En contra de la esclavitud contemporánea

La esclavitud existe desde tiempos inmemoriales. Perder una guerra era sinónimo de convertirse en un esclavo o morir. Hoy aquello solo se nos presenta como un pálido vestigio del pasado. A pesar del corpus normativo internacional que protege el derecho humano a no ser sometido a la esclavitud, se calcula que en 2021 había más de 50 millones de personas esclavizadas en el mundo. Prohibida por la Convención sobre la Esclavitud propuesta por la Sociedad de Naciones en 1926, nada tendría que ver con los principios sobre los que se sustentan nuestras sociedades democráticas y civilizadas.

Tanto es así que, ya desde la Antigüedad y, de manera significativa, en el siglo de la Revolución francesa, la esclavitud llegó a ser la metáfora principal de la filosofía política de Occidente para condensar toda la crudeza y la vileza de las relaciones de dominación. Su contrario, la libertad, debía ser el valor político central de ese nuevo mundo que se abría paso y, por tanto, universalizarse. Sin embargo, mientras la libertad era proclamada a través de Europa, la institución de la esclavitud se extendía como una mancha de aceite incontrolable por las colonias y reconfiguraba el sistema-mundo. De hecho, como ha recordado la historiadora Florence Gauthier, Robespierre y sus partidarios fueron los únicos que se opusieron consistentemente a la esclavitud. Mientras los defensores del Antiguo Régimen la defendían por derecho natural, los girondinos lo hacían por motivaciones económicas. La esclavitud era una pieza inevitable del sistema. Tras la contrarrevolución de Termidor, Napoleón la restauraría en las colonias.

Esta historia en el corazón de la modernidad persiste en nuestro presente – y no solo porque, como dijera Marx, el trabajo asalariado sea “esclavitud a tiempo parcial” –, sino bajo otra forma: la mal llamada “inmigración irregular”. ¿Qué mueve a tanta gente a abandonar su casa y su país de origen atravesando, en ocasiones, grandes dificultades en el viaje y, en todas, una gran incertidumbre y vulnerabilidad en el país de destino? La respuesta es casi universal: la voluntad de dejar atrás la miseria y el anhelo de libertad. Por eso, el derrumbe de otra “frontera” más que supone la regularización extraordinaria de personas migrantes, anunciada por el gobierno español del PSOE-Sumar y acordada con Podemos, es una grandísima noticia. Cientos de miles de personas en nuestro país van a poder vivir sin miedo a ser detenidos y deportados como estamos viendo hoy mismo que sucede al otro lado del Atlántico. Temporeras de la fresa marroquíes, trabajadoras domésticas colombianas u obreros de la construcción senegaleses que podrán trabajar legalmente, organizarse y negociar sus condiciones de trabajo en lugar de ser explotados en los márgenes del sistema. Cientos de miles de personas, la mayoría latinoamericanos, que llevan años viviendo entre nosotros, trabajando y sosteniendo sectores clave de la economía española sin derechos. Cientos de miles de personas que tendrán derecho a una familia y, en definitiva, a existir legalmente. Personas a quienes reconoceremos, por fin, su dignidad.

No obstante, no estamos, como se ha dicho, ni ante “un acontecimiento histórico”, ni tampoco ante “una operación de sustitución del pueblo español”, lo diga quien lo diga. España ha vivido procesos similares de regularización en las últimas décadas bajo gobiernos de distinto signo político, desde Aznar hasta Zapatero, y ninguno de ellos alteró de manera sustancial el modelo de extranjería. Que cualquier vecino o vecina tenga unos derechos básicos garantizados y no tenga miedo al recoger a su hijo en la escuela o al ir supermercado sería lo mínimo en cualquier país normal. Pero, en estos tiempos oscuros, caóticos y violentos lo normal se ha convertido en una excepción. Y, por eso, el presidente Sánchez es retratado en el New York Times o en la revista New Statesman como una referencia progresista global, y su “política migratoria” a contracorriente de los EEUU de Trump debe ser motivo de orgullo. Por otra parte, las personas que se acojan a este proceso de regularizaciones no podrán votar en ningún caso en las próximas elecciones generales, ya que no son nacionalizadas y este proceso dura entre dos y diez años según el lugar de origen.

En 1990, Kenichi Ohmae, un consultor japonés estrella de McKinsey y gurú del management publicó El mundo sin fronteras, una suerte de versión empresarial del fin de la historia. Según su tesis, existiría una suerte de juego de suma cero entre la globalización y las fronteras. Es decir, a medida que la globalización progresase, las fronteras irían perdiendo peso. Esa fantasía propia de la globalización feliz se reveló como lo que era: una pura ilusión. Después de la crisis de 2008, las fronteras no solo no desaparecen, sino que se multiplican. Nos encontramos con fronteras abiertas al capital, fronteras cerradas a las personas y fronteras internas dentro de los Estados, por las cuales los migrantes en situación irregular pueden ser explotados durante años en situaciones extremas, estar sobrecualificados para sus trabajos o sufrir la brecha salarial.

A aquella fantasía la sustituyeron dos proyectos fantasiosos que están en pugna en la actualidad: de un lado, la fantasía de una migración “justo-a-tiempo” y “adaptada a la demanda”, según la cual los migrantes representarían una fuerza de trabajo complementaria del mercado de trabajo nacional, que podría ser destinada sin ambigüedades a determinados sectores económicos – siempre, según la fábula, preferiblemente de alto valor añadido. De otro lado, la fantasía de la remigración que consistiría en un retorno masivo de trabajadores no blancos a sus lugares de origen, con el que se dejaría hueco a los nacionales para ocupar sus puestos de trabajo. En las últimas semanas, hemos comprobado en Minnesota lo criminal que puede resultar esta distopía basada indisimuladamente en la pureza racial.

A pesar de tener una naturaleza diferente, ambas comparten cierta lógica: los inmigrantes se podrían distinguir, seleccionar o jerarquizar por sus capacidades, su color de piel o su país de origen. Ambas conciben instrumentalmente a las personas migrantes como población sin derechos, que, en el mejor de los casos, pueden ser económicamente funcionales. El obrero es “un esclavo a tiempo parcial”, porque se ve obligado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Las personas migrantes en situación irregular encarnan hoy una versión agravada de esa figura. Trabajan, producen riqueza y sostienen la sociedad, pero sin derechos plenos y bajo la amenaza permanente de ser prescindibles. No son legalmente propiedad de nadie, pero no son libres. Construyen nuestra sociedad, pero son excluimos de la comunidad política.

En su obra El desacuerdo, cuando describe la crisis del sistema industrial en Francia, Jacques Rancière señalaba que en veinte años no había cambiado tanto el número de inmigrantes como la manera de nombrarles: “se llamaban trabajadores migrantes o, lisa y llanamente, obreros. El migrante de hoy es, en primer lugar, un obrero que perdió su apellido”.