio, la juez de Pozuelo dictó un auto en el que ordena “la búsqueda, detención e ingreso en prisión” de los dos presuntos delincuentes, que en sus razonamientos jurídicos reprocha “el grave error cometido por el centro penitenciario”. También alerta de los riesgos de “sustracción y fuga” que entraña la presencia de los presuntos atracadores en la calle. De momento, todas las gestiones para dar con su paradero han sido en vano.
Dos jueces de Pozuelo y Madrid que investigan a la misma banda de atracadores chilenos se han quedado sin sospechosos.
