El Gobierno andaluz pierde la paciencia con los rectores: “El debate universidad pública o privada nace de la mediocridad”

El Gobierno de Juan Manuel Moreno lleva semanas enfrentado a los rectores de las universidades públicas que le acusan de dar pasos en favor de la privatización paulatina de la enseñanza superior en Andalucía. En apenas diez meses, esta comunidad ha pasado de tener dos universidades privadas a contar con seis (aprobadas cuatro en el Parlamento por mayoría absoluta del PP).

La semana pasada, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), presidida por el rector de la Pablo de Olavide (Sevilla), Francisco Oliva, elevó una queja formal -y muy dura- por la reciente autorización de 34 nuevos títulos para tres universidades privadas que, en su mayoría, ya se imparten en las academias públicas.

Esta protesta se suma al enorme malestar que ha generado en las universidades de Granada, Jaén y Córdoba el rechazo a ofertar títulos y másteres el próximo curso, alegando la baja empleabilidad de las propuestas o el incumplimiento de algunos criterios técnicos, mientras se les daba el visto bueno a los mismos Grados en los campus privados recién abiertos.

La tensión ha ido en aumento, a pesar de que la Junta ha maniobrado para dar a estas universidades una segunda oportunidad de poder impartir los títulos que les habían denegado. Esa crispación en las aulas, como suele ocurrir, ha encontrado una caja de resonancia mayor en el Parlamento, donde los partidos de la oposición de izquierdas esperaban este martes al consejero de Universidades con las denuncias y acusaciones que han vertido los rectores estos días.

La comisión de Universidad, habitualmente pacífica e hipotensa, se ha visto contagiada por un ambiente de crispación creciente que ha terminado por sacar de sus casillas al consejero José Carlos Gómez Villamandos, un hombre de naturaleza templada: “¿Qué complejo tiene que tener la universidad pública frente a la privada? ¡Es que yo no lo entiendo, no lo entiendo! Es que ese debate nace sólo de la mediocridad o de la ideología, no puede nacer de otra forma”, ha asegurado.

“Traidor” y dimisión

El consejero, otrora presidente de los rectores andaluces, zanjaba con esta intervención un debate acalorado con los portavoces de izquierdas, que tuvo un punto álgido cuando el diputado del PSOE Antonio Ruiz pidió su dimisión y le acusó de “traidor” a sus antiguos compañeros. Villamandos hizo una reflexión en respuesta a sus rivales políticos allí presentes, pero indirectamente estaba respondiendo también a los rectores de las universidades públicas en pie de guerra contra el Gobierno de Moreno porque consideran que está privilegiando a las privadas.

“Enfrentar universidades públicas y privadas es un error estratégico y pone a la pública en peor situación frente a la privada, porque ellas tienen argumentos académicos y de investigación para defenderse, no necesita argumentos ideológicos. Eso es lo que deben poner en valor”, ha subrayado el consejero. El diputado del PP andaluz José Carlos García ha apuntado en la misma línea, criticando que “el debate estéril de universidad pública vs. privada no ha lugar”.

García, sin embargo, lo ha explicado de la siguiente manera: “¿por qué echar a pelear a las privadas con las públicas? Si cada año hay 8.000 alumnos que se van a estudiar a universidades privadas fuera de Andalucía. ¿Los seguimos echando o les permitimos poder quedarse aquí para que las familias no tengan que pagarle un alojamiento en Madrid? Y porque no tienen la nota para acceder a la pública”.

En Andalucía los universitarios que aprueban todo (y no tienen beca de estudios) no pagan ninguna asignatura del curso siguiente. Es así desde 2017, gracias a una ley que implantó el ultimo gobierno socialista, presidido por Susana Díaz, y que ha mantenido hasta hoy el Ejecutivo de Moreno.

En 2022, la Junta creó la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), responsable de verificar las nuevas titulaciones que demanda los campus públicos y privados. Los informes desfavorables de este organismo que han tumbado el Grado de Ingeniería Biomédica conjunto en las universidades de Granada y Jaén, para luego concedérselo a la Universidad privada Loyola, de Sevilla, han encendido la mecha de la discordia.

Los rectores afectados, con la complicidad del Ayuntamiento y la Diputación de Granada (gobernados por el PP), denuncian que la ACCUA no ha actuado de forma independiente, sino por presiones de la Junta. La Universidad de Granada ya ha interpuesto dos reclamaciones formales ante la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Universidades contra la resolución desfavorable por los títulos de Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y de Grado en Ingeniería Biomédica, este último junto al campus de Jaén.

Las izquierdas le han recordado hoy a Villamandos que esta agencia lleva descabezada cuatro meses, desde que su director dimitió el pasado marzo alegando “motivos personales” que aún no se han aclarado. El consejero ha anunciado que en septiembre ya habrá sustituto.

Los diputados del PP han escudado a Villamandos contraatacando al PSOE, recordándole que “durante 14 años no se actualizó ni amplió el mapa de titulaciones universitarias de Andalucía”. El Ejecutivo de Moreno ha aprobado recientemente un programa de 250 nuevas titulaciones para el marco 2025-2028, de las cuales 188 se impartirán en universidades públicas y 64 en las privadas.

El consejero ha defendido la independencia de la ACCUA -“en ningún momento hemos influenciado para que un título se ponga o se quite”- y ha negado trato de favor a las privadas: las universidades públicas han presentado este año 48 títulos a ofertar el próximo curso, 42 se han aprobado y seis han obtenido informes desfavorables: en Granada, Jaén, Córdoba, Málaga y Sevilla.

Tampoco ha admitido Villamandos que el rechazo al Grado de Inteligencia Artificial en la UGR y la UJA vaya a afectar a 2.000 alumnos -como ha cuantificado la portavoz de Por Andalucía en la comisión, Esperanza Gómez- y ha rebajado la cifra a 168 estudiantes que eligieron este título en primera opción (los rectores hablan de 800 preinscripciones).

“Baja empleabilidad”

El Grado de Ciencias del Deporte, que se le ha denegado a la Universidad pública de Córdoba, pero se le ha autorizado a una privada de Málaga (Fernando III), alegaba “baja empleabilidad” en el sector. PSOE y Por Andalucía han preguntado al consejero cómo podía ser determinante este factor para rechazar el título en una pública pero no en la privada, y Villamandos ha asegurado que cuando Córdoba lo solicitó “entonces los datos eran de baja empleabilidad, no sé cómo serán ahora”.

El consejero ha descrito el procedimiento administrativo complejo que siguen las universidades para poder impartir un título nuevo, que pasa por manos de distintas instituciones -incluido el Ministerio del ramo y agendas independientes de evaluación- para negar tajantemente el intervencionismo de la Junta.

En un comunicado conjunto firmado por las nueve universidades públicas andaluzas (todas salvo la UNIA), los rectores denunciaron al Gobierno de Moreno de impulsar una estrategia deliberada de “privatización y mercantilización del derecho a la educación superior”.

La Junta sigue defendiendo su modelo con datos que presentan una realidad distinta a la que denuncian desde AUPA: el 93% de los títulos universitarios en Andalucía los imparten centros públicos, 22 puntos por encima de la media española. En másteres, el porcentaje se dispara al 95%.