Vivienda rebaja la bonificación fiscal para caseros que no suban el alquiler tras el rechazo de los socios parlamentarios
El Ministerio de Vivienda rebaja la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes anunció una bonificación fiscal del 100% del IRPF para los propietarios de casas en alquiler que no suban los precios a la hora de renovar los contratos. A falta de conocer la letra pequeña, desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez matizan una propuesta que ha caído como una bomba entre su socio de coalición y que no ha gustado a ninguno de sus aliados parlamentarios habituales a su izquierda. Serán, detallan estas fuentes rebajas “de hasta el 100% para quienes mantengan o bajen el alquiler”. Es decir, no bastaría con mantener los precios para obtener esta ventaja fiscal, pese a lo anunciado inicialmente.
En cualquier caso, el concepto de bonificaciones para los propietarios espanta a buena parte de los aliados naturales del Gobierno, que en esta ocasión encontrará resistencia incluso dentro del Consejo de Ministros. La idea de Sánchez es presentar a su gabinete un real decreto-ley “en las próximas semanas”, que después tendrá que ser convalidado en el Congreso en un plazo de 30 días. “En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo”, aseguró la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, al considerar que “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”.
El anuncio de Sánchez ha sentado especialmente mal en el ala minoritaria del Gobierno, que lleva semanas negociando con Vivienda su propio real decreto-ley para contener las subidas de precios ante la renovación de decenas de miles de contratos que se firmaron tras la pandemia y que tendrán que volver a negociarse a lo largo de 2026, cuando cumplen los cinco años. En concreto, desde Sumar proponen la prórroga de tres años de los contratos y la congelación de los precios.
“Tras muchas reuniones y desencuentros con el Partido Socialista, han hecho pública su propuesta de intervención en esta materia” que, “en el caso de los contratos de alquiler es completamente insatisfactoria, por ser una medida injusta e ineficaz”, ha lamentado el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha recordado que “la renta media de los caseros en España es prácticamente el doble que la de los inquilinos”.
En un parlamento en el que cada voto cuenta, la medida propuesta por Sánchez no ha gustado a Podemos. “Es para que ardan las calles”, dijo su secretaria general, Ione Belarra. Ni a Bildu, cuyo portavoz adjunto Oskar Matute aseguró que “es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados”. Ni a ERC. “¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de 0 impuestos por tener casas? Pues que este Gobierno le ha fallado y que a la próxima, en lugar de votar esperanza, votará odio”, planteó su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.
Aunque las conversaciones con los socios para sacar adelante el real decreto-ley han comenzado este lunes, en paralelo al anuncio de Sánchez, las posiciones parecen enconadas y la fórmula, aunque podría ser atractiva para aquellos caseros que opten por no subir los alquileres, puede ser ineficaz en un contexto de precios desbocados. “La medida es buena para quienes no pensaran hacer esa subida, pero si quieren incrementar un 15 o un 20% la renta seguramente no le interese aplicar esa bonificación, porque van a ganar más. Cada contribuyente tendrá que hacer números”, explica el director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Rubén Gimeno.
No hay una fórmula para saber cuánto se deduciría cada contribuyente con una bonificación fiscal del 100% de sus alquileres, porque esta depende de sus ingresos por trabajo, las rentas por los arrendamientos, los gastos que le generan estos, y las tarifas autonómicas. Pero, en total, los caseros ingresaron en 2023 unos 19.240 millones de euros por alquileres de vivienda, de los que se dedujeron unos 8.640 por gastos, mantenimiento y amortizaciones, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria. Por tanto, quedan unos 10.600 millones, pero ya existe un premio fiscal en forma de bonificación del 50%, por lo que solo tributan por algo más de 5.000. Con una tarifa de entre un 30 y un 40%, pagarían entre 1.500 y 2.000 millones, que se esfumarían de las arcas públicas si esta medida tuviera éxito.
Y la fortuna de esta norma es algo de lo que dudan los expertos. “Ya tenemos bonificaciones del 50, del 60 y del 90% y, aun así, la gente prefiere irse al alquiler turístico, con desgravaciones del 0% y un coste de gestión más elevado, porque gana el doble y le ve menos riesgos”, plantea el economista y profesor de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, que considera que en términos de rentabilidad “matemáticamente pueda compensar”, aunque en algunos mercados el incremento de precios desbarate los cálculos.
Un ejemplo. Para un alquiler de 1.000 euros al mes, con una tarifa del 40% que se aplique sobre la mitad de esa renta, el propietario pagaría 200 euros al mes y le quedarían 800. Si este casero optase por subir el alquiler un 20%, tendría que pagar 240 euros y le quedarían 960, mientras si lo mantuviese, la rebaja le dejaría unos ingresos netos de 1.000 euros. No pagaría impuestos por esa vivienda. Mismo caso, con un incremento del 30%: 1.300 euros al mes; 260 en impuestos. Resultado: beneficio de 1.040 euros.
El ejemplo anterior muestra como a mayor subida, menos rentable es la bonificación. El caso solo afectaría a aquellas ciudades que no han declarado zonas tensionadas, donde los incrementos están topados. En la ciudad de Madrid, en los últimos cinco años, los precios de oferta han subido un 57%, según Idealista. En Málaga, el incremento ha sido del 68%. Y en Balears, del 66%, por poner algunos ejemplos de unas subidas que el propio presidente del Gobierno ha tildado como “desproporcionadas”.
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