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“Me acusan de agredir a una policía por estar fotografiando una de sus detenciones"

Piden dos años de cárcel al fotógrafo Raúl Capín, acusado de un delito de atentado contra la autoridad por empujar y golpear a una agente en Madrid

El reportero niega las acusaciones y su abogado señala que Capín es víctima de una "persecución" por retratar las acciones policiales en las manifestaciones

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información considera que con este proceso judicial se está vulnerando el derecho a la libertad de información

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Raúl Capín, durante el escrache a Jesús Posada

Raúl Capín, durante el escrache al expresidente del Congreso Jesús Posada / Tomalatele

El fotógrafo Raúl Capín será juzgado el próximo martes acusado de un delito de atentado contra la autoridad. La Fiscalía le pide una pena de dos años de cárcel por "obstaculizar" presuntamente "la función policial" agrediendo a una agente y facilitando la huida de una manifestante que iba a ser detenida.

Capín niega las acusaciones, asegura que él estaba haciendo su trabajo cubriendo la manifestación del 23 de febrero del 2013 convocada bajo el título Marea Ciudadana. Desde el nacimiento del 15M este fotógrafo retrata las actuaciones policiales en movilizaciones sociales y colabora con los medios Mundo Obrero y Diario Independiente Digital. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) critica este proceso judicial y considera que "vulnera el derecho de cualquier ciudadano a estar informado", según explica su portavoz Yolanda Quintana.

En el atestado policial, facilitado por la defensa del acusado a eldiario.es, los agentes aseguran que la Brigada de Información de la Policía cuenta con imágenes en las que se "aprecia cómo Capín empujó con la mano izquierda" a una agente, "al tiempo que le golpeó la rodilla para desestabilizarla". Aunque el fiscal recuerda que la policía "no sufrió lesión alguna", mantiene esta acusación por la que le imputa un delito de atentado contra la autoridad.

Los incidentes sucedieron frente a la estación de Atocha (Madrid), en la glorieta del Emperador Carlos V. Capín cuenta que mientras cubría la manifestación, escuchó gritar a una mujer a la que estaban inmovilizando tres policías de paisano. "Fui el primer fotógrafo en llegar, enseguida se formó un corrillo de periodistas y había empujones porque los últimos cámaras que se acercaban querían sacar buenos planos. Cuando los policías vieron que estaban rodeados decidieron marcharse y la mujer huyó", recuerda el imputado, que rechaza las acusaciones de agresión, "es difícil estar haciendo fotografías con una mano, empujar con la otra y además dar rodillazos".

La Policía reconoce en el atestado que dejaron escapar a la detenida "al hacerse materialmente imposible proseguir con la detención" porque habían perdido la cobertura de los antidisturbios. Asimismo relatan que en los instantes previos se vieron rodeados por "una masa de personas", especifican que "muchas de ellas eran fotógrafos", y que en ese momento los agentes fueron increpados, agredidos y empujados.

El abogado del fotógrafo considera que n o hay pruebas suficientes para condenar a su cliente. "En los vídeos grabados en el momento de los incidentes no se ve a Raúl ni a nadie haciendo nada. Ellos se agarran a unas fotos fijas que no aclaran si ha habido contacto o no. Nosotros creemos que hay una persecución a Raúl por estar siempre haciendo seguimiento de las manifestaciones y protestas en la calle", apunta su letrado.

Detenido en su casa por policías "encapuchados"

Capín no fue detenido ni identificado cuando sucedieron estos hechos. "Tres meses después aparecieron unos policías encapuchados en mi casa, me dijeron que estaba detenido y me bajaron esposado a un coche que tenían aparcado en mi portal". No fue el único, los agentes también arrestaron al reportero Adolfo Luján en su domicilio. Ambos fueron interrogados y privados de libertad durante más de 24 horas.

Capín tiene otra causa abierta, en este caso junto a Luján, por unos incidentes ocurridos el 25 de abril del 2013 durante la protesta Asedia el Congreso.

PSOE e Izquierda Unida denunciaron públicamente estas detenciones y pidieron explicaciones al Ministerio del Interior. Además la PDLI considera que con este tipo de arrestos se buscaba "amedrentar a los periodistas que cubren actuaciones policiales". Por su parte, el abogado de Capín señala que este procedimiento fue una "barbaridad jurídica". "Muchas de estas situaciones se resuelven mandando un telegrama al señor, citándole en el juzgado para que declare en calidad de imputado y no hace falta que vaya la Policía", explica el letrado.

Además, la defensa de Capín asegura que su cliente ha sufrido un seguimiento de la Brigada de Información de la Policía Nacional. "En el atestado señalan que hay unos supuestos periodistas que han nacido al calor del 15M, dicen que son propagandistas que se encargan de resaltar las actuaciones negativas de los agentes en las manifestaciones", añade el letrado.

Señalado como fotógrafo "habitual" de manifestaciones

El atestado policial reseña que Capín "es un fotógrafo habitual de este tipo de eventos" (movilizaciones sociales)", que "se hace pasar por periodista" y añade que "tienen constancia de que suele alentar a los manifestantes durante los desórdenes públicos" para obtener material de grabación.

Una argumentación similar fue publicada en las páginas de ABC días antes de que se produjese la detención de Capín. Según informó eldiario.es, el periódico de Vocento divulgó tres imágenes del reportero con el rostro pixelado en una noticia en la que señalaban que "supuestos periodistas" agredían a agentes y se "enfrentaban a los verdaderos fotógrafos".

Sobre estas acusaciones, la portavoz de la PDLI considera que la libertad de información no se atribuye solo a periodistas profesionales que trabajan para grandes medios: "Muchos acontecimientos no han sido cubiertos por medios convencionales y los ciudadanos se informaron por nuevas vías, como reporteros freelance, canales informativos de activistas o de movimientos sociales".

Capín considera que el proceso al que va a tener que hacer frente es un "juicio político". "En este país estamos viviendo una dura realidad y la consecuencia es la Ley Mordaza, con la que quieren tener callados a todos los que protestan", finaliza el acusado, que al no tener antecedentes policiales no entraría en prisión si es condenado.

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