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Cospedal promete intentar buscar los contratos del Yak-42 que nunca han aparecido

Cospedal tendrá que preguntar en la agencia de la OTAN que encargó la contratación del vuelo dónde está un contrato que nadie ha visto aún

El exministro José Bono asegura poseer nuevas pruebas que demostrarían la campaña de ahorro que rodeaba los contratos de transporte de militares

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El PSOE pide que Cospedal informe al Congreso sobre el dictamen del Yak-42

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal EFE

La ministra de Defensa ha conseguido lo que parecía imposible para un dirigente del Partido Popular: reunirse con las familias de los fallecidos en el accidente del Yakovlev-42 y tranquilizar sus ánimos tras 14 años de puertas cerradas y sin apenas respuestas.

Para ello, María Dolores de Cospedal ha hecho dos cosas: reconocer que Federico Trillo lo hizo mal y prometer una investigación para encontrar los contratos que nunca fueron aportados a ninguna de las tres causas judiciales abiertas en su día en relación con el accidente. 

El capítulo de la investigación que Cospedal iniciará "por tierra mar y aire", según sus propias palabras, nace con poca convicción de éxito. Durante la hora y media de reunión con las familias, la ministra aseguró:  "Si los otros (ministros) no encontraron nada, yo no les puedo garantizar que vaya a encontrar nada. Los voy a buscar como supongo los buscaron los otros. Quiero creer en la buena intención de mis predecesores". 

Mientras la ministra de Defensa se citaba con los familiares de las víctimas, José Bono hablaba del accidente en las páginas del diario El País. En esa entrevista, Bono asegura poseer pruebas no conocidas hasta la fecha que demostrarían que el Gobierno estaba aplicando un criterio de ahorro extremo en el transporte de tropas, como consecuencia de los gastos asumidos por el accidente del Prestige y durante la guerra de Irak. "Si alguien niega estos hechos, mostraré el documento", asegura el ministro.  

¿Se llevó alguien 110.00 euros? Es la primera gran pregunta abierta tras las revelaciones que en su día realizó el ministro de Defensa, José Bono. El veterano socialista envió a un comandante a Kiev (Ucrania) para obtener el contrato del vuelo en la sede central de UM Air, la compañía que había operado el viaje. El encargo se cumplió solo a medias. El enviado volvió a España tan solo con la primera y la última página del documento. De aquellas dos hojas, Bono sacó la conclusión de que el Gobierno había pagado mucho más de lo que la compañía había cobrado por fletar el aparato: 110.000 euros se habían perdido en el camino. 

La Administración socialista no llegó mucho más allá y nadie explicó nunca los motivos por los que Defensa no conservaba una copia de aquel contrato. Cospedal será ahora la encargada de seguir tirando de ese hilo.

Los 43 contratos perdidos

Las familias de los fallecidos llevan más de una década reclamando los 43 contratos anteriores al del Yakovlev siniestrado. Según Curra Ripollés, hermana de uno de los fallecidos, "Defensa llevaba mucho tiempo transportando a los soldados en precario y cualquiera de los contratos anteriores valdría para demostrarlo. Han desaparecido todos".  

NAMSA era la agencia de logística de la OTAN en la que se apoyó el Ministerio de Defensa para contratar el vuelo que acabaría estrellándose en las inmediaciones del aeropuerto turco de Trebisonda. En sus oficinas tiene Cospedal su primer escenario de investigación.

La cadena de subcontratas que acabó con 62 militares españoles a bordo de un avión propiedad de una compañía ucraniana empezó en NAMSA. "Si Bono pidió información a NAMSA, nunca nos lo contó", afirma Ripollés en conversación telefónica con eldiario.es.

La ministra de Defensa parece decidida a tocar todas esas puertas. A las familias les ha prometido: "Buscaré dentro y fuera de España".  

La tarea a la que Cospedal se ha entregado podría tener como resultado el primer reconocimiento oficial por parte de Defensa de la pérdida de los contratos. Los familiares han pactado con la ministra volver a reunirse para conocer el resultado de sus averiguaciones.

Defensa nunca ha reconocido la pérdida de los contratos en un documento oficial. Si los contratos no aparecen, la ministra se verá obligada a reconocerlo por primera vez ante unos familiares ignorados por los tribunales en multitud de ocasiones.

El juez Grande Marlaska decidió en 2012 el "sobreseimiento libre" de la cúpula militar de la época de Trillo. La decisión, adoptada contra el criterio de la Fiscalía, supuso el archivo de la causa en relación a la contratación del vuelo. 

Varios años después (2016), Marlaska visitó Zaragoza para presentar su biografía, Ni pena ni miedo.  Muchos de los fallecidos en el vuelo procedían de la capital aragonesa. Quizá por ello, los titulares de aquel día destacaron la frase del magistrado sobre el proceso que envió al cajón: "Con el Yak-42 tengo la conciencia tranquila".  

Resulta difícil aventurar si las investigaciones prometidas por Cospedal podrían tener como consecuencia la apertura de una nueva causa. La legislación española señala que aquello que ya se ha juzgado, no podrá juzgarse de nuevo. 

Sin embargo, la aparición de nuevas pruebas forzaría, según fuentes jurídicas, un nuevo proceso si en él se señalasen a nuevos responsables que no han sido juzgados. Federico Trillo nunca llegó a ser imputado y, por tanto, podría ser juzgado si algún elemento nuevo indicase con claridad su responsabilidad en la catástrofe. 

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