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Los fraudes de ley del PP

Pasen y vean cómo probablemente ni siquiera la querella del PP contra Mato y Mayer admitida a trámite sea en realidad una querella

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Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato en la Caja Mágica

Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, en la Caja Mágica. Ayuntamiento de Madrid

Me consta que muchos se han enganchado a mis columnas de denuncia pedagógica del uso espurio que el Partido Popular hace de la Justicia y sus engranajes. Sería un éxito si no fuera tan doloroso. En todo caso lo de hoy es un nuevo episodio –"Dinastía" se queda corta– del trampantojo de querella presentada con el único objetivo de apartar a los concejales Mato y Meyer de sus cargos electos. Si lo de la cortina de humo y la aceptación automática, que no prejuzga nada, era un escándalo que no podía llevar a la pérdida de la representatividad alcanzada en las urnas, lo del querellante inexistente no tiene desperdicio. Así que pasen y vean cómo probablemente ni siquiera la querella admitida a trámite sea en realidad una querella.

Para poder actuar ante los tribunales hay que ser una persona. Sólo las personas pueden tener negocios jurídicos y sólo las personas pueden querellarse. Cierto es que con la civilización hemos creado una figura que es la de las personas jurídicas para permitir que ciertas organizaciones humanas puedan actuar también como sujeto de derecho. Esas organizaciones están tasadas, claro. Una empresa es una persona jurídica pero el club de amantes del marmitako no lo es por mucho que ambos estén formados por un conjunto de personas físicas.

El caso es que la querella contra los concejales Sánchez Mato y Meyer ha sido presentada por un ente indefinible, un ente inexistente, un ente fantasma. Un denominado GRUPO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID figura como querellante. ¿Qué grupo municipal es ese? ¿Ha usurpado el PP la identidad de todos los grupos de concejales? ¿Se han creído ya la fantasía freudiana del partido único? Lo que no se entiende es cómo ha podido llegar a ser admitida a trámite una querella que no cumple la mínima de las normas para querellarse.

Y no se trata sólo de lo que algunos podrán considerar un error, no. No se trata de que se hayan olvidado de poner "popular", porque el olvido tampoco subsanaría la cuestión ni haría que la querella fuera menos fantasmal, improbable e inaceptable. Lo cierto es que aunque hubieran puesto Grupo Municipal del PP del Ayuntamiento de Madrid, la cosa no hubiera cambiado. Los grupos parlamentarios o de concejales son meros instrumentos de organización interna dentro de los plenos para que haya un orden, pero no tienen personalidad jurídica alguna y, recuerden, si no son personas no se pueden querellar. Existen multitud de sentencias en las que se deja claro que "los grupos políticos de las corporaciones locales carecen de personalidad jurídica". No cabe ninguna duda de que no estaban facultados para presentar esa querella.

Esa falta de legitimación para ejercitar la acción popular debía de conocerla el flamante portavoz del Partido Popular que acudió a otorgar poderes a un notario. No sólo es que Martínez-Almeida sea licenciado en Derecho, es que es Abogado del Estado; ya saben, lo más para hacer carrera en el PP. Lo suyo es grave pero ¿y lo del notario Miguel Mestanza, conocido como "el notario del PP" porque se ocupa de todos sus asuntos? ¿Cómo el notario, cuyo único pito que tocar en un otorgamiento de poderes es comprobar estos extremos, dio por bueno que lo hiciera un ente delicuescente a efectos del Derecho?

Y todavía tenemos que ir un poco más lejos. ¿Cómo es que el juzgado admite a trámite una querella sin comprobar los más mínimos requisitos estipulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal? No me lo pregunten a mí. Así son las cosas en la Justicia de este país. Una querella interpuesta en fraude de ley tenía como misión apartar de sus cargos a dos concejales elegidos por el pueblo madrileño y, de facto, les ha costado una reprobación en Pleno. Una reprobación apoyada por el PSOE, que aún no me explico cómo ha podido dejarse arrastrar a este charco por el Partido Popular y Ciudadanos.

La cuestión es que no todo el mundo es tonto o se lo hace así que los representantes legales de los concejales han presentado en el juzgado un escrito para exigir que se aclare todo este berenjenal, que se montó con el único objeto de abatir a unos rivales políticos. Así que se le pide a la juez –que no tendrá otro remedio que hacerlo– que exija al Partido Popular que acredite su personalidad jurídica y su capacidad de obrar para interponer esta querella, que presente el poder especial que tampoco presentó y que defina en calidad de qué se ha querellado, y al señor notario para que informe cómo llegó a determinar que tal ente gaseoso tenía capacidad jurídica para otorgar un poder.

Realizadas tales diligencias lo único previsible es que la querella sea rechazada y, por tanto, quede anulada la providencia que llamaba a declarar a ambos en septiembre. Sí, ese papelín automático que podía haberles costado el puesto si Carmena hubiera flaqueado.

A mí no me extrañaría que cuando estos extremos se aclaren, los concejales, ellos sí personas bien físicas, se acabaran querellando contra el portavoz del PP por estafa procesal. Es más, desde aquí les incito y jaleo para que lo hagan. Y si el notario ha incurrido en alguna irregularidad punible, pues también. Y entiendo que la reprobación debería ser anulada.

Ya sólo queda que la Fiscalía Anticorrupción se ponga las pilas y nos diga si se querella o no por el contenido de los informes del Madrid Open, que sigue analizando y sobre los que ha pedido más documentación a Madrid Destino.

Que se haga Justicia y que no sea sólo poética, que también.

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