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La crisis de vivienda en España pone en riesgo los derechos humanos

La familia de Isabel y Benigno durmiendo en la puerta de su casa tras ser desahuciados. \ AP Andrés Kudacki

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El Gobierno español no ha hecho lo suficiente para amortiguar el impacto de la crisis en los grupos más vulnerables, sobre todo en lo relacionado con el derecho a la vivienda y con la deuda con la que cargan las familias tras perder su hogar. Es la principal conclusión del informe presentado el lunes por Human Rights Watch.

La historia de Daniela, una madre soltera desempleada que fue desahuciada en mayo de 2011 por el impago de las cuotas de su hipoteca, es solo uno de los muchos casos que recoge la ONG. Su hijo mayor, que tiene hoy 14 años, comenzó a tener problemas en el colegio cuando tuvieron que enfrentarse al trauma que supone un desahucio. “Él lo sabía todo. La escuela me recomendó que fuese a ver un psicólogo”, cuenta. Ella también fue a terapia y tomó los medicamentos que le recetaron: “Sentí como si estuviera en un agujero negro. Pero tengo que tener la fuerza para seguir adelante. Tengo tres hijos, no puedo permitirme el lujo de la depresión”.

Como ella, decenas de miles de familias se han enfrentado –o se enfrentan– a la ejecución hipotecaria de viviendas que compraron en el momento álgido del boom económico, cuando los préstamos (muchas veces a costa de prácticas irresponsables) parecían al alcance de cualquier bolsillo. El informe Sueños rotos: El impacto de la crisis de vivienda en España sobre los grupos vulnerables documenta a través de 44 entrevistas la realidad de las personas que han experimentado un desahucio en primera persona, junto al testimonio de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Gobierno. Las principales víctimas: los inmigrantes, las mujeres que son cabeza de familia o víctimas de abuso económico por parte de una ex pareja y los niños.

“El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento”, asegura Judith Sunderland, investigadora senior para Europa Occidental de Human Rights Watch y autora del informe. “Pero no se trata simplemente de una cuestión de aspiraciones aplastadas. Esto es una cuestión de responsabilidades del Gobierno de garantizar derechos humanos básicos, incluido el derecho a una vivienda adecuada. Porque, aunque el Ejecutivo ha tomado algunas medidas, éstas se han mostrado insuficientes a juzgar por los últimos datos sobre lanzamientos”, puntualiza.

Esta situación, desesperada para miles de familias, se enmarca en un contexto de políticas que han promovido históricamente el acceso a la vivienda a través de la propiedad y el endeudamiento. Las prácticas de préstamo irresponsables, las cláusulas injustas de los contratos hipotecarios (como tasas de interés de demora exorbitantes, el comportamiento sin escrúpulos por parte de los intermediarios), así como la falta de supervisión durante los años del auge económico, crearon una tormenta tóxica perfecta cuyas repercusiones podrían sentirse durante años, explica el documento. “Esa falta de control del estado se está volcando de forma violenta sobre la vida de las personas”, denuncia Sunderland.

Apenas un 2% de vivienda pública

Como consecuencia directa de todas estas políticas, España tiene uno de los niveles de propiedad de vivienda más altos de la Unión Europea –alcanza el 85%—, pero apenas el 2% de la oferta total está reservada para la vivienda pública o de alquiler social. Al estallido de la burbuja, que hoy deja un panorama desolador con más de 5 millones de desempleados, le precedió una etapa de boom inmobiliario y crediticio que fomentó la construcción de muchas más viviendas que las que una población como la española necesitaba. Entre 1997 a 2007, período durante el cual se construyeron más viviendas en España que en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos, el sector inmobiliario y de la construcción llegó a constituir hasta el 43% del PIB del país.

En 2006 se concedieron, según datos del INE, más de 1.300.000 hipotecas. En ese mismo año, cuando se levantaron 600.000 viviendas, se registró también el pico máximo de construcción. A partir de entonces, las cifras fueron en caída libre. Pero la factura del desmadre no se ha pasado por igual a todas las partes implicadas. Son los propietarios, la mayoría personas que asumieron un crédito para poder frente a la compra de su vivienda habitual, los más duramente golpeados por el pinchazo de una burbuja que estuvo alimentada durante décadas por Gobiernos de todos los colores políticos.

“Las autoridades españolas deben adoptar medidas para ayudar a un mayor número de personas y familias a evitar los desahucios, asegurar una vivienda asequible y garantizar el acceso a la reestructuración equitativa de la deuda, su alivio e incluso su cancelación”, señalan desde Human Rights Watch. “El Gobierno debe actuar con rapidez para reformar la ley de insolvencia en España con el objetivo de proporcionar una vía de acceso equitativo a la liberación de la deuda. Y la Comisión Europea debería supervisar que España haga efectiva una reciente directiva de la UE sobre las hipotecas”, apuntan.

El derecho a una vivienda adecuada, indican los responsables del informe, es un componente del derecho a un nivel de vida adecuado. “El derecho a una vivienda adecuada no incluye el derecho a la propiedad ni a conservar la propiedad bajo toda circunstancia. Sin embargo, sí impone a los Gobiernos la obligación de instituir políticas y legislaciones que garanticen progresivamente una vivienda digna para todos los segmentos de la sociedad de la manera más rápida posible. La asequibilidad es un aspecto clave de esta obligación”, afirman.

Una ley insuficiente

Como respuesta a la presión pública, incluyendo el millón y medio de firmas de apoyo que consiguió la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para su iniciativa popular, en noviembre de 2012 el Gobierno español aprobó una moratoria de dos años para frenar los desahucios a familias en situación de especial vulnerabilidad. Los criterios para poder beneficiarse de la moratoria se ampliaron ligeramente en mayo de 2013, aunque, según la ONG, continúan siendo demasiado limitados y en algunos casos entran en conflicto con el derecho internacional. “Se han puesto en marcha medidas paliativas con unos requerimientos muy restrictivos que excluyen a muchas personas en situación vulnerable”, considera Sunderland.

Por ejemplo, sólo las familias con tres o más hijos, familias monoparentales con dos o más hijos y las familias de dos padres con un niño de tres años o menos, pueden beneficiarse de la moratoria. Según el derecho internacional, cualquier persona menor de 18 años es un niño, al que le corresponden los derechos y las protecciones establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, incluido el derecho a la vivienda. “Una familia de un niño de tres años puede quedarse en su casa, pero una con un hijo de cuatro años, no”, incide Sunderland. “La distinción es puramente arbitraria y el Gobierno debería tener normas mejores, más racionales y más justas”.

Se calcula que un tercio de los afectados por la crisis de las hipotecas son inmigrantes, algo desproporcionado en relación al porcentaje de población que representan. Muchos, sobre todo personas de la comunidad ecuatoriana, se vieron atrapados en los llamados avales cruzados, que llevaron a que dos compradores garantizaran mutuamente sus préstamos e hipotecas. De este modo, los bancos vinculaban entre sí una serie de personas, a menudo desconocidas, para avalar así las hipotecas de los demás. En estos casos, si una persona deja de pagar su hipoteca, puede producirse una reacción en cadena debido a la responsabilidad de los demás como avalistas.

Las mujeres, más vulnerables

Las mujeres cabeza de familia se enfrentan a mayores desafíos debido a su todavía mayor inestabilidad de ingresos, salarios más bajos en promedio y mayores responsabilidades en el cuidado de los niños. Además, las que se mantienen tras la separación vinculadas a través de su hipoteca a ex parejas hostiles pueden enfrentarse a lo que equivale a un abuso económico –una forma de violencia doméstica aún no reconocida en el derecho español— cuando los hombres se niegan a colaborar en la negociación con el banco.

El impacto de la inseguridad de la vivienda en los niños es, para Human Rights Watch, muy preocupante. “Una situación de estrés permanente en la familia puede tener consecuencias muy graves en el desarrollo futuro de los más pequeños”, advierte Judith Sunderland. En este sentido, el informe subraya que el Gobierno ha fallado a la hora de evaluar adecuadamente el impacto sobre estos grupos cuando ha elaborado sus políticas.

El sobreendeudamiento, la vía más común para el acceso de las familias a una vivienda en propiedad, se mantiene incluso una vez perdida la vivienda. Porque, como apunta el informe, la toma de posesión del hogar por parte del banco elimina sólo una parte de la deuda. Esto, combinado con la falta de un procedimiento de insolvencia personal accesible en España, deja a muchas personas con una carga significativa de deuda de la que las personas no pueden liberarse con facilidad.

Como argumentan los responsables de Human Rights Watch, esta situación prolongada en el tiempo tiene un impacto muy negativo sobre los derechos fundamentales, ya que dificulta que las familias que han pasado por un momento de crisis económica puedan sobreponerse. Y las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo para aliviar la carga de la losa que les acompaña son, en opinión de la ONG, todavía insuficientes. “Es casi imposible para la gente común declararse en quiebra en España, lo que significa una deuda abrumadora que les acompañará hasta la tumba”, asegura Sunderland. “Las personas que viven con niveles extremos de deuda deberían tener la posibilidad de una segunda oportunidad”, añade.

¿Y los bancos?

Human Rights Watch se puso en contacto por escrito con once bancos que operan en España. De ellos, solo siete, cuyas contestaciones han quedado recogidas en el informe, respondieron a la apelación de la ONG por su responsabilidad en el boom crediticio. “Algunos, como el BBVA, asumen que durante un tiempo algunas de sus prácticas fueron cuestionables”, señala Sunderlands. Otras entidades, como La Caixa, aseguran que, tras realizar una auditoría, no han detectado ningún problema. La mayoría de los bancos se han adherido de forma voluntaria al Código de Buenas Prácticas Bancarias y han cedido cerca de 6.000 viviendas al fallido Fondo Social para la Vivienda, creado para dar a las familias desahuciadas un techo bajo el que vivir a un precio asumible para su bolsillo.

Sin embargo, los criterios restrictivos, la mala calidad de las viviendas que los bancos pusieron a disposición del fondo y el hecho de que, en muchos casos, las familias tienen que mudarse lejos de sus barrios y entornos sociales han socavado esta iniciativa. Hace poco más de un mes, Luis de Guindos anunció en el Senado que ampliaría los requisitos exigidos a las familias para el acceso a estas viviendas sociales.

“El Gobierno español tiene que revisar seriamente sus políticas y tener en cuenta un espectro más amplio de personas en situación de exclusión social por impago de las hipotecas”, apunta Sunderland, que recuerda que “los dirigentes deben ser juzgados por cómo manejan las consecuencias humanas de la crisis económica,y no sólo por los indicadores macroeconómicos”.

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