Una huelga de inquilinos para cambiar el mundo

“La fuerte falta de vivienda provocó grandes problemas de hacinamiento y deterioro en los alojamientos disponibles. Existía algo de vivienda pública pero se confió casi por completo en el mercado. En los barrios más antiguos de Barcelona, muchos pisos o casas fueron divididos en unidades minúsculas”.

“Eran las llamadas ciudadelas: viviendas baratas, donde varias personas compartían habitación, aseos y cocina para poder pagar el alquiler que consumía una parte notable del salario. Es un tipo de vivienda colectiva, generalmente desarrollada en una planta baja, compuesta por un cierto número de habitaciones independientes”.

¿Dónde situar estas escenas? Suenan terriblemente actuales, pero sucedieron hace cerca de un siglo en Barcelona y Tenerife. Más de 2.000 kilómetros de distancia que no eliminaron esa problemática común. Ambas compartieron propietarios que se lucraron con las rentas y que fueron respondidos con huelgas de inquilinos. Como dijo hace unos meses la presidenta de la asociación de propietarios SOM Habitatge, Núria Garrido, “tener inquilinos es como tener un hijo”. Los propietarios de vivienda como padres de familia contaron – y cuentan – con un poder casi absoluto, que les permite exigir una buena parte de su salario a quienes trabajan. Ecos del pasado que regresan hoy.

Hace un par de semanas, vivimos la primera victoria de una huelga de alquileres victoriosa en nuestra historia reciente. Desde el mes de abril, 71 familias que vivían en pisos propiedad de Fundació La Caixa en Sentmenat, Sitges, Banyoles y Palau Solità i Plegamans sostuvieron una huelga de alquileres alejada de los focos.

Viven en promociones de viviendas que habían sido levantadas con apoyo y financiación públicas, pero La Caixa quería venderlas una vez acabase el periodo de protección. Una operación que culminaría una transferencia masiva y descarada de recursos públicos hacia un gran tenedor privado. Por desgracia, eso ha sido en muchas ocasiones la “vivienda protegida” en España.

Las familias lograron retener más de 257.000 euros y, sobre todo, han conseguido que los bloques pasen a estar protegidos “para siempre”. Por fin, el 26 de noviembre, la Generalitat anunció la compra de 1.100 viviendas de InmoCaixa. Se han recuperado un total de 1.700 pisos. Nuestra primera huelga de alquileres del siglo XXI aún no ha terminado y ya ha permitido celebrar varias victorias.

El sindicato ya ha convocado nuevas asambleas y movilizaciones para extender la recuperación de vivienda protegida al conjunto de bloques de Fundació La Caixa. Sería, en todo caso, un error leer esta huelga como un éxito particular. Ha demostrado ser una herramienta capaz de obligar a las administraciones a revertir décadas de privatización y especulación que han llevado al actual colapso del mercado inmobiliario. Hay una batalla por la redefinición misma de la noción de interés público. Consolidar un parque de vivienda pública protegida es una condición indispensable para frenar la lógica de la vivienda como un activo financiero. No se trata de un grupo de interés particular, sino de una población que se ha visto expropiada y busca recuperar el control de su vida. La huelga, en definitiva, ha actuado como palanca para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda.

El regreso de esta práctica dice hasta qué punto la situación actual de la vivienda se ha degradado. La ciudadanía la señala en las encuestas como su principal preocupación y, según un informe del Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, 630.000 contratos de alquiler vencerán el próximo año. En los últimos cuarenta años, la vivienda se convirtió en un producto financiero, con el cual las familias invertían sus ahorros y, de manera progresiva, multipropietarios y empresas se han dedicado a hacer negocio y a especular. Según los cálculos de CCOO, en estas décadas se han gastado más de 200.000 millones de euros en políticas de vivienda. Pero en la dirección equivocada. La intervención pública sirvió, de manera principal, para mantener artificialmente alto un bien que nunca se consolidó como un verdadero derecho social. Como resultado, hoy tenemos un proceso de desposesión masiva que afecta al corazón de las clases trabajadoras y medias. Como ocurrió otras veces en el pasado en las huelgas de inquilinos las mujeres y las personas migrantes están teniendo un papel protagonista. Ahí se está conformando una nueva clase social. Sin atajos, como dice uno de los libros de cabecera del sindicato.

El éxito de la huelga llega en un momento de bloqueo parlamentario, degradación institucional y desorientación de la izquierda, mientras la extrema derecha capitaliza el malestar. Crece el sentimiento de orfandad política y se refuerza un círculo vicioso que une y alimenta la desmovilización social y la impotencia institucional. La profunda crisis del PSOE, debida a la pésima gestión de las denuncias por acoso sexual, de un lado, y, de otro, a las corruptelas de altos cargos en las empresas públicas, parece haber llevado el estado de shock a un punto definitivo. Sin embargo, la huelga de inquilinos, como antes las protestas contra el genocidio en Gaza o en defensa de la sanidad pública, demuestra que ese círculo vicioso no es inevitable. La organización popular tiene la capacidad de cambiar el foco y fuerza decisiones que abren nuevas posibilidades. André Gorz lo llamó “reformismo radical”: reformas que no se agotan en sí mismas, sino que ensanchan lo posible. La compra de 1.700 viviendas no es un trámite administrativo más, sino la prueba de que una huelga puede cambiar el mundo. Una huelga de inquilinos cambia la vida, en primer lugar, de sus protagonistas y nos recuerda a los demás que no está todo perdido. Es posible reapropiarnos del mundo común para poder cambiarlo.