La investigación española sobre cipreses cortafuegos acabará en plantas de jardín

Unos 7.000 cipreses con copyright italiano traídos a España para una investigación sobre incendios forestales van a acabar como plantas de jardín. Han pasado más de dos años –junto a otros 3.000 ejemplares españoles– esperando en un vivero de Valencia a ser trasplantados a cuatro parcelas donde ser estudiados. Su dueña, la empresa pública Divalterra, más conocida como Imelsa (dependiente de la Diputación valenciana e investigada por corrupción en la Operación Taula) ha decidido que “no tienen valor científico. Solo ornamental”, según ha contestado un portavoz. 

Estos árboles eran la parte final de un estudio, entre otros aspectos, sobre la capacidad de los cipreses de retener el avance de los incendios forestales. La investigación nació después de que una masa de estos árboles (plantados en un terreno de Imelsa) se salvara de las llamas en un devastador incendio en Andilla (Valencia) en 2012.

Aunque la hipótesis sobre la resistencia natural de los cipreses al fuego y su valor como barrera ante los incendios ha sido contestada, la investigación ha estado inmersa en un programa de la Unión Europea denominado Cypfire. La empresa valenciana ha participado en ese programa mediante su departamento de Árboles Monumentales.

En su primera fase, Imelsa aportó 187.000 euros (un 14% del presupuesto de 1,3 millones, según el expediente europeo). El proyecto 'Barreras de cipreses: una medida preventiva y económica contra los incendios forestales' iba a tener una continuidad con “plantaciones experimentales de cipreses seleccionadas para diferentes usos: cortavientos, cortafuegos, producción de madera o lucha contra el cambio climático”, según explicaba la Comisión Europea. Se trataba de esos 10.000 ejemplares ahora en Valencia.

Los árboles fueron adquiridos por Imelsa al Instituto para la Protección Sostenible de las Plantas dependiente del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Por eso tienen un copyright científico. Costaron unos 46.000 euros y cada tipo de árbol ha sido seleccionado para desarrollar una línea de investigación. 

En abril de 2015, ya con retraso, no se había abordado esta fase del experimento. Y, entonces, saltó el escándalo del caso Imelsa. La trama de cobro de comisiones en la adjudicación de contratos en la que el exgerente de la empresa Marcos Benavent se autodenominó “yonqui del dinero”. En la que el presidente de la Diputación de Valencia (la dueña de Imelsa), Alfonso Rus, aparecía supuestamente contando billetes: “Onze mil, dotze mil: dos millons de peles”, se oía en una de las grabaciones que destaparon el caso.

Así que los cipreses se han quedado en el vivero. Con todo, el departamento al cargo había tramitado los permisos para utilizar cuatro parcelas de la Diputación para realizar las plantaciones y había obtenido el permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar para realizar diversos trabajos necesarios para acondicionar los árboles. Tras las elecciones locales de mayo de 2015, la dirección de la Diputación y por tanto de Imelsa cambió de color político. Entraron el PSOE y Compromís.

Cambio de opinión

El nuevo encargado de Medio Ambiente en la institución, Josep Bort, dio su respaldo público al plan y apostó por la “conservación de la masa forestal con plantaciones de cipreses”.

Era septiembre de 2015, y el que es el actual responsable del área decía: “Se trata de un trabajo progresivo y esperamos recoger sus frutos”. Acababan de ser publicadas las conclusiones sobre la inflamabilidad de los cipreses en fase de laboratorio en la revista Environement Management. Medios como la BBC y el Washington Post se habían hecho eco de los resultados del estudio llevado a cabo junto al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria  (INIA).

Después de eso, la dirección de la empresa ha finiquitado el proyecto. “Se ha valorado que costaría 500.000 euros continuar con él”, ha justificado Divalterra para darle carpetazo. “La investigación no entra en las funciones de la empresa”, ha añadido. Su pretensión es enviar esos 10.000 árboles a hacer funciones ornamentales.

Sin embargo, el instituto italiano origen de estas plantas ha advertido por escrito de que esos árboles fueron adjudicados para desarrollar investigaciones y que cualquier otro uso queda fuera del acuerdo de venta.

La misiva remitida a la nueva Imelsa en mayo de este año, que ha podido ver eldiario.es, advierte de que caben medidas legales en caso de que se contravengan esas cláusulas.  “El contrato solo impide la reventa o reproducción de los cipreses”, ha contestado el portavoz de la empresa pública. “Están destinados a la donación y para ello se está hablando con diversas organizaciones”.

“No es competencia de la empresa”

La utilidad y viabilidad de los cipreses como cortafuegos ha sido un proyecto contestado por técnicos de incendios forestales e ingenieros. Sin embargo, su final abrupto está también encuadrado en la extinción del departamento de Árboles Monumentales que venía funcionando desde hace dos décadas en Imelsa. “No está dentro de las competencias de la empresa y la dirección considera que debe clausurarse”, explican.

Aseguran que “todo lo que tenga que ver con árboles monumentales será tratado por el CIEF de la Consejería de Medio Ambiente”. Lo cierto es que la ley valenciana de patrimonio arbóreo monumental de 2006 sí admite la acción de las diputaciones: “La participación conjunta de la Generalitat, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos en la dotación financiera y de recursos materiales y humanos para una protección y conservación eficaz y efectiva”, explica.

Por su parte, el hasta ahora director de este departamento, Bernabé Moya, considera que con esta decisión “se abandonan los árboles monumentales cuya protección ha abarcado también la parte jurídica para crear un marco legal que sacara a estos árboles de la indefensión”.

Sobre el hecho de que este departamento haya estado funcionando 20 años, la empresa ha contestado que “hay que preguntárselo a los anteriores responsables”.