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Varias comunidades abren sus aulas a niños de dos años como alternativa gratuita a las guarderías

Cantabria y Euskadi tienen un modelo consolidado que incorpora la escolarización gratuita de los menores en los centros públicos de Infantil y Primaria

La Comunitat Valenciana cuenta con un proyecto creciente llevado a los tribunales por la patronal de guarderías privadas, que alegaron competencia desleal

Algunas maestras también dan la espalda a este modelo "porque interrumpe el ciclo 0-3" y provoca "la muerte de las escuelas infantiles públicas"

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Aula de dos años de un colegio público de Cantabria. / C. P

Aula de dos años de un colegio público de Cantabria. / C. P

Cada vez más colegios públicos de España incorporan a sus centros a niños y niñas más pequeños. Y lo hacen a través de las aulas de dos años, un modelo nacido en Cantabria como proyecto pionero en 2004 al que ya se han sumado al menos Euskadi –lo tiene también muy consolidado– y más recientemente la Comunitat Valenciana y Aragón.

Aunque no sin problemas. El proyecto, que garantiza la escolarización gratuita de estos menores, no ha gustado nada a la patronal de las guarderías privadas valencianas, que hasta lo han llevado –sin éxito– a los tribunales por competencia desleal. Y tampoco convence a quienes defienden las escuelas infantiles públicas porque "provoca la muerte de estos centros" e "interrumpe el ciclo 0-3".

¿Cómo funcionan estas clases? Las aulas de dos años están incorporadas en estas cuatro comunidades a los centros públicos de Infantil (para niños y niñas entre 3 y 6 años) y Primaria. En cada clase hay un máximo de 18 menores a cuyo cuidado, atención y educación se dedica una maestra y una educadora.

Los recortes se cargaron en Cantabria dos tercios de la jornada de la maestra, que solo pasaba por el aula de 10 a 12, pero la situación ya se ha revertido. Esas dos horas son la jornada mínima que, al menos en Cantabria, debe permanecer un niño o niña de dos años en el colegio, aunque se puede ampliar hasta siete horas, con posibilidad de servicio de comedor y desayunos, como el resto de los estudiantes del centro.

Los espacios también deben estar adaptados. En las órdenes regionales se contempla que los menores deben tener un espacio propio de patio, o por lo menos no compartido en las mismas horas y adaptado a sus necesidades. Igual que las aulas, que deben estar adaptadas –camas, aseo– y materiales propios de esa edad.

Cova Pernía es tutora de una de estas clases en un municipio cercano a Torrelavega. "Creo que con este modelo garantizamos una escuela para todas y todos. La escuela tiene que ser compensadora y permitir a todas las familias que si quieren o lo necesitan puedan escolarizar a sus hijos e hijas", explica. Incide en que en Cantabria, donde hay 150 aulas de este tipo en funcionamiento en 49 ayuntamientos, "se siguen quedando algunos fuera".

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), a un 30,9% de hogares con niños y niñas les habría gustado poder acceder a servicios de cuidado infantil o utilizarlos en mayor medida. Y más de la mitad (52,4%) no lo hicieron porque no podían permitírselo. Los mismos datos del INE revelan que solo para el 20% de las familias estos servicios son gratuitos, frente al 54% que los paga íntegramente.

"No es que esté mal que se haga gratuito para las aulas de dos años, el problema es dónde están. Es una herida de muerte para las escuelas infantiles", argumenta Alicia Alonso, maestra y parte de la Plataforma de Madrid por la Defensa de la etapa 0-6.  "Estar en un mismo lugar evita a las familias ir a un sitio y luego a otro. Si tienes necesidad absoluta –justifica la especialista– lo más sensato es que una madre o un padre haga esto. Y así pierde todas las oportunidades de que sus hijos e hijas tengan una primera etapa de infantil continua en una escuela, con sus objetivos de ciclo...".

Alonso, que critica que en la Comunitat Valenciana "han metido a niños en espacios sin readaptación e incluso con obras", también considera que el colegio "es un espacio muy grande para niños y niñas que necesitan espacios amables que sean una continuación de la vida familiar y en los que puedan hacer una transición de a poco".

Cantabria no dispone, sin embargo, de un servicio de escuelas infantiles gestionadas por el gobierno regional. Solo hay, como explica la Consejería de Educación, algunos municipios con centros de este tipo. Son muy pocos, concretamente 32 unidades en el curso pasado y se paga un precio público por entrar, frente a las 150 aulas solo de dos años en los colegios cuya matrícula es gratuita.

En Euskadi, el territorio con mayor número de centros incorporados a este modelo (331), la red de escuelas infantiles públicas acoge a niños y niñas menores de dos años porque luego, "lo normal es que sean escolarizados en el colegio", dicen desde el Departamento de Educación.

El intento de boicot de las privadas

En ambas regiones siguen existiendo guarderías privadas, aunque desde la administración reconocen que este modelo "les ha afectado porque se les ha ido un tercio de la clientela", asume la Consejería de Educación cántabra. Este es precisamente el foco del conflicto en la Comunitat Valenciana, donde la patronal de escuelas privadas (Fedeval) ha llevado una orden de 2015 de la Generalitat a los tribunales. Solicitó sin éxito, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no lo ha estimado, la nulidad de dicha orden alegando falta de información de los colectivos afectados y vulneración del derecho de competencia.

eldiario.es se ha puesto en contacto con Fedeval sin obtener respuesta. La Asociación Estatal de Empresas y Asistencia de Educación Infantil (ADEI), también contactada sin éxito por este medio, siguió los pasos de la patronal y presentó en 2016 un recurso contencioso-administrativo contra la misma orden de 2015, curso en el que se puso en marcha este plan de escolarización. En medio del conflicto ha nacido, además, la plataforma Salvem 0-3, formada por escuelas infantiles privadas autorizadas por la Conselleria.

La Generalitat niega competencia desleal y argumenta que la educación es un servicio público esencial, sin que la existencia de operadores privados en el sector pueda excluir la actuación de las administraciones públicas. Y tras el pronunciamiento favorable de la justicia, ha aumentado en 28 las unidades de dos años para el curso que viene y ofertará en total 1.746 plazas, según los datos que aporta.

El Gobierno de Aragón ha sido el último en abrir las puertas de sus colegios a los menores de dos años. Lo ha hecho este curso, con tres colegios. Para el próximo, el modelo llegará a cinco más. En total, 18 aulas "con una inversión mínima por pequeñas obras de acondicionamiento de espacios, instalación de baños pequeños, zona de juegos independiente del patio de recreo o protectores", informa el Departamento de Educación de Aragón.

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